Escándalo: ¿Abogados de la Municipalidad "apretaron" al juez por las canchas de tenis en el Parque?

Los intereses de la gestión de Arturo Rojas para conseguir la apropiación de terrenos del Vivero Municipal para el club Villa Díaz Vélez en su proyecto de instalación de 8 canchas de tenis están bien marcados y la intensidad con la que han encarado el asunto hace sospechar la existencia de intereses que exceden la mera gestión y remiten a la posibilidad de una "devolución de favores" impostergable.

Es que las irregularidades en las que ha incurrido la gestión Rojas para hacer entrega de los terrenos ya rayan lo absurdo: no sólo forzó el tratamiento de la ordenanza en el HCD, sino que además no consiguió los votos necesarios para la entrega (se necesitan 2/3 del total de concejales y obtuvo apenas la mitad más uno) y, como frutilla del postre, el propio intendente salió a amenazar públicamente al juez que dio lugar al pedido de amparo de los vecinos que pedían que se revise el proyecto y se repare el daño ocasionado.

Como el amparo sigue vigente, la gestión del intendente mandó a sus abogados a "apretar" al juez que tomó el tema, Ernesto Juliano, el pasado 30 de diciembre, lo que provocó que el magistrado decidiera excusarse de la causa explicando que fue violentada su imparcialidad.

En el relato, el juez establece que abogados en representación de la Municipalidad (Cinthia Febbraro) y del club Villa Díaz Vélez (Alejo Ramallo) se presentaron en la mesa de entradas del juzgado para tener una audiencia sin la contraparte que representa a los vecinos. "Ante la insistencia de los letrados", el juez decidió igualmente atenderlos. 

En su resolución el juez relata que durante el encuentro "ambos (N del R: los abogados) se manifestaron molestos por la resolución dictada, inclusive expresándose la letrada en cuestión (Dra. Febbraro) de manera insistente en el sentido de no entender el porqué de lo resuelto, no comprendiendo -dijo- el sentido de la resolución la que, a su modo de ver, consideraba injusta y prematura".

El juez destacó que particularmente Febbraro en representación de la Comuna insistió en que la decisión fue "injusta y prematura" por lo que el magistrado les sugirió que "el procedimiento prevé justamente las vías pertinentes para su impugnación y posterior revisión por un estamento superior", es decir, que podía pedirse la impugnación formalmente en otra instancia judicial.

"Debo decir que la actitud asumida por ambos letrados -básicamente por la Dra. Febbraro, quién llevaba la voz cantante y la que en modo más enérgico manifestó su disconformidad con lo decidido- me resultó altamente violenta, desubicada, desproporcionada y manifiestamente coaccionante", escribió el juez en su resolución.

"La nombrada, al parecer, pretendía que a fuerza de sus argumentos, vertidos verbalmente en mi despacho (ante la presencia del Secretario del Juzgado), cambiara una resolución dictada en la causa que la tiene como parte. Debo decir que en los más de diez años que llevo como magistrado, jamas fui objeto de tamaña presión para que revea inaudita parte una resolución por mí dictada", agregó.

Producto de ese episodio, el magistrado decidió excusarse y solicitar designación de juez hábil para la continuación del procedimiento legal correspondiente.

¿Devolución de favores?

A esta altura del partido, con la cantidad de irregularidades que cometió la Comuna para forzar la entrega de los terrenos, las sospechas sobre las intenciones de la gestión Rojas alrededor del tema comienzan a salir a flote.

En principio, es de público conocimiento que el presidente del Club Villa Díaz Vélez, Roberto Carranza, es titular de una empresa de movimiento de suelos que fue beneficiada por contratos de obra pública durante la permanencia de Arturo Rojas en la presidencia del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. También es de público conocimiento que buena parte de los contratistas de obra pública que trabajan en el puerto acompañaron la campaña de Rojas en su camino a la intendencia.

La sola mención de la posibilidad que los terrenos que quiere entregar al club presidido por un empresario amigo de la gestión sea una "devolución de favores" por el apoyo en campaña pone muy nervioso al intendente Rojas, que incluso ha llegado a elevar sus quejas en privado por publicaciones en medios de comunicación que no controla (mejor dicho, que no forman parte de su blindaje mediático).

Sin embargo, en vistas de que la gestión Rojas está dispuesta a forzar la aprobación de ordenanzas fuera de orden, de amenazar publicamente a un juez y de mandar a sus abogados a "apretar" a otro magistrado que termina excusándose, las sospechas apuntan a que el entuerto de las canchas de tenis podrían responder más a un compromiso asumido a espaldas del público que a un proyecto honesto de desarrollo para la ciudad. Teniendo en cuenta el largo historial de manipulaciones y promesas incumplidas que realizó Rojas en sus dos años de gestión, las sospechas tienen fundamento y podrían resolverse en la Justicia más temprano que tarde.