Canchas de Tenis en el Parque: ¿El intendente Arturo Rojas amenazó publicamente a un juez?
El conflicto por la apropiación ilegal de terrenos del Vivero Municipal para la instalación de canchas de tenis del Club Villa Díaz Vélez está tomando un cariz que se vuelve política y jurídicamente peligroso para el intendente Arturo Rojas y su equipo de gobierno, llegando al extremo de buscar la polarización de los vecinos alrededor de un proyecto completamente ilegal por el que la Justicia ordenó dar lugar a un amparo para proteger el lugar.
Sucede que tras el amparo ordenado firmado por el juez en lo contencioso administrativo Carlos Herrera, dando lugar al pedido de una ONG proteccionista sobre la apropiación ilegal de terrenos del Vivero Municipal, el club Villa Díaz Vélez convocó a una movilización frente a la municipalidad para impostar un reclamo usando a menores como forma de presión.
El acto pareció más bien una impostación proselitista: es de público conocimiento que parte de la dirigencia del club es partidaria de la gestión de Nueva Necochea. Incluso el concejal tenista Guillermo Sánchez (hoy premiado por sus prácticas ultraoficialistas con la presidencia del Concejo Deliberante) fue parte de la comisión directiva del club y un importante contratista portuario, favorecido con contratos en la construcción de la fallida planta de acopio de fertilizantes Pierdoce durante el mandato de Rojas en Puerto Quequén, presidente de la institución, Roberto Carranza, y forma parte de la "inversión" que el club haría en el predio. En lo más entusiasta de la campaña el concejal Sanchez llegó a mencionar que para las canchas se invertirían 100 millones de pesos, aunque se desconoce de dónde surgirían esos fondos de un club que apenas alcanza los 300 socios.
Y el acto proselitista contó además con la presencia del intendente Rojas, que salió con los tapones de punta y lanzando definiciones que se ven como amenazas públicas contra el juez que firmó el amparo. Literalmente, a través de parte de su aparato de prensa, el jefe comunal señaló al Dr Herrera por firmar el amparo que detuvo las obras: "Acá hay una falta muy grave de parte de la medida cautelar que se ha tomado, por lo cual es para mirarlo con mucho detenimiento, porque estamos en un punto de hartazgo, así que vamos a observar muy bien cuál ha sido la actuación del juez y lo vamos a empezar a desenmascarar con nombre y apellido”.
El tono amenazante usado parece ser un signo de desesperación frente a la posibilidad real de que no sólo las obras queden paralizadas, sino que algunos de sus funcionarios, concejales y hasta el propio jefe comunal sean denunciados y procesados por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "daños", algo que en el mejor de los casos terminaría con inhabilitación para ejercer cargos y hasta penas de prisión.
La política de la amenaza constante
A lo largo de estos dos años de gobierno Rojas ha sabido "quemar las naves" en varias oportunidades y con sus formas ha provocado el malestar de diferentes sectores que eventualmente decantaron en el resultado real que mostró la falta de apoyo que tiene: si bien consiguió arañar 3 concejales en las elecciones legislativas, lo hizo con el costo de perder más de 20 mil votos. El 29% de los votos señaló a Nueva Necochea como la facción victoriosa, pero con un 71% de oposición con 3 facciones diferentes.
Las amenazas han sido parte de esas prácticas. Periodistas de este medio han recibido numerosas cartas documento completamente infundadas que buscarían la intimidación, incluso por publicar documentos públicos como boletines oficiales de la provincia o las evidentes operaciones de prensa y denuncias falsas emitidas por sus aliados en la campaña del 2019.
Ante cualquier movimiento que percibe como opositor, Nueva Necochea despliega toda clase de ataques que incluyen una variopinta difusión de rumores maliciosos en las redes sociales, publicación de fake news y operaciones de prensa en los medios financiados por pauta municipal o incluso atacando directamente a través de esos medios, como el reciente caso del concejal tenista contra los ambientalistas la semana pasada. Sánchez señaló a los ambientalistas como "mentirosos" violando la ley que protege los derechos de la población a defender los espacios públicos.
