Regalo de Navidad: 1.000 millones de pesos para el arreglo del intendente, la recolectora de basura y sus funcionarios

El Concejo Deliberante de Necochea sesionará este lunes por la mañana con la intención de aprobar no sólo el nuevo presupuesto municipal sino también un convenio para la recolección de basura en el distrito en medio de fuertes críticas solapadas por la propaganda municipal.

Sucede que desde las 10 de la mañana el Concejo presidido por el concejal Guillermo Sánchez (Nueva Necochea) tiene planteada la sesión que aprovecha la distracción masiva con las fiestas de fin de año para meter dos proyectos de importancia capital sin debate público y con una mayoría casi conseguida por el oficialismo en medio de un sospechoso silencio de todos los concejales.

El nuevo convenio para la recolección de basura que plantea el Ejecutivo incluye la legitimación de una deuda por un servicio que no se prestó como corresponde (la disposición final de basura bajo el ítem que en la propuesta se menciona como "relleno sanitario") y además eliminando toda multa por el daño ambiental ocasionado, algo que ya consta en un proceso judicial que el dueño del terreno donde está el basurero inició hace más de 15 años y que viene reclamando prácticamente desde que se iniciaron las actividades en el basurero.

En ese contexto, la sesión pretende brindar ese y otros beneficios a la empresa mientras se propagandiza una quita del 20% de la deuda como un éxito de negociación que oculta el serio daño que el acuerdo le provocará no sólo a las arcas municipales, sino la afectación directa e impune del medio ambiente en tierra, agua y aire sin una sola multa para el infractor.

Según el propio proyecto, la Comuna reconocería en el convenio una deuda de 848 millones de pesos que alcanzarían a ser poco menos de 1.000 millones en virtud de nuevos arreglos de intereses, lo que condicionará de una nueva forma las cuentas municipales. Vale destacar que el reclamo de la deuda por parte de la empresa sería legitimado aún cuando la disposición final de basura no se hizo en cumplimiento de los términos que fija el contrato.

Apenas algunas voces aisladas han elevado su voz de protesta sobre lo evidente del arreglo y lo perjudicial que sería el nuevo convenio para la municipalidad, que la gestión del intendente Arturo Rojas impulsa de la mano de su secretario de Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis, de estrechos vínculos directos con la empresa a la que se supone que debiera controlar.

Recientemente el referente social Daniel "Yanqui" López, llamó la atención sobre la situación en redes sociales:

"Acabo de terminar de leer el convenio que se va a tratar en la sesión del HCD de este lunes entre la empresa de recolección de residuos sólidos urbanos y la municipalidad de Necochea. La conclusión es que es un escándalo, entre citas a más de 30 ordenanzas desde el año 2001 a la fecha esconde un despropósito de desastre ambiental y saqueo de las arcas públicas, condonándole deudas de la empresa a la ciudadanía (el municipio) y reconociendo le trabajos no realizados e hipotecando el futuro económico de nuestra ciudad con una deuda que excede el mandato de las actuales autoridades y la mitad del HCD", explicó en un posteo de Facebook.

"Es necesario que los concejales no voten este monumento a la corrupción que es este convenio, que se tomen su tiempo y se elabore una propuesta no digo superadora, porque superadora de esto alcanzaría con no tirar la basura en la plaza dardo rocha y eso no nos alcanza".

"Necesitamos como he dicho ya 100 veces concejales y funcionarios que usen su función en beneficio de la ciudadanía toda y no de 4 vivos dueños de la ciudad que son los que nos tienen sumidos en la mediocridad. La verdadera Necochea del NO, son esos 4 vivos, los funcionarios que le son "funcionales " y los que acompañan esperando alguna sobra, mientras tanto el resto de la ciudad padece de una disfonía política que hace que su voz sea inaudible porque aquellos que deberían ser megáfono de los reclamos y sentimientos populares prefieren la comodidad del silencio esperando que cada dos años, en octubre, la gente padezca de amnesia colectiva y olvidé traiciones y otras canallada. Pero no sé confíen, les tengo una mala noticia: El Pueblo jamás olvida", sostuvo.

El PRO en contra

También los referentes del PRO en Necochea, la ex concejal Eugenia Vallota y el abogado Martín MIgueles (ambos subidos a la contienda electoral en busca de la intendencia) salieron a comentar la situación.

A las duras palabras de la ex concejal Vallota mencionando el grave impacto que tienen los incumplimientos de la empresa recolectora y la necesidad de que las autoridades hagan cumplir el contrato, se sumó Migueles, quien concedió una entrevista en la radio Frecuencia Vital la semana pasada.

"Lo de la basura no se resuelve con un contrato. Con lo de la basura tenemos un problema: primero la contaminación del predio actual, a eso hay que hacerle un tratamiento para descontaminar lo que ya está contaminado, pero eso es un trabajo que lo hacen expertos, no lo hace la misma empresa que está y si creen eso, muchachos, es un bolazo grande como una casa", señaló el abogado.

"Acá hay que reparar el basural y hacer un basural nuevo. Reparar: la municipalidad tiene un juicio de más de 1.000 millones de pesos por el daño ambiental. La responsable es la concedente, es la municipalidad, ¿qué le vas a sacar a una sociedad anónima? Hay un juicio de una sociedad civil donde hay pericias del daño ambiental y las pericias ya han dicho que el daño ambiental está hecho. ¿Nadie habla de ese juicio que ya está en la etapa probatoria?", se preguntó.

"Ese es otro juicio que no está en este acuerdo: la tierra que se contamina es de la gente, las napas son todas nuestras, el agua que tomamos de las napas son todas nuestras", resumió

Marcha al HCD y causa penal

Aún a pesar del cerco mediático impuesto al tratamiento del tema, con el propio intendente encabezando una cruzada en los medios tratando de desestimar la información (algo que ya hizo, por ejemplo, cuando era presidente del CGPQ y hacía lobby para la instalación de la planta de fertilizantes en sitios 11 y 12, también del mismo grupo de los concesionarios de la basura), un grupo de vecinos ha convocado a una movilización al HCD para visibilizar el arreglo.

Los vecinos ya han notificado al municipio para tratar de acceder a la documentación y están trabajando para solicitar un amparo que garantice lo que la Comuna en tandem con la empresa tratan de evitar para favorecer su negocio, es decir, el cumplimiento de la ley en lo que respecta a los residuos. Tal es la gravedad del asunto que hay una denuncia penal en curso que lleva adelante el dueño de los terrenos del basural y que preve penas de hasta 10 años de prisión para los funcionarios que avancen con un acuerdo que legitime la destrucción.

Hasta el momento la Comuna no ha tenido éxito en ninguna de sus iniciativas importantes en la ciudad: la venta del Casino terminó frustrada cuando la gestión Rojas intentó meter por la ventana la venta del complejo cuando las cenizas del incendio aún estaban calientes. Misma suerte corrió la iniciativa para entregar terrenos del parque para unas canchas de tenis exclusivas para un club amigo de la gestión. En ambos casos, la última línea de defensa del espacio público fueron vecinos organizados que iniciaron denuncias en la Justicia, donde se les concedió la razón que la propaganda municipal no tuvo más remedio que asimilar, reinterpretar y devolverla en forma de su propio relato.

Las perspectivas para el tema de la basura son similares a pesar del triunfalismo proselitista que intenta proyectar el intendente y su equipo: los juicios pendientes ya están avanzados y forman parte del plafón de razones que sostendrían eventuales amparos frente a lo evidente del daño que está ocasionando el incumplimiento del contrato que la gestión intenta imponer.