Se electrocutó una empleada municipal en el Centro de Salud Flores y cerraron preventivamente el edificio

Grave episodio que revela la falta de mantenimiento en los centros de salud de la ciudad, ampliamente desfinanciados por sucesivos recortes de los últimos años: una empleada se electrocutó al tocar un calefactor en el Centro de Salud Juan B. Flores, en calle 76 y 69.

La empleada de limpieza identificada como Mirta Castro sufrió el pasado jueves una fuerte descarga eléctrica cuando tocó un calefactor y tuvo que ser asistida por médicos con secuelas en una de sus manos.

Por el episodio aún no hay responsables: desde el Corralón Municipal aseguran que hace un año hicieron toda la instalación eléctrica a nuevo, incluso instalando un disyuntor que, en vistas de lo sucedido, se descubrió que ahora faltaba.

Luego del incidente se comprobó que las paredes del CAPS tenían corriente, por lo que se suspendió la atención ese día para subsanar el grave desperfecto. Diariamente personas mayores y niños reciben atención en el lugar y aunque ningún paciente resultó herido por la situación, la empleada actualmente se recupera con licencia médica con varios dedos de una de sus manos afectados.

Una delegación del sindicato de Municipales se acercó al CAPS para constatar la situación este lunes y se encontraron con que no había atención médica en el lugar y que el municipio había dispuesto que dos trabajadoras administrativas permanecieran en el edificio aún con el riesgo de recibir nuevas descargas.

En el trasfondo, aunque en el Corralón sostienen que el disyuntor había sido instalado, alguna clase de inconveniente en la instalación hizo que el disyuntor se activara a cadsa rato, provocando sucesivos cortes de energía en las instalaciones. Aparentemente alguien habría removido el disyuntor para que los cortes no se produjeran (se especula que fue el marido de una alta funcionaria de salud), lo que ocasionó el grave accidente.

La salud como deuda

No es la primera vez que el área de Salud muestra falencias en los últimos años. A las quejas de los vecinos por el recorte de servicios (Ejemplo, oncología en Quequén) o la dificultad de conseguir un turno en consultorios del hospital Ferreyra, se suman la falta de insumos ya naturalizada en esta gestión y los escándalos como los robos de horas extra y hasta de elementos personales a manos de empleados de seguridad.

Aunque las dificultades son históricas, parece que lo único que cambió en el área fue el cobro de las horas extra de los médicos, razón por la cual el sindicato CICOP por poco no prende fuego la ciudad en 2019. Con sindicalistas de CICOP actualmente ocupando cargos en el Ejecutivo, las protestas cesaron, aunque las dificultades siguen siendo las mismas.

Por ejemplo: el CAPS del Barrio San Martín protagonizó en octubre del año pasado un episodio similar cuando una empleada administrativa sufrió una descarga eléctrica mientras estaba trabajando. El episodio mereció quejas de ATE al municipio, aunque la Comuna no anunció ninguna clase de medida frente a la situación.

A la falta de mantenimiento de los CAPS se suma la falta de cobertura: cuando comenzaba la temporada de verano la Municipalidad se vió obligada por la Justicia a desalojar la casa que alquilaba para que funcione el Centro de Salud Carlos Fucile en calle 8 casi avenida 79. Para subsanar el desarreglo, la Comuna improvisó una sala de atención en oficinas de la Secretaría de Turismo, bien visible sobre Avenida 2 y 87. Mientras tanto, por razones desconocidas sigue retrasándose la terminación del centro que construye la provincia para el municipio en 71 entre 4 y 6.

La desfinanciación del servicio de salud público en Necochea es visible y provoca no pocas quejas de los vecinos. Sin dudas la salud ha sido un tema pendiente de la gestión del actual intendente Arturo Rojas, aún a pesar de las diferentes promesas y recursos mediáticos usados para ocultar la situación. No sólo los vecinos y pacientes sufren de la situación, sino también el propio personal de salud que va ganando volumen en sus quejas a pesar de las prácticas de amedrentamiento y aleccionamiento que promueven los funcionarios como forma de manejo del área.