Presentaron el primer amparo: El decretazo de Milei desata una batalla legal

A menos de 24 horas de una jornada histórica que quedará grabada en los anales del debate político argentino, el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, en conjunto con diversas organizaciones sociales y políticas, llevó a cabo la primera presentación contra el mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei. La medida, compuesta por más de 80 páginas, desató la derogación de más de 300 leyes que habían sido incorporadas al orden jurídico nacional a lo largo de más de un siglo.

La presentación, respaldada por figuras como Claudio Lozano de Unidad Popular, Hugo Godoy de la Central de Trabajadores del Estado, y Rodolfo Aguiar de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, aterrizó en manos del juez Esteban Carlos Furnari, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2.

En el escrito se argumenta que la solicitud de "inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable" se basa en que el decreto representa "el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público, por violar los principios republicanos, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes".

El presidente, en un acto simbólico durante la conmemoración del 20 de diciembre de 2001, presentó el controvertido decreto junto a su gabinete y Federico Sturzenegger, señalado como su creador. Este abarca diversas áreas como Reforma del Estado, Desregulación Económica, Trabajo, Comercio Exterior, Bioeconomía, Minería, Energía, Aerocomercial, Justicia, Código Civil y Comercial, Salud, Comunicación, Deportes, Sociedades, entre otras, afectando la vigencia y contenido de 81 leyes.

La presentación subraya que el Poder Ejecutivo justifica el decreto debido a la "desesperante situación económica general", lo que habilitaría la derogación total de 41 leyes y decretos ley, la derogación parcial de 7 leyes y la modificación de 33 leyes. Sin embargo, los demandantes argumentan que esto constituye una "violación de los requisitos constitucionales que facultan al Poder Ejecutivo de Necesidad y Urgencia".

En un tono crítico, señalan que la admisión de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo debería darse bajo condiciones excepcionales y con estricta sujeción a exigencias formales, aspectos que consideran ausentes en este "mega" DNU que abarca 83 leyes, siendo incompatible con la excepcionalidad requerida por la Constitución.

La denuncia se enfoca en que esta medida impulsa una "modificación radical y estructural del modelo de desarrollo humano, de progreso económico con justicia social, de productividad de la economía nacional y de crecimiento económico del país", sin dar oportunidad al Congreso de evaluar la propuesta y el nuevo rumbo que se plantea. Subrayan que la Constitución Nacional no autoriza el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia para este propósito, facultad que corresponde sustancialmente al Congreso de la Nación.

A partir de ahora, el Ejecutivo tiene diez días hábiles para que el jefe de Gabinete lo envíe a la Comisión Bicameral para su evaluación. En caso de omisión, al décimo día, la Comisión puede tratarlo de oficio.

En la presentación, también se destaca que el decreto es inconstitucional al constituir "el ejercicio de la suma de poder público y facultades extraordinarias por fuera de la Constitución Nacional". Advierten que la vigencia del decreto implicará una "modificación fundamental del estilo de vida de toda la población argentina, con flagrante menoscabo de sus principios republicanos, representativos, democráticos y su carácter federal".

Otro punto crucial señala que desde la recuperación de la democracia en el país, hace 40 años, no se ha visto una concentración de poder tan significativa, colocando la "vida, el honor o las fortunas de los argentinos" en manos del presidente y su gobierno. Esta situación, alertan, pone en riesgo el sistema democrático y republicano al significar la "concentración del poder público".

La ausencia de consulta previa al Congreso, donde residen los representantes del pueblo, lleva a entender que se restringe el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente y a través de los representantes elegidos libremente.

En un cierre contundente, la presentación argumenta que el DNU tiene vigencia "con posteridad a su publicación", momento en el cual comenzará a "regir la vida de la ciudadanía argentina en total irrespeto a la democracia". Como ejemplo palpable, citan la derogación de la Ley de Alquileres, afectando la situación habitacional de más de 9 millones de personas, así como los derechos laborales, generando un impacto en toda la clase trabajadora.