Sube el gasto en publicidad y propaganda y los concejales vuelven a pedir informes

Una vez más los gastos millonarios que la Comuna destina a la publicidad y propaganda serán puestos en cuestión por el Concejo Deliberante, ante la iniciativa del Ejecutivo de volver a ampliar el gasto de cara a la campaña electoral del 2023, en el que el intendente Arturo Rojas buscará su reelección.

Sucede que en marzo el Ejecutivo firmó un decreto para habilitar la contratación de una consultora "para desempeñar las tareas de diseño de estrategia específica para cada vertical de servicios institucionales, generación de distintas campañas de concientización y la generación de visitas al sitio web del municipio". Para tal fin, declara "incompetente" al personal de la Dirección de Prensa, lo que encendió algunos interrogantes acerca de la naturaleza real del gasto que se propone.

Lo que sucede es que el aparato de prensa del municipio no solo está evidentemente dispuesto para favorecer los intereses empresariales del funcionario responsable de la pauta publicitaria, sino que además ya es de por sí una verdadera muestra de la ampliación del gasto político durante la gestión Rojas: de una simple dirección con 5 empleados, el área de prensa subió de jerarquía a una subsecretaría, triplicando en un momento la cantidad de funcionarios y creando áreas sobre las que no se conoce una finalidad específica. Todo ello sumado, desde luego, a los pagos de pautas individuales a periodistas que trabajan en medios que además cobran pauta municipal y, además, son manejados por funcionarios de prensa o sus familiares.

En este contexto el bloque de concejales de la UCR volvió a elevar un proyecto para solicitar respuestas del Ejecutivo sobre la contratación de la consultora: los concejales sospechan que el intendente dispone de más gasto en comunicación financiado por el Estado Municipal reforzando su ya gigantesco aparato de prensa para tener todo ajustado anticipadamente pensando en la campaña del 2023.

En definitiva, la sospecha es que el intendente usará fondos públicos de manera descarada para hacer su campaña electoral, tal como hizo con fondos del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén en 2019, según una denuncia pública lanzada por el actual presidente del Puerto hace apenas unas semanas atrás.

Como nota aparte, vale resaltar que el bloque de concejales radicales viene siendo blanco de diferentes operaciones de prensa vinculadas al área de prensa municipal y sus medios pautados, con múltiples ataques sobre sus concejales, tanto Gonzalo Diez como Felicitas Cabretón y Graciana Maizzani han sido blanco de los ataques en virtud de que el radicalismo es considerado un adversario a derrotar en 2023 por parte del intendente. 

Como a pesar de la cantidad de personal disponible y la cantidad de pauta pagada el Ejecutivo declara de cualquier manera incompetente al personal, el bloque radical pidió entonces informes para saber cuál es el plan de trabajo establecido para el 2022 en el área. El pedido de informes solicita además que se de cuenta de la nómina de empleados que tiene la subsecretaría de Comunicación y Relaciones Institucionales, una de las áreas más oscuras de la gestión Rojas.

En el pedido, los concejales solicitan saber además "la razón social de la Consultora a contratar, los costos que supone esta contratación y los servicios incluidos en el contrato". El proyecto se adjunta además a otros ya emitidos por el Concejo referidos a cuestiones similares que aún no han sido respondidos por el Ejecutivo, que no termina de explicar por qué aumentó tanto el gasto en propaganda y cuál es la relación entre el funcionario que entrega las pautas y los medios de comunicación a él vinculados.

El escándalo es aún mayor que las acusaciones sobre el predecesor de Rojas, Facundo López, que dispuso en su último año un presupuesto de 25 millones de pesos para prensa y publicidad, algo que al final del 2019 solo pagó un pequeño porcentaje. El gasto en publicidad durante la gestión López también fue cuestionado por Cuatro Vientos durante el transcurso de la gestión López.

Aunque para la gestión Rojas los pagos a los medios en suma han sido mayores que esa cifra, la condición para el pago es la completa obsecuencia con la agenda política del intendente, lo que ha devenido en un relato casi único que proyecta una imagen de concenso sobre una opinión pública que gradualmente está sorteando el cerco mediático y comienza a mostrar (una vez más) su descontento con la gestión municipal, sobre todo en materia de salud, seguridad y el estado de infraestructura de la ciudad.