¿La policía no sirve?: El municipio promueve un 911 propio para que colectiveros y comerciantes hagan de vigilantes

sábado, 1 de abril de 2023 · 10:03

Un proyecto que promueve ampliamente la gestión del intendente Arturo Rojas con su aparato de prensa y medios se presentó este jueves en el Concejo Deliberante de Necochea por parte de una vecina que hizo uso una de las dos bancas abiertas que tuvo la sesión.

El proyecto ya ha sido difundido por todos los medios afines a la intendencia en varias oportunidades, dando la pauta de la extracción política que sigue la iniciativa, presentada originalmente a través de gestiones en la Comisión de Seguridad que preside la concejal Norma Alí, aliada del oficialismo y de casi nula participación en la materia. Aunque la presentación se realizó a través de una vecina quequenense, la iniciativa muestra las "huellas dactilares" de Nueva Necochea por todos lados.

La presentación se hizo a través de la vecina quequenense, la abogada Jorgelina Serrano que ya estuvo dos veces en el HCD con la propuesta "Ojos Alerta" para generar un sistema paralelo de vigilancia vecinal en el que colectiveros, taxistas y referentes barriales tendrían línea directa con el Municipio para realizar denuncias anónimas sobre situaciones sospechosas en los barrios.

"El proyecto consiste en una línea de WhatsApp que va a estar en el centro de monitoreo en el cual los vecinos, previo a una capacitación, van a poder informar los hechos de seguridad (después se puede extender a emergencias médicas y Defensa Civil y demás) y recibida por el centro de monitoreo va a poder al área que corresponda, sea a la Policía, sea a Defensa Civil, y se va a poder tomar intervención lo más rápido posible", señaló Serrano durante su presentación en la Banca Abierta del HCD en la sesión de este jueves.

El sistema de vigilancia propuesto en principio parece tener vínculo directo con la municipalidad, no sólo por la difusión y el notable espacio que el oficialismo le ha dado en el Concejo Deliberante (hay muchas otras propuestas que ni siquiera llegan a acceder a una banca abierta), sino porque además contempla como elemento central el uso del centro de monitoreo que el municipio busca trasladar del Centro Cívico a una vidriera en avenida 58, que recibiría todas estas denuncias anónimas de los vigilantes vecinales seleccionados.

El centro de monitoreo funciona en el Centro Cívico desde que se instalaran las primeras cámaras de vigilancia en la ciudad durante la gestión del ex intendente Facundo López (se prometieron 500 y se instalaron unas 80), será trasladado a un local en 58 entre 65 y 67 como parte de la campaña reelectoral del intendente, que busca mostrar así algo de gestión en políticas de seguridad, uno de sus puntos más flacos en los tres años y medio que lleva de mandato.

"Esto sirve para prevención y post delito, porque se está avisando en tiempo real de la Comisión de un delito, entonces se va a poder tener registro de todo aquello que esté cerca o en las áreas que se determine", señaló la vecina, dando detalles sobre un sistema que virtualmente pareciera volcar sobre vecinos articulados por el municipio un aparato de vigilancia parapolicial otorgandole atribuciones a vecinos seleccionados a dedo por la Comuna en una tarea que, por otro lado, vuelca sobre los ciudadanos tareas que debe brindar el Estado.

"El número va a ser en principio para vecinos que estén en una base de datos, va a ser confidencial y se le va a pedir al vecino que no traspase ese número para que no sobrepase al operador. La idea es que esos "ojos en alerta" que estén distribuidos por los distintos barrios puedan dar aviso de sus hechos delictivos y sus hechos de inseguridad y del vecino que tenga más próximo, entonces sería para referentes vecinales, choferes de colectivos, taxis... aquellas personas que queden como referentes de algún tipo de sector", explicó Serrano.

"Otra cosa será la confidencialidad del denunciante: el número de WhatsApp que tenga el centro de monitoreo no va a tener agendado quién es el vecino que está denunciando y esto da tranquilidad al vecino porque muchas de las personas que sufren la inseguridad lamentablemente no denuncian, entonces si nosotros vamos a buscar índices a la Comisaría, no vamos a tener datos de los hechos que ocurren normalmente", agregó la vecina quequenense que juntó 120 firmas que acompañan la propuesta.

"Es importante que tengamos en cuenta que es para prevención y que le ahorramos al vecino tener que ir a la Comisaría para que la comisaría tome intervención, para que mande el móvil cuando el hecho ya está", indicó.

¿La policía no sirve?

La propuesta tiene muchísimas características que hacen que se vea como hubiera salido directamente del despacho del intendente: presentada por sus aliados en el Concejo, ampliamente difundida por sus medios de comunicación y con la impronta ideológica de vigilancia y control por un lado (algo que la gestión Rojas ha aplicado como forma de trabajo en todos los ámbitos en los que interviene) y con una actitud privatista que pone a los vecinos (¿militantes?) brindandose a sí mismos los servicios que son obligación del Estado.

Aunque en este caso se trata de la seguridad, la gestión Rojas ya ha impuesto la privatización de otros servicios como el recambio de luces en las calles, el mantenimiento de calles de tierra y hasta una intención de asfaltar una avenida con aportes de los frentistas.

Además de verse como funcional a la campaña reelectoral del intendente promoviendo un centro de monitoreo que la gestión pretende refundar con el traslado, el proyecto de vigilancia es una alternativa a propuestas que el oficialismo rechazó rotundamente y con operaciones de prensa en el medio en el pasado reciente, como fue el caso de la idea de conformar una mesa municipal de seguridad en la que intervengan los responsables reales de la situación, entre fuerzas de seguridad, autoridades municipales y representantes judiciales. Con la iniciativa de la vecina, la Comuna depositaría en los ciudadanos la tarea de vigilar los barrios en lugar de accionar con herramientas propias de sus atribuciones sobre el problema.

Y en este contexto valen algunos cuestionamientos: ¿acaso el sistema 911 no cumple ya con la función que se propone en el proyecto? ¿Es necesario que la Municipalidad articule vecinos para vigilar hechos potenciales cuando año a año se destinan más y más recursos policiales al distrito? ¿Son los vecinos los que tienen que cumplir las funciones del Estado cuando la gestión se ha desentendido abiertamente del problema durante años limitando su acción a acusar políticamente al gobierno provincial? Y aún peor: ¿para qué sirve la policía en este marco si el proyecto incluso busca hacer que las denuncias "preventivas" se hagan al municipio que ya ha demostrado tener un muy escaso interés en resolver la situación?

Las preguntas se responden sencillamente si se da cuenta que la lógica de la presentación apuntala la campaña del intendente Rojas, exhibiendo capciosamente supuestas acciones que visibilizarían gestiones en materia de seguridad (como el traslado del Centro de Monitoreo que ya existe y se presenta como algo nuevo), y trasladando la responsabilidad de la policía a vecinos afines a estas políticas para combatir un flagelo que son las autoridades las que deben contener. Si bien el voluntarismo de los vecinos puede resultar loable desde alguna perspectiva afín a la vigilancia, resulta muy poco serio por parte del municipio promover iniciativas como estas, que sirven más para "hacer cartel" de campaña política que para aportar soluciones reales a una problemática tan compleja como lo es la seguridad del distrito.

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