Desalojarán el CAPS de la playa con la fuerza pública porque la Muni no paga el alquiler
Por falta de pago atrasados en un inmueble que alquila para el sistema de salud, la Municipalidad de Necochea enfrenta una orden de desalojo que habrá de ejecutarse finalmente este martes 6 de diciembre tras el intento de la gestión Rojas de retrasar la medida para sostener la ocupación durante la feria judicial.
Según pudo saber Cuatro Vientos, para este martes está pautado el desalojo con la fuerza pública del edificio en el que actualmente está instalado el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Dr Carlos Fucile, en calle 8 entre avenda 79 y calle 77. La orden se estableció luego de la demanda que interpusiera la propietaria del lugar frente a las postergaciones reiteradas de una importante deuda en alquileres que mantiene la Comuna.
Sucede que la propietaria del inmueble es una persona mayor con algunos problemas de salud y los retrasos en los pagos obligaron a que su familia tomara intervención iniciando una demanda que resultó favorable y había establecido que la Comuna debía desalojar la casa el 30 de noviembre. El equipo legal de la Comuna, a cargo del secretario Ernesto Povilaitis, habría intentado postergar el desalojo con la intención de prolongar su uso hasta después de la feria judicial del verano.
La estrategia del equipo legal de la Comuna no funcionó y ahora está dispuesto el desalojo dejando a toda la zona de la playa sin atención del centro de salud hasta tanto no finalicen los trabajos en el nuevo edificio que se instala en calle 71 casi 4 esté terminado. Las obras del nuevo CAPS, anunciadas desde el 2020, aparentemente están moviéndose con mucha lentitud y su concreción se está dilatando sin demasiado control por parte de la Comuna.
Con el cierre del CAPS de la Villa Balnearia se agudiza aún más la crisis que tiene la gestión Rojas en materia sanitaria, que a la postre ha sumado renuncias de médicos por maltratos, cierres de servicios camuflados bajo una presunta "centralización de servicios" y el encubrimiento evidente del robo de fondos públicos para el personal.
