Canchas de Tenis: Villa Díaz Vélez pide celeridad a la justicia porque se le cae un proyecto que nunca presentó
Alegando el proceso inflacionario y el retraso de los trabajos en virtud del amparo judicial que detuvo todo en el Vivero Municipal, Villa Díaz Vélez a través de sus letrados representantes, solicitó a la Justicia que acelere la definición acerca de la medida cautelar, informando que los aumentos de precios han duplicado el presupuesto en un año, llevando el costo a 50 millones de pesos la totalidad del proyecto, imponiendo limitaciones a su concreción.
Aunque Villa Díaz Vélez elige denunciar que el aumento de precios está socavando las posibilidades del proyecto, lo cierto es que no se conoce ningún proyecto que conste oficialmente, dado que ni en la Evaluación de Impacto Ambiental ni en la Declaración de Impacto Ambiental se registra la naturaleza del proyecto: solo se presentaron imágenes digitalizadas sin especificar cuestiones básicas como los plazos, los detalles, los planos y demás elementos obligatorios a considerar en este contexto.
Por su parte, la municipalidad y el concejo deliberante (presidido por el concejal oficialista Guillermo Sánchez, promotor de la idea y de estrechos vínculos con el club) intentaron legitimar la entrega de terrenos del Vivero Municipal para que el club construya las canchas de tenis y lo cierto es que al día de la fecha no hay proyecto oficial conocido, por lo que la solicitud a la Justicia para que acelere los plazos no tiene asidero porque sencillamente no está escrito en ningún lado.
Tratando de contener la entrega impune facilitada por las autoridades (que además impulsa una fuerte campaña mediática contra los vecinos que pidieron el amparo) el amparo se fundamentó en numerosas irregularidades en las que incurrieron la Municipalidad y el Concejo Deliberante para facilitar a como de lugar la iniciativa. La inexistencia de cualquier clase de proyecto o plano de carácter oficial no es una objeción menor aunque es solo una de las cuestiones observadas en la Justicia.
Según consta en el trámite judicial que está tratando la cuestión actualmente, no hay constancia en el expediente administrativo 97291 de las especificaciones del proyecto: solo se presentaron unos render (imagenes por computadora) como toda explicación para los trabajos que habrían de realizarse y faltaron datos escenciales para mensurar la dimensión de la obra, como las memorias descriptivas y técnicas, los planos, la estimación de plazos, el plan de obras, la firma del legajo por parte de un profesional habilitado, el plano municipal y otra serie de requisitos que habilitarían el reclamo sobre el presupuesto que denuncia Villa Díaz Vélez.
En este contexto, la respuesta la deberá dar la jueza Mariana Giménez (Tribunal en lo Criminal Nº 1), quien debe definir ahora sobre el pedido de levantamiento de la medida cautelar, aunque no así sobre la cuestión de fondo.
Giménez ya se excusó en el pasado de intervenir en el caso dado que es amiga personal de la abogada de la municipalidad Cintia Febbraro. La jueza fue solo una en una lista de magistrados que evitaron la causa mientras los vecinos son los principales motorizadores y defensores del espacio público, que ven como las autoridades promueven una entrega faltando completamente a toda norma mientras lanza ataques desesperados contra la propia población que intenta detener lo que se percibe como un verdadero "robo de guantes blancos".