En este contexto, el propio intendente ha salido a atacar sin miramientos tanto a los ambientalistas como al propio magistrado que ha dado lugar al reclamo.
Antecedentes con el juez
El problema de Rojas con el ambientalismo tiene larga data: a esta altura nadie podría creer que el intendente está realmente preocupado por el cuidado del medio ambiente y esto es algo que se reflejó a las claras durante su paso por el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén (CGPQ), más precisamente, por el lobby que realizó tanto como presidente del CGPQ como concejal (ejerció el doble rol durante parte de su mandato en la terminal portuaria) para la instalación de la planta de fertilizantes en sitios 11 y 12 en la margen necochense del puerto.
Sucede que ante las protestas de los vecinos por la peligrosidad del proyecto y las múltiples irregularidades detectadas, en aquel momento (2018) el Juzgado en lo Contencioso Administrativo a cargo de Herrera decidió dar lugar a los reclamos y ordenó frenar los trabajos hasta tanto no se regularizara la situación. Tras el lobby realizado en el OPDS, en ese momento en manos del macrismo asociado a los impulsores del proyecto, las obras siguieron.
A pesar de los peligros evidentes de instalar la planta de acopio de nitrato de amonio a pocos metros de gigantescos tanques de fuel oil de la central termoeléctrica, que de mezclarse podría producir una explosión como la que destruyó completamente la mitad de la capital de El Líbano, Beirut, en 2020, en nombre del progreso la gestión Rojas permitió seguir con el proyecto sin mayores observaciones.
Pocos meses después de la inauguración de la planta, defectos constructivos provocaron el desplome de una de las líneas de carga del muelle, afortunadamente sin causar víctimas ni heridos, aunque revelando una completa falta de controles sobre una obra de extrema peligrosidad para la población. Ni los medios oficialistas ni el propio intendente salieron a dar explicaciones por lo sucedido y el tema apenas si contó con cobertura mediática a pesar del riesgo latente en el proyecto: apenas a 100 metros de la planta la gestión de Arturo Rojas impulsó la instalación de un gigantesco paseo comercial en una concesión algo floja de papeles.
Usando otra vez a los chicos
“A mí no me van a venir a amedrentar ni con medidas cautelares ni con denuncias infundadas porque también vemos cómo algunos medios periodísticos se prestan a estos personajes para difamar a muchos dirigentes de los clubes, creyendo que están haciendo negocios espurios: acá no hay ningún negocio, acá el único beneficio es para nuestros chicos”, dijo Rojas. Curiosamente, cualquiera que sepa algo de tenis sabe que las canchas de este deporte en Necochea suelen estar vacías y que el tenis infantil tiene múltiples espacios para desarrollarse aunque no cuenta con jugadores. El propio club no tiene ni siquiera un proyecto oficial aprobado para hacer la instalación.
Rojas subrayó además que “como Estado Municipal brindamos el respaldo a la institución e iremos hasta las últimas consecuencias para que esto pueda avanzar, acá no se ha sacado ni un solo ejemplar y nos ponen un amparo sin siquiera habernos notificados como Estado Municipal". Si bien no lo mencionó, el Ejecutivo recibió a finales de septiembre advertencias sobre los vicios de la ordenanza que aprobó para realizar el "trueque" de los terrenos del Vivero, y como no dio ninguna respuesta oficial, los ambientalistas se vieron obligados a recurrir a la Justicia.
Sin sonrojarse, el Club Villa Díaz Vélez no dudó en usar a menores para un acto de manifestación defendiendo algo que a todas luces es ilegal y es observado por la Justicia. El movimiento repite el mismo escenario que se planteó en 2015, cuando la gestión del interino Vidal intentó forzar la instalación de una cancha de hockey en 127 y 10, a unos 200 metros de donde ahora Rojas impulsa la apropiación ilegal de los terrenos del Vivero.
