Ordenan investigar un presunto caso de espionaje ilegal en Prefectura de Mar del Plata

Un escándalo de proporciones inusuales sacude los cimientos de la justicia argentina, destapando un presunto caso de espionaje ilegal que habría tenido lugar durante el gobierno de Mauricio Macri. En el epicentro de esta trama se encuentra un miembro de la Delegación de Inteligencia Criminal de Prefectura Naval, quien habría apuntado sus operaciones clandestinas hacia un juez federal de Mar del Plata. La reciente orden de la Cámara Federal de revocar el cierre de la causa por parte del Juzgado Federal N°4, a cargo del juez Alfredo López, generó una ola de inquietud y expectación en el país sudamericano. Ahora, otro magistrado deberá tomar las riendas del caso, y se anticipa que una serie de medidas de prueba podrían desvelar una trama mucho más vasta de lo imaginado.

Según el portal 0223 la decisión de reabrir la investigación se produjo el pasado 21 de septiembre gracias a la apelación presentada por la fiscal Laura Mazzaferri el 30 de agosto. La apelación tenía como objetivo principal impugnar la decisión de agosto, en la cual el juez López había resuelto archivar el caso. La Cámara Federal no solo ordenó la reapertura de la investigación, sino que también apartó al juez López, al considerar que su opinión sobre la inexistencia de delito penal no tenía fundamento sólido. Además, la Cámara cuestionó que el juez López no hubiera dado la debida atención a la presunta víctima de la causa, destacando la necesidad de que el nuevo magistrado aborde esta omisión.

El expediente en cuestión se desarrolla en la Justicia Federal de Mar del Plata y busca esclarecer un presunto caso de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público". Este caso es una derivación de una investigación más amplia que se lleva a cabo en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°10 de los tribunales de Comodoro Py en Buenos Aires, bajo la dirección de Julián Ercolini. Originalmente, esta causa fue liderada por el exjuez Rodolfo Canicoba Corral. La investigación principal se centra en el accionar de diversas instituciones gubernamentales durante el gobierno de Macri, incluyendo la Afip, la Agencia Federal de Inteligencia, dependencias del Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial de la Nación, jurisdicciones provinciales, la Política de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Nacional Argentina, la Política de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Se investiga la presunta obtención de datos privados de ministros nacionales y provinciales, legisladores, jueces, fiscales, periodistas, empresarios e incluso figuras públicas como Lionel Messi.

Según la resolución de la Cámara Federal, "Con el devenir de la investigación, se habría logrado establecer que en fecha 9 de [fecha recortada], a las 14:48:42, M.D.A., agente de la Prefectura Naval Argentina, habría ingresado sin justificación legal para así hacerlo, mediante su usuario, a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones, con el objeto de obtener los datos migratorios del Juez Federal Dr. S.I.". Este impactante hallazgo ha sacado a relucir la presunta participación de un agente de la Prefectura Naval Argentina, que en ese momento prestaba servicios en la Delegación de Inteligencia Criminal con sede en Mar del Plata. El agente en cuestión habría accedido a información confidencial sin una razón legal aparente, lo que arroja serias dudas sobre sus motivaciones y acciones.

La complejidad de este caso se profundiza aún más cuando se descubre que el expediente se desprendió de una investigación de mayor envergadura que involucra a numerosas instituciones gubernamentales y a un amplio espectro de personas influyentes. El presunto espionaje ilegal contra figuras de alto perfil y el hecho de que un miembro de la Prefectura Naval haya tenido acceso a información sensible plantea interrogantes sobre la extensión y la gravedad de las operaciones de espionaje durante la administración de Mauricio Macri.

En este contexto, el juez López decidió archivar el caso, argumentando que no se había cometido ningún delito. Sin embargo, la fiscal Laura Mazzaferri impugnó esta decisión con contundencia, alegando que el juez se basó en consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales que no tenían relación con los hechos bajo investigación. Para la fiscal, la falta de fundamentación adecuada hacía que la decisión de archivar el caso careciera de fundamento y premura.

La Cámara Federal, al analizar la situación, advirtió que "en función de la etapa procesal por la que atraviesa el sumario y de los elementos colectados en el legajo, se avizoran circunstancias que invitan a pensar que el archivo ordenado resulta prematuro". Esta declaración enfatiza la necesidad de una investigación más exhaustiva y el potencial de que haya elementos de prueba no considerados en la decisión de archivar el caso. Además, la Cámara destacó que, para cerrar el caso, es necesario que el hecho imputado no constituya un delito, y argumentó que las razones presentadas por el Ministerio Público Fiscal apuntan a la existencia de elementos de prueba que hacen inapropiado el cierre del caso.

Un punto crucial en esta controversia es el reconocimiento del propio agente de la Prefectura, M.D.A., quien admitió en las actuaciones administrativas haber realizado la consulta en la base de datos de Migraciones sin una justificación legal clara. Esto refuerza las sospechas de que su acción no tenía motivación funcional o legal. Además, se reveló que Migraciones informó sobre múltiples consultas realizadas en sus bases de datos relacionadas con varios magistrados y figuras públicas, incluyendo el caso en Mar del Plata con este prefecto en particular. Sin embargo, no se tomaron medidas de instrucción con respecto a la dirección IP desde la cual se realizó la conexión, lo que plantea preguntas sobre la negligencia en la investigación.

La situación se complica aún más debido a la contradicción en los informes de Migraciones. Un informe de febrero de este año indicó que "no se encontraron registros durante el mes de [fecha recortada] que hayan realizado la consulta sobre S.I". Este punto, según los camaristas, es esencial para esclarecer las posibles consecuencias penales del caso y pone de manifiesto la necesidad de una investigación más profunda. La pregunta sobre si hubo un intento de ocultar o manipular pruebas se cierne sobre este caso de alto perfil.

Esta situación vuelve a poner en el centro de atención los posibles actos de espionaje ilegal llevados a cabo en Mar del Plata durante el gobierno de Cambiemos. La investigación sobre el presunto espionaje clandestino contra familiares de las víctimas del Ara San Juan también está en la mira, con la Cámara de Federal de Casación Penal a punto de tomar una decisión trascendental: revocar o declarar nulo el sobreseimiento del ex presidente Macri.

El pueblo argentino se encuentra expectante, esperando que la justicia se imponga y que se arroje luz sobre estas prácticas de espionaje ilegal que han sacudido la confianza en las instituciones gubernamentales. El caso en Mar del Plata es solo un capítulo en una saga mucho más amplia de controversias que podrían cambiar la dirección del país y redefinir su relación con el poder y la privacidad. La verdad y la justicia son imperativas en este momento crucial para la democracia argentina.