Inseguridad: Los vecinos pueden ampliar sus denuncias directamente hablando con los jueces

En el tratamiento del tema de la seguridad las aristas son diversas y complicadas, por lo que todo el tema merece una consideración que tenga en cuenta la mirada de cada uno de los actores intervinientes, tanto por parte de las autoridades políticas, de la Justicia y las Fuerzas de Seguridad como de los vecinos.

Recientemente, siguiendo tiempos políticos y en una desacertada declaración, el Secretario de Gobierno Jorge Martínez, prácticamente señaló que los vecinos serían los responsables de la inseguridad en Necochea al declarar que el gobierno provincial no enviaba recursos porque las estadísticas de denuncias eran bajas. Desde luego, las declaraciones desafortunadas posteriormente fueron desestimadas por el propio gobierno municipal al entregar patrulleros gestionados ante el gobierno provincial y al adjudicarse el reemplazo del jefe policial Jorge Mastropierro por gestiones propias, en un movimiento desesperado por responder a la ola de inseguridad cuyo origen tuvo en la completa desidia de la gestión sobre la cuestión.

Y esa desidia no ha sido cosa menor: a lo largo de los últimos 3 años los vecinos han reclamado toda serie de acciones para combatir la inseguridad, incluso llegando al Concejo Deliberante con una propuesta para conformar una Mesa de Seguridad que fuera compuesta por los actores principales en el dilema. Como toda respuesta el municipio respondió con operaciones de prensa y un estruendoso ninguneo al bloque que proponía acciones (UCR) lanzando promesas sobre las cámaras y el centro de monitoreo que lleva más de un año de mudanza...

Esa nada misma en materia de seguridad tiene su correlato además en una completa falta de coordinación con los ámbitos de la Justicia, cuyos actores apenas si son convocados en alguna esporádica reunión y cuya opinión o participación está mayormente reservada (en el discurso del municipio) para endilgarle una responsabilidad sobre la famosa "puerta giratoria", esa condición por la cuál los acusados de delitos entran y salen de sus detenciones con demasiada celeridad.

Y es precisamente esa acusación la que revela en muchos sentidos el intento de la clase política de deslindarse de sus responsabilidades y su rol disruptivo, más precisamente en su pulsión de acusar a los demás poderes: aunque para responder a las demandas usa su tiempo electoral como quedó probado en los últimos días con el intendente local, las aristas para brindar capacitación a las fuerzas o gestionar recursos están siempre ligadas a sus intenciones momentáneas y no a al cumplimiento de sus deberes, como sí sucede tanto con la Justicia como con las diferentes fuerzas de seguridad.

Suele suceder con mayor frecuencia de lo deseable que los acusados llegan ante el juez por un proceder de la policía que no llega a cubrir con todo lo que se requiere para iniciar un proceso. Desde la óptica de los juzgados, con pruebas mal registradas o relatos anónimos incontrastables, la policía suele iniciar procesos más con la intención de completar estadísticas que de dar respuestas concretas a los problemas, pretendiendo que sean los jueces los que dictaminen sobre la libertad de los individuos aún a pesar de no haber mérito para ello.

Esa falta de mérito está basada principalmente en que muchas veces el personal de las fuerzas de seguridad no están suficientemente preparadas para cumplir fehacientemente con los protocolos mientras que, a la vez, se les demanda acciones inmediatas cada vez que la presión sube, forzando aún más acciones que caen en saco roto, por ejemplo, porque no tienen la suficiente cantidad de pruebas recabadas y el juez no puede firmar una detención que puede durar incluso hasta 4 meses basándose en un testimonio anónimo y una prenda de vestir como toda prueba de un robo.

Participación de las víctimas

En esa suerte de "nudo gordiano" que siempre produce el debate sobre la seguridad, existen propuestas y alternativas que buscan aportar a la situación usando un marco legal que ya existe y que no está del todo aceitado, principalmente porque la población muchas veces no está al tanto de ello. 

Desde el Juzgado de Garantías Nº 2 de Necochea, la Dra Aída Lhez tiene una mirada propositiva que puede llegar a facilitar la participación de los vecinos (y sobre todo las víctimas de delitos) en todo el problema. 

