Las protestas en ACA revelan un acuerdo secreto entre Rojas y sus empresarios amigos
El manejo de la logística de Puerto Quequén y el flujo de camiones en el distrito de Necochea con el transporte de cargas con destino de exportación marítima suele provocar conflictos que replican fractalmente lo que sucede en otras terminales portuarias del país, con condimentos típicamente locales que involucran a empresarios, sindicalistas y, por supuesto, el poder político de turno.
Para el caso de Puerto Quequén, que conserva casi desde la creación del Consorcio de Gestión que lo administra el mote de "puerto sucio", esto es más bien cierto y por estos días un conflicto por los servicios que se prestan a los transportistas en las playas de estacionamiento está poniendo de manifiesto el entramado de poder detrás de la situación.
Es que este miércoles 12-10 dos grupos diferentes de camioneros realizaron protestas en la playa de estacionamiento de ACA en Puerto Quequén, reclamando por las condiciones de seguridad e higiene del lugar.
Por un lado, camioneros autoconvocados alrededor de ATCADE efectuaron un corte de acceso al predio de ACA reclamando seguridad por una sucesión de robos en el lugar (gas oil y baterías). Los camioneros mantuvieron su protesta por tres horas sin dejar salir camiones de la playa, aunque sí permitían que las cargas siguieran ingresando. La protesta finalizó tras un encuentro en el que el delegado de Quequén, Mario Wilgenhoff, recibió a los camioneros y con nuevas promesas se levantó el corte.
Sin embargo, el mismo día se pautó otra protesta que aún sigue activa: el Sindicato de Fleteros inició su propio corte y lanzó un duro comunicado en el que señalaban desidia de empresarios y connivencia del Estado Municipal.
En el trasfondo, el enojo de los fleteros, que además cuentan con apoyo de la CGT, el sindicato de Camioneros, los marítimos y otros, tuvo que ver con una respuesta que recibió el jefe del sindicato Mario Pereyra cuando reclamó al concesionario de la playa de ACA, Guillermo Martínez, por las condiciones sanitarias del lugar, con tres mingitorios para 600 camiones que pasan diariamente por el lugar.
"Para qué voy a hacer más si con tres no colapsa", habrían sido las palabras de Martínez según el relato de los fleteros. Sumado a la inseguridad y a los aumentos constantes en la tarifa de estacionamiento, la actitud del empresario fue la gota que rebalsó el vaso.
La protesta de los fleteros se enmarca dentro de una avanzada que vienen llevando adelante en otros puertos del país luego de la regularización de su personería jurídica, e inmediatamente generó la reacción del concesionario, que activó una denuncia penal sobre los fleteros siguiendo el mismo modus operandi de judicializar la protesta que se ha llevado adelante contra el sindicato en otras localidades como Bahía Blanca, donde se intentó juzgar a cinco fleteros por asociación ilícita en un caso que terminó con la excarcelación de los imputados.
Para el caso local, los fleteros no sólo lanzaron un duro comunicado, sino que además hicieron algunas declaraciones radiales (escuchar audio relacionado) en las que señalaron abiertamente al concesionario Guillermo Martínez, empresario local que no sólo administra la playa de camiones de ACA sino que además está involucrado en otros importantes negocios como la recolección de residuos en todo el distrito, cuyos incumplimientos para la disposición de residuos es de público conocimiento, y la administración de sitios 11 y 12 de Puerto Quequén, una de las concesiones más cuestionadas de la terminal.
La reacción de denuncia del concesionario curiosamente no abarcó a ATCADE, cuya protesta fue reflejada hasta en el matutino local, lo que abre interrogantes acerca de cuál es el motivo real para encarar un proceso contra los fleteros, que recientemente abrieron su propio local en el centro de la ciudad y parecieran estar abocados (con cierto apoyo de dirigentes locales como los de la CGT) a reconfigurar el esquema actual de la logística en Puerto Quequén.
