La Provincia aseguró que hay un privado “dispuesto a invertir 25 millones de dólares” en Puerto Quequén

El Ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, salió a desmentir de manera categórica los rumores que circulaban respecto a la supuesta creación de una Junta Provincial de Granos en el Puerto Quequén, una versión que había generado preocupación en el sector agroexportador y en las entidades rurales de la región. Las especulaciones surgieron a raíz de un próximo llamado a licitación para la concesión del puerto, pero el funcionario aclaró que se trataba de una "interpretación incorrecta" de un borrador preliminar, lo que provocó una lectura errónea de los hechos.

Durante una entrevista con Canal Rural, Rodríguez explicó que la confusión se debió a una interpretación acelerada de un documento preliminar, pero aseguró que la provincia no tiene intenciones de intervenir en el comercio de granos a través de una junta. Según señaló el ministro, la única realidad es que "un privado está dispuesto a invertir alrededor de 25 millones de dólares para mejorar la infraestructura del puerto", y que este proceso se llevará a cabo bajo un marco de licitación pública y transparente.

Rodríguez destacó que la concesión del puerto debe garantizarse mediante un proceso licitatorio abierto y competitivo, permitiendo que todos los interesados en la operación del elevador de granos puedan participar. "Nosotros planteamos que tiene que haber una licitación para que compitan aquellos que estén interesados en la utilización del elevador", sostuvo. El ministro remarcó que el objetivo principal es fomentar la inversión en infraestructura para aumentar la productividad y reducir los costos de operación, lo que beneficiaría directamente a los productores agropecuarios de la región. "Es muy importante que haya un proceso competitivo, porque más inversión implica mejoras en productividad y reducción de costos", afirmó.

En relación a las críticas y quejas emitidas por diversas entidades del sector, Rodríguez intentó llevar calma y destacó que la prioridad del gobierno provincial es promover un entorno de competencia justa y transparente. "Lo que queremos es garantizar las condiciones de la competencia", enfatizó el funcionario, subrayando que la intención del gobierno es mejorar las condiciones para los productores, quienes, en última instancia, son los beneficiarios finales de una reducción en los costos de exportación.

Uno de los puntos que más controversia generó fue la propuesta de reservar un 30% del uso del elevador para el consorcio de la provincia. Al respecto, Rodríguez explicó que esta medida busca justamente evitar que un único operador monopolice el manejo del puerto. "Estamos planificando a 30 años, y es fundamental que haya siempre posibilidad de competencia. Nadie quiere que el único modo de exportar granos en toda la región sea a través de un acuerdo con un único operador", advirtió.

Además, el ministro subrayó la necesidad de garantizar la prestación de un servicio público eficiente en el puerto, y criticó que los reclamos por problemas en el servicio tarden tanto en resolverse. "Cuando se recibe una queja, el proceso demora dos o tres años, y para ese momento el que presentó la queja ya perdió la exportación. Necesitamos un mecanismo más rápido y directo para asegurar la competencia", concluyó Rodríguez.

El trasfondo económico: una disputa silenciosa

Detrás de las declaraciones públicas y la controversia mediática, los analistas del sector advierten que existe una disputa más profunda y silenciosa en el seno del negocio agroexportador. La tensión entre los exportadores y las entidades intermedias del sector es, en realidad, una pelea por los márgenes de ganancia.

Según los especialistas, algunos exportadores consideran que los intermediarios, como acopiadores y cooperativas, se quedan con una porción demasiado grande de las ganancias generadas por las exportaciones de granos. "Es un sector muy complejo, y hay una disputa constante por los márgenes de ganancia", señalaron.

En este sentido, la preocupación por el futuro marco regulatorio del puerto es solo una parte de una discusión económica más amplia, que involucra a productores, agroexportadoras, y entidades intermedias. El nuevo reglamento que regulará el uso del puerto comenzará a discutirse en el Consorcio del Puerto, donde están representados todos los actores clave: productores, instituciones intermedias, agroexportadores y el propio Estado.

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