"La legislación nacional y provincial, ha ido evolucionando, pasando de  "la confiscación" del daño de la  víctima, quien luego de la denuncia quedaba en  un último plano, al progresivo reconocimiento de sus derechos como principal afectado directo del hecho,  y por ende establece pautas para brindar un trato acorde a su situación, y también posibilitarle la participación en la tramitación del proceso, sobre todo ante cuestiones relevantes como las respectivas a la libertad del imputado, reparación del daño, e impulso del proceso penal, entre otras", explicó la jueza en diálogo con Cuatro Vientos. En términos prácticos, lo que la magistrada señala es que los denunciantes y víctimas de delitos pueden acudir al juzgado para hablar directamente con el juez y aportar elementos a cada caso.

Lhez considera de suma importancia difundir el cambio legislativo que propone la Ley de Víctimas sancionada en 2017 y que plantea "favorecer la participación de los ciudadanos que hayan sido afectados por un ilícito". En su consideración, la ley "posibilita un contacto directo con los actores del sistema, sobre todo Fiscal y Juez, y un ámbito donde poder ser escuchados y atendidos de manera acorde a su situación".

La doctora señaló que "esta participación es de inmenso valor como forma de construir una justicia con mayor legitimación, ya que haciéndose uso de ella, no sólo se tendrá conocimiento del avance del proceso, sino además, se podrán plantear  dudas y tener las respuestas en forma directa de quienes toman las decisiones". "También brinda a los funcionarios judiciales, una mayor cercanía y conocimiento sobre el conflicto en el que se interviene", agregó.

Actualmente se encuentra en vías de concretarse la total implementación de la figura del Abogado de la Victima, cuyos honorarios serían  abonados por el Estado Provincial y  su servicio sería organizado a través de un registro que  esta a cargo de  los colegios de Abogados Departamentales. "Hasta tanto lo mismo suceda, podría pensarse en crear una oficina dentro de la esfera municipal, que brinde  una función de acompañamiento", sugirió la magistrada.

Derechos y facultades de las víctimas 

Al respecto  y de conformidad con lo previsto en el artículo 83 del Código Procesal Penal y la ley 15.232, las víctimas de delitos cuentan con los siguientes derechos y facultades:

1) Participar en las audiencias en caso de los procesos de Flagrancia.

2) En dicha audiencia podrá manifestar lo que sea de su interés y efectuar las peticiones que estime corresponder, tanto a la Sra. Jueza como al Sr. Fiscal, quien tiene a cargo la investigación. En este sentido podrá manifestar su opinión  sobre las cuestiones procesales que se planteen, solicitar medidas cautelares, y/o solicitar la reparación de daños -a cuyo efecto podrá presentar los respectivos comprobantes de gastos y/o presupuestos-, entre otras cuestiones.

3) Su participación en la audiencia mencionada, de ser de su interés y fundarlo debidamente, podrá realizarse sin que implique un contacto directo con el imputado, pudiendo solicitar además el acompañamiento de un funcionario del Centro de Asistencia a la Víctima. Asimismo, atento los derechos otorgados a las víctimas dentro del proceso y a los fines de su ejercicio, se pone en su conocimiento que también podrá solicitar ser representada/o de forma gratuita -en caso que se encuentre imposibilitada/o de afrontar los gastos- por un Abogado matriculado en el Colegio de Abogados de Necochea, a cuyo efecto  deberá concurrir a la sede del mismo.

4) Que podrá elegir el medio por el cual ser notificada/o -cédula papel, cédula digital enviada por e-mail y/o whatsapp, telefónicamente, etc.- en cuyo formato se realizarán las notificaciones que deban librarse, quedando a su cargo comunicar todo cambio o variación en el medio elegido, en tanto de no informar el cambio serán válidas a los efectos legales las notificaciones efectuadas.

5) En caso de  no ser de su interés que se le notifiquen los actos a realizarse, deberá así manifestarlo, lo que no impedirá que sea citada/o en el marco de la investigación penal en su carácter de testigo/denunciante.

Lhez destacó además "la importancia de que, en caso de dudas, (N del R: las víctmas) concurran a la sede de los organismos que intervienen, Fiscalía y Juzgados".

En este contexto en el que la dirigencia política hace uso de la situación para sacar rédito electoral y en el que las Fuerzas de Seguridad se ven bajo presión y con herramientas limitadas para dar atención a la emergencia, la Justicia llega a aportar a través de la información sobre la Ley de Víctimas nuevos elementos que pueden aportar para dar curso a las investigaciones. La participación de los vecinos, que fue tan torpemente señalada por el secretario Martínez, en realidad puede resultar clave para la resolución de algunos casos, por lo que la posibilidad queda expuesta a todos los interesados que quieran profundizar sobre la situación y encontrar alguna vía de justicia satisfactoria para cada caso en particular.