Canchas de tenis en el Parque: La mentira de Rojas sobre el amparo

domingo, 19 de diciembre de 2021 · 10:33

El uso de mensaje capcioso y la tergiversación y magnificación de versiones no contrastadas ni apoyadas por pruebas oficiales, en otras palabras, la falta de transparencia total, es una de las marcas registradas del intendente Arturo Rojas, cuya credibilidad a esta altura se arrastra por el piso sin visos de recuperación en lo inmediato.

Es que tras el amparo judicial que detuvo la apropiación de tierras del Vivero Municipal para instalar canchas de tenis y en medio de numerosas críticas sobre múltiples violaciones a la ley y a los procedimientos necesarios, el intendente Rojas no tuvo mejor idea que salir a respaldar al club Villa Díaz Vélez, que convocó a un reducido grupo de socios este viernes frente al Palacio Municipal formando así una suerte de acto político que le diera oportunidad de volcar una versión que directamente faltó a la verdad para convertir un asunto legal en una cuestión política.

“Como Estado Municipal brindamos el respaldo a la institución e iremos hasta las últimas consecuencias para que esto pueda avanzar, acá no se ha sacado ni un solo ejemplar y nos ponen un amparo sin siquiera habernos notificados como Estado Municipal", lanzó el intendente en un comunicado de prensa. En sus afirmaciones además lanzó una amenaza velada sobre el magistrado que ordenó detener los trabajos.

El intendente inetntó poner el acento en la tala de árboles, algo que nunca fue señalado por las organizaciones ambientalistas, que están enfocadas principalmente en el uso que se le da a los terrenos públicos, entregados con una ordenanza forzada que inventó una figura legal que no existe para concretar una verdadera apropiación ilegal.

Pero más allá de eso, la gravedad de sus declaraciones reside en la mentira: la Comuna sí fue notificada a su domicilio electrónico sobre el amparo.

Según pudo averiguar Cuatro Vientos, a pesar de las declaraciones de Rojas, la Municipalidad efectivamente recibió la notificación de la medida cautelar para parar las obras el pasado martes 14 de diciembre a su domicilio electrónico establecido por convenio entre el estado municipal y la Justicia. Esa medida cautelar dispuso detener las obras pero además los ambientalistas iniciaron una demanda de amparo ambiental, por la cuál se solicita a la Comuna que se declare inconstitucional la ordenanza del famoso "trueque" y que repare los daños ocasionados. Ese amparo ambiental fue notificado al estado municipal el 16 de diciembre, dos días después.

No sólo eso, también fue notificado el Club Villa Díaz Vélez de la cautelar el 16 de diciembre y aún resta que se notifique a la institución por la demanda iniciada.

Ninguneada sistemática

De la misma manera, la Municipalidad también ha evitado mencionar que los vicios de la ordenanza aprobada de manera forzada por el Concejo Deliberante (algo que de cualquier manera no alcanzaba los votos para hacer una cesión de terrenos de esa naturaleza) fueron observados en tiempo y forma por los vecinos, aunque completamente desoídos por las autoridades.

Sucede que la ordenanza que planteó el trueque había sido aprobada el 6 de septiembre por una mayoría de la mitad más uno, con desempate de la concejal Gabriela Góngora, que en ese momento presidía el cuerpo en reemplazo de Hernán Trigo Gutiérrez, que evito participar de la sesión en vista de lo que se proponía el Ejecutivo. Incluso una concejal oficialista, Luciana Jaime, prefirió abstenerse en vistas de lo que estaba pasando.

Unos días después la ONG El Parque No Se Vende envió una solicitud a la municipalidad pidiendo que se anulara la ordenanza en virtud de los vicios detectados, aunque la municipalidad en ese momento decidió ignorar el pedido y ni siquiera respondió ni hizo nada. Una vez que pasó la campaña electoral, el municipio dio luz verde a los trabajos del club sin miramientos, lo que devino en el accionar de otra ONG, la Asociación para la Conservación del Parque Miguel Lillo, directamente por vías judiciales.

Con amenazas veladas sobre el juez, ninguneando a las organizaciones y vecinos e incluso mintiendo descaradamente al público, el intendente Rojas parece ir en la dirección de un "todo o nada" sobre un tema que, si bien es polémico, está muy lejos de representar una cuestión central para la ciudad, que por estos días está convulsionada por la falta de suministro de agua en numerosos barrios y, en una combinación con esto, cubierta de polvillo de las calles de tierra.

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