Ni un concejal dice nada: Las increíbles pretensiones de la empresa de basura para un nuevo contrato en Necochea

Si no fuera porque el Departamento Ejecutivo viene financiando un importante aparato de propaganda con dinero público, ha comprado medios de comunicación, silenciado a opositores y pautado a periodistas que parecieran no ver nada de lo que sucede, el tratamiento del nuevo convenio para la recolección de residuos en Necochea sería un verdadero escándalo.

Sin embargo, el Ejecutivo avanza con tranquilidad en el Concejo Deliberante para imponer un convenio leonino que no sólo da amplios beneficios a la empresa recolectora de residuos que durante años contaminó cielo, tierra y agua del distrito por incumplir con sus obligaciones contractuales, sino que además le quitaría las multas y dispondría de un nuevo predio de basura a las puertas del Paseo de la Ribera.

Según el propio texto del convenio propuesto, que está siendo analizado por estas horas, hay cuatro puntos centrales que la empresa Relisa pide para firmar el convenio que los concejales ya estarían preparándose para aprobar sin mayor debate.

Las pretensiones de la empresa redundan en beneficios que ningún concejal parece querer cuestionar y el expediente de 8 cuerpos fue presentado entre el viernes y el lunes por el Ejecutivo y la empresa en medio de una distracción mundialista muy oportuna para mantener solapada la aprobación de un acuerdo muy desfavorable para la Comuna.

En principio, la empresa reclama una deuda de más de 884 millones de pesos, de los cuales 481 corresponden al ítem "relleno sanitario". La empresa además reclama 294 millones en intereses moratorios, 101 millones por un embargo judicial incumplido (al 17-05-22) y otros 6 millones por "reducción unilateral del precio", al que además le agregan intereses.

Ese total de 884.593.501,51 pesos además sería ampliado y la Comuna terminaría pagando cerca de 1000 millones de pesos en una deuda legitimada y readecuada a las pretensiones de la empresa, lo que configura el primero de los cuatro puntos más importantes que pide Relisa: se ofrece una financiación de 24 cuotas para toda la deuda, pero con ampliación de intereses que estarán fijados en el Pliego de Bases y Condiciones.

En el segundo punto se trata del diferimiento de algunas obligaciones contractuales: se difiere el plazo dispuesto para escriturar el terreno donde deberá construirse la planta de tratamiento de basura (en terrenos del SIP que actualmente tienen una fuerte resistencia de los vecinos del Paseo de la Ribera); así como también la eliminación de la obligación de entregar insumos y equipamientos; y, sobre todo, el diferimiento de la obligación de realizar obras.

En un tercer punto solicita la condonación de las multas impuestas, aún a pesar del gravísimo daño ambiental que ha ocasionado la disposición final de residuos sin tratamiento. Por este tema en particular hay organizaciones ambientalistas ya preparadas para solicitar un amparo judicial y está el dueño del terreno donde actualmente se instala el basurero en el viejo camino a La Dulce amenazando con procesos penales sobre las autoridades que avancen en un nuevo convenio sin la reparación del daño correspondiente.

En el último punto se pide la "implementación en el predio de disposición final de RSU (N del R: Residuos Sólidos Urbanos) de dos celdas (módulo operatibvo) impermeabilizadas de acuerdo a la resolución 713/18 del OPDS". 

Toda la serie de pretensiones de la empresa fue literalmente "sepultada" debajo de 8 cuerpos del expediente y cientos de fojas que recorren la historia de las últimas décadas de trámites, idas y vueltas alrededor del tema en nuestra ciudad. En sólo dos reuniones el Ejecutivo pretendió mostrar todos los datos a los concejales y, hasta el momento, ningún concejal ni opositor ni oficialista ha hecho alguna observación pública al respecto.

Así las cosas, en medio del clima mundialista y de las fiestas de fin de año la gestión del intendente Arturo Rojas busca imponer un convenio que a todas luces es perjudicial no sólo para el medio ambiente sino para las arcas municipales, evidenciando un acuerdo entre el Ejecutivo y la empresa a través del nexo inevitable del secretario de Legal y Técnica Ernesto Povilaitis, que encarna impunemente la relación de la gestión con la empresa recolectora en medio de un silencio atronador de concejales y medios de comunicación.