Persecución a las protestas: El Gobierno le cobrará $60 millones a las organizaciones por el operativo de seguridad en las marchas
En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre el Gobierno y las organizaciones sociales, el ejecutivo nacional reveló que desembolsó la suma de 60 millones de pesos en el despliegue del operativo de seguridad durante la manifestación del miércoles pasado.
En una rueda de prensa realizada en la Casa Rosada, el portavoz de Javier Milei, Manuel Adorni, confirmó la cifra y sorprendió al insistir en que las facturas correspondientes serán remitidas a las organizaciones sociales y de izquierda involucradas, con la intención de que asuman el costo.
Adorni, durante su comparecencia habitual ante los medios, detalló que el Gobierno ha presentado una denuncia judicial contra 14 organizaciones sociales por presuntos delitos de "extorsión" y "defraudación al Estado". La base de la denuncia se sustenta en las 16.150 llamadas recibidas a la línea 134, de las cuales 1.200 “podrían vincularse directamente a esos delitos”, según señaló el vocero presidencial.
En este contexto, el Gobierno ha identificado específicamente a organizaciones como el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, y el Movimiento Evita. Adorni destacó que la denuncia se enmarca en el manejo de planes sociales por parte de estas entidades, generando una situación que ha escalado rápidamente en términos de confrontación política.
El desglose del gasto de 60 millones de pesos destinados al operativo de seguridad también ha generado polémica, ya que la factura resultante se pretende trasladar a los movimientos sociales involucrados en la protesta. Esta medida ha desencadenado fuertes críticas de diversos sectores, que consideran que imputar los costos de seguridad a las organizaciones es un enfoque inapropiado y potencialmente coercitivo.
El Gobierno, por su parte, defiende la acción como una respuesta necesaria ante lo que percibe como actitudes extorsivas y perjudiciales para el Estado.
