Presupuesto 2023: 1,5 millones de pesos en combustible para un área que no tiene vehículos

Está claro que en Necochea no hay organismo estatal que controle el gasto público, tarea que debiera corresponder al Concejo Deliberante, que en estos días actúa prácticamente como una "escribanía" de la intendencia, legitimando cualquier cosa por más descabellada que sea. En ese contexto es que se aprueba cualquier clase de norma, incluso aquellas que producen un costo para el erario público que lo mantiene en constantes dificultades económicas.

Y ese gasto no está precisamente vinculado a gestiones defectuosas o limitaciones específicas naturales de la dificultad de la gestión pública, sino a la clara intencionalidad del Departamento Ejecutivo de usar las arcas del Estado Municipal para hacer campaña política: el intendente Arturo Rojas no ha tenido ningún reparo en usar los fondos municipales para financiar su campaña reelectoral, de la misma manera que usó los fondos del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén para conseguir su elección en 2019.

Los gastos se realizan en diferentes áreas y cuando no están dispuestos para beneficiar directamente a sus amigos con contratos desproporcionados, directamente son usados para la campaña electoral, como en el caso de la Subsecretaría de Comunicacion y Relaciones Institucionales, un área creada específicamente para darle mayor dimensión al aparato de publicidad y propaganda de la gestión.

La Subsecretaría triplicó el número de funcionarios en el área y prácticamente tiene más jefes que empleados, dando cuenta así del carácter enteramente político y proselitista de su creación. Sumado a ello, cuenta con un presupuesto que ha ido creciendo exponencialmente, alcanzando este año los 128 millones de pesos, una cifra que incluso es mayor que la suma del gasto total del año para varias delegaciones del interior del distrito sumadas o que representa al triple del gasto calculado en obras sanitarias para el 2023.

Y dentro de esos 128 millones de pesos reservados en el presupuesto para la propaganda hay cualquier clase de gasto que ha quedado fuera de la revisión de los que debieran controlarlo. Por ejemplo, se dispone el alquiler de luces y sonidos para escenarios por decenas de millones de pesos, repitiendo el esquema del año pasado para un distrito que no tiene sábanas en el hospital...

El destino de esos 128 millones de pesos de cualquier modo no sólo estará vinculado a los posibles contratos onerosos en escenarios como ha venido pasando, sino que además incluye algunos gastos extra inexplicables: según consta en el presupuesto aprobado para este año e diciembre del año pasado, la Subsecretaría de Comunicación y Relaciones Institucionales contará con una partida por 1,5 millones de pesos para pagar combustibles y lo llamativo del dato es que la Subsecretaría no ha informado acerca de la tenencia de ningún vehículo o móvil para realizar su trabajo.

El dato se desprende del desglose del Presupuesto de Gastos por Jurisdicción, Estructura Programática y Objeto para la mencionada subsecretaría, cuyo total arroja la nada despreciable suma de 128.518.843,90 pesos, de los cuales 45 millones son para pagar publicidad a medios de comunicación afines; 25 millones son para la contratación de servicios técnicos (se presumen luces y sonidos de escenarios que en el pasado mostraron evidencias de sobreprecios en los contratos) y 14 millones de pesos en "otros servicios", que podrían estar vinculados al pago de publicidades en redes sociales o la contratación de "especialistas" en comunicación digital (trolls y demás yerba destinada a la manipulación de la opinión pública).

Y es en ese festival de gastos descontrolados para la campaña del intendente que se registra además la previsión de la suma de 1.465.000 de pesos en "Productos químicos, combustibles y lubricantes", rubro que en general denomina el mantenimiento de los vehículos de cada área. Para el caso de la subsecretaría lo curioso es que no hay vehículos, por lo que se presume que la partida iría directamente a pagar el combustible de vehículos particulares, posiblemente de los funcionarios del área.

Así es como una vez más queda en evidencia que la "gestión ordenada de los recursos" es una vez más un eufemismo para indicar los privilegios que se otorga a sí mismo el Ejecutivo para su propio beneficio en el marco de una campaña financiada sin escrúpulo alguno con el dinero público que, vale decirlo, procede directamente de los aumentos de tasas impuestos anualmente por el intendente Rojas desde que asumió en el gobierno.