Fiesta Bresh: Investigan si la Muni obtuvo beneficios extra por el evento
Agitando nervioso su bolígrafo, llevándose la mano a la boca y mirando al techo, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Guillermo Sánchez, escuchó durante la primer sesión ordinaria que celebró el cuerpo en el año un pedido de informes del radicalismo sobre las ganancias que reportó la polémica Fiesta Bresh en un predio concesionado en el Parque Miguel Lillo.
El nerviosismo no era para menos: el concejal Sánchez en su doble rol de presidente del HCD y miembro activo del club Villa Díaz Vélez ofició como una suerte de "facilitador" de la fiesta en el predio que el club tiene concesionado en el parque.
A pesar de las quejas de los vecinos por los ruidos primero (se hicieron fiestas todo el verano); del rechazo de los ambientalistas sobre el uso del parque para fiestas después; o directamente de la irregularidad patente que representó hacer una fiesta con drogas en predio otorgado expresamente para desarrollar una escuela de deportes para niños; el jefe oficialista en el concejo hizo todo lo que estuvo a su alcance para garantizar que el evento se hiciera.
Tanto esfuerzo puso la Comuna en forzar los permisos (incluso el intendente Arturo Rojas llegó a tocar puertas del gobierno provincial para que se dieran habilitaciones) que florecieron distintas sospechas acerca de la existencia de un posible suculento negocio para los implicados: aunque no hay datos oficiales sobre la concurrencia que tuvo, el oficialismo mediático se refirió a la fiesta con más de 4 mil personas que habrían pagado los 3.500 pesos que llegó a costar un ticket.
Con esos números sobre la mesa, los concejales comenzaron a preguntarse cuál habrá sido el beneficio para la Municipalidad (o al menos para parte de la gestión Rojas) que haya merecido que el Ejecutivo moviera gestiones y el club incluso pusiera en riesgo su propia concesión forzando el uso de su cancha auxiliar completamente fuera de los permisos que tiene: la fiesta representó un uso del lugar fuera del contrato establecido originalmente, lo cual implicaría que debe ser revocado, por lo que tanto el club como el Ejecutivo están seriamente vinculados a un panorama irregular que podría traer consecuencias imprevistas.
Fue el concejal Gonzalo Diez (UCR) quien presentó un breve pedido de informes en el que solicitaba que el Ejecutivo ("a través del área que corresponda") informe cuál fue la recaudación que obtuvo la Comuna por la fiesta. Según la Ordenanza Fiscal Impositiva 2023, por un evento de ese tipo el municipio debía percibir aproximadamente el 10% de la venta de entradas (7,6%). El pedido de informes además solicita que se informe cuándo se cobró ese dinero.
Por lo pronto, para mañana jueves 23-03 por la mañana está previsto que concejales, funcionarios y organizaciones ambientalistas tengan un encuentro para conversar no sólo sobre el uso de las concesiones y la fiesta en particular, sino también la tala de árboles a manos de la Comuna, ocasión que tiene pedidos de informe pendientes desde hace dos años sin respuesta alguna del Ejecutivo.
