Fuerte denuncia contra la “casta sindical” de los Davico y Lastra en la Bolsa de Trabajo de UATRE Quequén

La “casta sindical” de Necochea comenzó a tener complicaciones. La justicia local ha tomado cartas en el asunto y en las últimas horas se desarrollaron allanamientos en nuestra ciudad que arrojaron datos positivos para una causa donde se investiga al clan de los hermanos Juan y Eduardo Davico. Podría haber más personas implicadas en varios delitos, enfrentando posibles penas de hasta 15 años de prisión.

Cuatro Vientos pudo conocer parte de la investigación que lleva adelante el Dr. Carlos Larrarte. Esta se inició cuando los abogados y el escribano, junto al agente normalizador, enviados por el secretariado general de UATRE, fueron agredidos y echados del lugar con amenazas, golpes y la exhibición de armas blancas y de fuego, sin poder cumplir el mandamiento nacional.

La situación de la “casta sindical” conformada por los Davico no es nueva en Necochea, aunque hoy parece haber quedado relegada de algunos privilegios que ostentó en los últimos años. Los individuos tienen un vasto prontuario por acciones calificadas como "cuasi mafiosas".

Aprietes a empresarios y productores agropecuarios, como así también a empresas de acopio y distintos campos de la zona, son  hechos conocidos en la ciudad y que hoy son parte de la investigación por la cual están imputados. El secuestro de los teléfonos de los imputados podría arrojar muchos más datos vinculadas a sus acciones, incluso llegando a comprometer a terceros.

Las fuentes consultadas se refirieron a hechos de grandes proporciones: los propios hermanos Davico junto a militantes que son usados como “fuerza de choque” amenazaron y agredieron a quienes se acercaron para normalizar la Bolsa de Trabajo de la Seccional 10.

Explícitamente, se está ratandod e dilucidar cómo era el mecanismo exacto por el cual mediante aprietes los hermanos con la mano asistente de Lastra, forzaban a los productores a llegar a arreglos para tener "cobertura sindical", manteniendo plantillas de empleados en negro. Otros casos que se investigan tienen que ver con el cobro de retornos a empleados contratados en algunas instalaciones agropecuarias, suma que ascendería hasta al 25% del salario de los contratados como contraprestación por haber sido empleados.

Lo impactante es que tanto los Davico como Lastra en la actualidad no forman parte de manera oficial de UATRE; es decir,  practicamente han usurpado un lugar a la fuerza y tienen a gran parte de los trabajadores rurales tomados como rehenes de la situación, dado que también son “apretados” por esta suerte de "clan mafioso" para que cumplan con sus pedidos.

La investigación apunta que los aprietes tienen que ver con dádivas y cuestiones de similares características, de los cuales serían víctimas trabajadores, empresarios y productores. 

Desde el secretariado general, a cargo de José Voytenco, intentaron en distintas oportunidades quitar del medio a estas personas, pero por diferentes cuestiones ha sido imposible. Por ejemplo, durante las elecciones realizadas hace tan solo unos meses la seccional fue encadenada por los Davico y Lastra, por lo que la votación se realizó afuera de las instalaciones de 519 y 528, en Quequén, y con una custodia brindada por la Policía bonaerense, ya que en días anteriores había habido varias denuncias por tenencia de arma y demás.

En este nuevo caso, un reconocido escribano local fue amenazado y agredido y se le exhibieron varias armas blancas y de fuego una vez que se encontraba tirado en el asfalto tras ser golpeado. De esta manera, fueron expulsado de la bolsa de trabajo impidiendo que se cumpliera el mandato de Voytenco.

Según la información oficial de UATRE, el objetivo del escribano en el lugar es el de normalizar la seccional de Quequén y realizar un llamado a elecciones para que la Bolsa de Trabajo vuelva a funcionar dentro de la normativa gremial vigente y no, como es ahora, que funciona de forma totalmente ilegal.

La causa investigada por Larrarte por “portación de arma de guerra y amenazas coactivas agravadas”, tiene una pena de entre 5 a 15 años de prisión de forma efectiva y no se descarta que se les imputen otras, lo que podrían agravarse las expectativas de pena.