El arribo de los fleteros a la ciudad tiene un cierto antecedente durante la gestión de Facundo López en el municipio, aunque en lo reciente ha sorprendido a todos, con inusitados bloqueos, apertura de local propio y una actitud que parece querer romper la tranquilidad con la que se desarrollan algunos negocios vinculados al transporte en el distrito.
¿Y el municipio?
A todo esto, la reacción del municipio tuvo más el tono de impostura para los medios que de búsqueda de solución real para los reclamos. El sindicato de Fleteros reclamó abiertamente el cumplimiento de ordenanzas vigentes que obligan al concesionario de la playa de ACA a brindar los servicios que hoy no brinda en su totalidad. Aún más grave es la acusación de los camioneros de la no emisión de tickets válidos para cobrar el estacionamiento, lo que implica dineros en negro y posible evasión fiscal.
Desde la Comuna la reacción pareció apuntar a nuevas promesas y a solapar el conflicto, que tiene larga data y cuya intervención de estos nuevos actores desestabiliza el orden establecido por un presunto acuerdo tácito entre el concesionario, transportistas agremiados y el poder político.
Tras su paso por la Comisión de Transporte del Honorable Concejo Deliberante esta semana, la secretaria de Gobierno Gabriela Góngora volvió a reiterar las promesas de refacciones en la playa municipal de camiones y prometió una investigación en curso por los dos robos millonarios que sufrió El Chiquero en el término de dos meses.
En el camino, siguen pendientes las mejoras de las instalaciones del lugar, con baños en estado lamentable y sin mayores servicios. Mientras tanto, la Comuna sigue subiendo la tarifa y recaudando dinero en negro que, a la postre, luego es robado sin consecuencias.
Aunque la Comuna viene prometiendo desde principios de año un gasto de más de 400 millones de pesos con partidas del gobierno nacional para arreglar el predio, los transportistas se preguntan cómo es posible que teniendo ingresos millonarios mensuales, El Chiquero se encuentre en semejante estado de abandono.
El acuerdo
Habrá que ver cómo evoluciona el conflicto, aunque ya se trasluce de la situación de un posible acuerdo no visible entre el concesionario y la Comuna. Después de todo, el secretario de Legal y Técnica del Municipio, Ernesto Povilaitis, mantiene estrechos vínculos con Martínez y se ha desempeñado durante años como abogado del grupo económico del empresario.
Como una muestra más de funcionarios "de los dos lados del mostrador", Povilaitis además de representar a la municipalidad está tratando de renegociar el contrato de la recolección y disposición final de la basura en Necochea, aunque no hay demasiada claridad acerca de si está representando los intereses del estado municipal o los de la empresa.
A su vez, el abogado está vinculado al aparato mediático del intendente, que suele lanzar publicaciones no sólo atacando a los opositores de la gestión sino promoviendo toda suerte de propaganda de campaña que ha dejado la credibilidad de sus medios afiliados por el piso. Detrás de prestanombres y testaferros forman parte de ese entramado el blog Necochea Digital, la radio Maestra, el portal de noticias 2262 y el blog Política Necochea, todos nutridos con importantes contratos de pauta publicitaria funcionando en tandem copiando directamente el discurso oficialista.
Con todo un aparato mediático, empresario, sindical y legal en contra, la intervención de los fleteros en el conflicto ahora enfrenta acusaciones penales arbitrarias bajo el mismo tono con el que, por ejemplo, el abogado de la Comuna persigue a una empleada municipal por haber hecho una pintada en el Anfiteatro, revelando un carácter autoritario y prepotente que tiene mucho por resguardar y pocos reparos para conseguirlo.
Así las cosas, postergando una y otra vez las promesas para los transportistas, judicializando las protestas y protegiendo a empresarios amigos en sus evidentes incumplimientos, la gestión del intendente Arturo Rojas ha dado muestras de su verdadero carácter por detrás de la propaganda, sin brindar soluciones a un sector que es uno de los motores económicos de la ciudad y cuyos reclamos son constantemente desoídos en pos del mantenimiento de un statu quo que podría empezar a resquebrajarse.
