Robo: ¿Un concejal se construye sus propias canchas de tenis en el Parque?

Las fotos que se conocieron esta semana mostrando que el club Villa Díaz Vélez había comenzado con los trabajos para la construcción ilegal de unas canchas de tenis en terrenos municipales encendieron los ánimos de muchos vecinos que, a sabiendas de la irregularidad que se está cometiendo, realmente no esperaban que la iniciativa pudiera seguir avanzando.

El tema comenzó a tomar volumen en medios provinciales y los vecinos convocan a un encuentro este sábado a las 16 hs. en los terrenos en disputa

Lo que sucede es que la Municipalidad a través de un decreto del intendente Arturo Rojas y el secretario de Gobierno Jorge Martínez (actual concejal electo), aprobó algo que es un verdadero disparate: canjear terrenos de una concesión de un club en el parque por otros en los que funciona una Dependencia Municipal, como es el vivero. Es decir, la Municipalidad cedería parte de sus terrenos a un club que tiene un desarrollador privado interesado en ocupar el lugar. Todo ello violando abiertamente la ley y pisoteando  procedimientos y normativas vigentes.

Puntualmente, el proyecto del Ejecutivo tomó forma de ordenanza aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante a principios de septiembre, cuando su votación fue impuesta por el oficialismo encabezado por el concejal Guillermo Sánchez ("Me la recontra banco en cualquier lado").

Según el anuncio, que no carecía de tono proselitista, se realizaría una inversión de 100 millones de pesos que contaría con "la construcción de 8 canchas de tenis de polvo de ladrillo, un gimnasio de alto rendimiento, un sector de recuperación deportiva y kinesiológica, un SUM para actividades comunitarias y de estudio y una confitería", según declaró el propio concejal tras la sesión.

"Muy contento con estas aprobaciones, muy contento con que sigan llegando inversiones a nuestra ciudad, a pesar del momento que estamos viviendo, pero todavía hay personas y entidades que creen en la ciudad y creen en este gobierno municipal y siguen invirtiendo en Necochea", destacó el edil oficialista.

Aunque no lo dijo, las "personas y entidades" que mencionaba son el profesor Andrés Ruete, que en su propio anuncio a través del matutino local llegó a mencionar que ofrecerían becas para llevar a tenistas jóvenes a academias en Estados Unidos; un conocido contratista portuario beneficiado en el pasado con licitaciones durante la gestión de Arturo Rojas para la construcción de la planta de fertilizantes en sitios 11 y 12; y el propio concejal, como participante activo del club Villa Díaz Vélez y, por supuesto, entusiasta tenista amateur de nuestra ciudad.

La iniciativa apenas arañó los votos que necesitaba para avanzar revelando incluso convulsiones internas dentro de Nueva Necochea: el presidente del HCD Hernán Trigo Gutiérrez directamente prefirió ausentarse de la sesión mientras que la concejal Luciana Jaime, abogada, se abstuvo de emitir su voto, con permiso incluso del intendente, que dejó libre albredrío de sus ediles para acompañar o no la propuesta. Como toda la oposición hacía observaciones sobre las irregularidades, tuvo que desempatar la votación la presidente del cuerpo Gabriela Góngora, que habilitó el acompañamiento del proyecto.

La oposición intentó que el proyecto sea revisado en comisión sin conseguirlo y la explicación de Sánchez fue que "nos parecía que no era importante pasarlo a comisión, demoraba el trabajo de las obras, demoraba la inversión y la verdad que a quien viene a invertir más de 100 millones de pesos, 20, 30, 40 días más, 50 días más, realmente acercándonos a la temporada ponía en riesgo la inversión".  Aunque alegó esa necesaria celeridad, desde su aprobación pasaron más de 75 días sin que se hicieran movimientos y los trabajos de cualquier modo se iniciaron prácticamente sobre la temporada.

Ilegal

Sucede que la celeridad que se impuso al tratamiento de la ordenanza (y que se correspondió con a posterior firma del decreto una semana después por parte del intendente para darle curso) escondía la maniobra de entrega de un espacio público cuyo cambio de destino es imposible por ley. 

"El Parque No Se Vende interpuso un recurso de amparo revocatorio pidiendo suspensión de los efectos del acto, especialmente por violación a la ley 6912 porque el artículo 60 de esa ley dice claramente que 'se prohibe en forma indubitable la modificación del destino de las áreas verdes y libres públicas y su desafectación para su transferencia ni aún para edificaciones de dominio público'", señaló a Cuatro Vientos la ingeniera Susana Laborde, en su calidad de presidente de la asociación civil El Parque No Se Vende.

