Vecinos cruzaron a concejales y funcionarios por la planta de tratamiento de basura detrás del Paseo de la Ribera

Un encuentro cargado de tensiones y tono de voz algo elevado se vivió esta tarde en el predio donde la Municipalidad plantea instalar la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, en calle 106 y 33, en inmediaciones del barrio del Paseo de la Rivera.

Es que los vecinos se niegan tajantemente a que se instale una planta de tratamiento de residuos que se instalaría en dos parcelas linderas al bonito paseo, de notable crecimiento en los últimos años. La colocación de una planta de tratamiento de residuos prácticamente en uno de los ingresos al barrio tendría consecuencias desastrosas para su desarrollo en el futuro y los vecinos quisieron explicaciones de las autoridades.

Del encuentro participaron concejales oficialistas como Ruth Kalle y Jorge Martínez; opositores como Pedro Arabarco (ACT) y la Secretaria de Gobierno, Gabriela Góngora, quién ofreció las versiones del Ejecutivo y brindó algunos detalles sobre el proyecto.

Según las pautas del convenio mencionadas en el texto de la ordenanza que plantea el Ejecutivo con la empresa, el predio fue comprado por el titular de la empresa Relisa, Guillermo Martínez, por un monto que rondaría los 700 mil pesos a la constructora Vícoli SRL y una vecina particular. 

La preocupación de los vecinos por la contaminación no está solo vinculada a los olores y la contaminación del suelo en el lugar, sino también a que el terreno tiene una cañada que eventualmente termina en el Río Quequén a través del canal Dos hermanitas, lo que implica la posibilidad de contaminar todos los elementos que son el principal atractivo de un barrio que se presenta como un sector turístico de la ciudad.

En los propios terrenos donde se plantea el proyecto los concejales y funcionarios tratar de calmar los ánimos dejando la promesa de demorar el tratamiento del proyecto para realizar más análisis, algo que en la práctica no tendrá ninguna aplicación dado que el Ejecutivo sigue adelante con el expediente y ya lo entregó a los concejales dado que hay intenciones del intendente de conseguir su aprobación para este año, en medio de las fiestas de fin de año y la distracción del mundial de Fútbol Qatar 2022.

Un detalle no menor es que el Ejecutivo consiguió recientemente una mayoría simple en el HCD con una "borocoteada" del concejal Rafael Iácono, vinculado al peronismo sindicalista de la ciudad, por lo que el oficialismo se siente confiado de poder imponer sus intenciones por vía de la votación del Concejo aún a pesar de las irregularidades y la oposición de los vecinos.

Esta misma mañana en la Comisión de Política Económica y Finanzas Públicas del Honorable Concejo Deliberante recibió a Cintia Febraro, Directora de Legales, "quien explico los puntos judiciales de la Ordenanza que contiene el convenio entre la Municipalidad de Necochea y RELISA, la empresa de recolección de residuos", informó el HCD

Del encuentro participaron los concejales Sergio Nicolás, Marcelo Schwarz, Jorge Martinez (NN); Mauro Velázquez, Rafael Iacono (FDT); Andrea Caceres (FDT-UC); Felicitas Cabretón (UCR); Norma Alí (FDT-PJ) y Juan Pedro Arabarco (ACT). Los concejales tienen en su poder el expediente que cuenta con 8 cuerpos que el Ejecutivo intenta aprobar a como de lugar en lo inmediato.

Más allá de la oposición de los vecinos, el proyecto podría encontrarse con un escollo aún más grande: la demanda pendiente por el terreno donde actualmente la empresa Relisa dispone de los residuos incumpliendo sus obligaciones contractuales. En las últimas horas se conoció que el dueño de los terrenos donde actualmente está el basurero envió sendas cartas documento al intendente Arturo Rojas y al presidente del HCD, Guillermo Sánchez, advirtiéndoles sobre su responsabilidad civil y penal por el daño causado a su propiedad en el marco del nuevo proyecto.

"La movida" de uno solo

El proyecto para instalar la planta para tratar la basura en inmediaciones de un barrio que se ha presentado como un modelo de progreso en la gestión del intendente Rojas, no sólo revela la evidente falta de planificación en las acciones de gobierno, trasladando un basurero a un sector turístico, sino que además plantea la ruptura de una confianza de los vecinos con las iniciativas del intendente: la situación fue observada como un virtual canje de unas luces LED y una repasada en las calles a cambio de un basurero a las puertas del barrio.

Presentes en el encuentro, la versión que flotaba en el aire era que la municipalidad y los funcionarios estaban conteniendo las quejas de vecinos que perciben como de los "propios", sobre todo teniendo en cuenta las elogiosas declaraciones que ha sabido emitir el doctor Ariel González sobre las tareas de mantenimiento que ha realizado la gestión Rojas en el paseo (recambio de luminarias y entoscado, específicamente). En mayo del año pasado González catalogó de "históricos" los trabajos de entoscado en el camino de la ribera.

La irritación incluyó además un secreto a voces. "¿Todo esto es por la movida que hace un solo funcionario?", se escuchó decir por lo bajo a uno de los vecinos indignados. La indignación tendría que ver con que el abogado de la municipalidad Ernesto Povilaitis, de estrechos vínculos con Relisa, ha sido uno de los principales interesados en cerrar el convenio, con una actuación que plantea dudas acerca de su desempeño como funcionario.

En el pasado esa vinculación entre el intendente Arturo Rojas, el secretario Povilaitis y el titular de la empresa Relisa, Guillermo Martínez, fue señalada como el epicentro de otro conflicto (en la playa de camiones de ACA), donde el presidente del Sindicato de Fleteros, Mario Pereyra, señaló un manejo irregular de fondos en la logística y una presunta connivencia entre el intendente, el funcionario y el empresario para el movimiento de fondos en negro.

Con la resistencia de los vecinos, la avanzada sobre el Concejo Deliberante y toda una suerte de movimientos destinados a solapar un proyecto de envergadura e implicancias muy serias para la ciudad en las próximas décadas, el Ejecutivo mantiene su curso e incluso ha llegado a reconocer la posibilidad de usar el Complejo Casino dentro de las negociaciones con la empresa, que actualmente reclama una deuda de más de 850 millones de pesos.