"Las áreas verdes libres públicas no pueden cambiar de destino, con lo cual lo que están haciendo es ilegal directamente", remarcó la ingeniera. Además, los terrenos que se "intercambiaban" con el concesionario, los del Vivero, fueron aceptados por la municipalidad por medio de una ordenanza cuando las tierras aún estaban bajo la órbita de gobierno en La Plata. De querer avanzar con el "trueque", esa ordenanza primero debiera ser derogada.

El grado de irregularidad es tal que la Municipalidad omitió publicar el decreto en su web oficial y todas las normas emitidas desde el 10 al 21 de septiembre de este año no se encuentran en el listado del boletín oficial. 

A pesar de las evidentes irregularidades, el 14 de septiembre el intendente Rojas y el secretario de Gobierno Jorge Martínez pusieron su firma al decreto 2589 para promulgar la ordenanza (Nº 10.556/21). En el decreto se deja constancia que la ordenanza autoriza al club en el marco de una "cesión en concesión de uso", lo que mereció la observación de Laborde: "es absolutamente irregular porque o es cesión o es concesión".

"En el caso de cesión dice "para las transferencias de título gratuito o permuta, se necesita del voto de los dos tercios del total de los miembros del Concejo Deliberante, lo cual no ocurrió. En el caso de la concesión, tiene que determinar un polígono diferente, o sea, tendrían que haber modificado el polígono previo, o sea, dar de baja el polígono existente, modificar el polígono para hacer las cosas en forma legal. Eso no lo hicieron y solo hablan de que "se retrotrae al patrimonio municipal la porción de tierra correspondiente al rodal 63" como si se hubiera extraído. Es decir, una concesión no saca nada del patrimonio municipal, es una concesión, con lo cual este artículo de la ordenanza también es irregular", explicó Laborde.

Sobre el debate por si se trata de una cesión o una concesión, Sánchez dijo en la sesión que “no habría problemas de modificar la palabra, entendiendo que el espíritu es el mismo”, aunque luego los términos quedaron igualmente confusos en el texto de la norma aprobada.

El proyecto formal, con planos y cálculos, en realidad no ha sido presentado aún tal como dicta la ordenanza, aunque de cualquier manera se iniciaron trabajos de desmonte, aún a pesar de que en los anuncios se destacó que "se priorizó no solo la cuestión medioambiental no solo mediante la no intervención de las especies vegetales existentes, sino mediante la forestación del espacio a utilizar'". De cualquier manera, el paso de las topadoras en el lugar demostró que esa promesa tampoco se cumplió

A la Justicia por daños e incumplimiento de deberes de funcionario público

La ONG socioambiental El Parque No Se Vende no sólo inició el amparo para retrotraer la ordenanza sino que además plantea la posibilidad de denunciar penalmente a las autoridades en la justicia por "incumplimiento de deberes de funcionario público", dado que son los mismos funcionarios los que están avalando lo que a todas luces es un robo.

"Esto no tiene dictamen de la Secretaría de Legal y Técnica de la Comuna, lo cual es lógico: cualquier abogado del departamento legal se hubiera dado cuenta que esto es un mamarracho, así que se supone que esto deberá retrotraerse o de lo contrario se denunciará por incumplimiento de deberes de funcionario público a los responsables, además de hacerse amparos y lo que haya que hacer", indicó Laborde.

"El municipio en estos momentos está destruyendo patrimonio público: está provocando daños y ese daño es penal, está penalizado por el Código Civil así que tendrá que hacerse cargo quien corresponda de ese daño a los bienes públicos", resumió.

La entrega de las diferentes concesiones tanto en el parque como en balnearios parece seguir un derrotero privatista que avanza incluso fuera de la ley, como ha sido el caso histórico del Barrio Médanos, el alambrado del club Villa del Parque o las intenciones de alambrar la ex pista de atletismo municipal entregándola a un representantes de una constructora amiga de la gestión.

Envalentonados con el resultado electoral del 14 de noviembre, los cuadros de Nueva Necochea (varios de ellos, abogados que saben de la irregularidad) intentan efectivizar la entrega de una porción del Parque Miguel Lillo sin los avales necesarios, por lo que el delito podría devenir en procesos judiciales contra algunos de los concejales y funcionarios, dado que la violación de la ley fue posible no sólo por el voto de una norma ilegal sino por el posterior aval del intendente y el secretario de Gobierno e incluso el encubrimiento (omisión de la publicación del decreto) en una connivencia que se parece más a una asociación ilícita que a una gestión de gobierno.