La Usina amenaza con cortar el suministro eléctrico al municipio por una deuda de 1.300 millones de pesos

Se caldean los ánimos y la relación entre la Municipalidad y el concesionario de distribución eléctrica de la ciudad, la Usina Popular Cooperativa Sebastián de María (UPC) empeora con reclamos cruzados entre ambas partes.

Sucede que esta mañana se conoció públicamente un decreto por el cuál el intendente Arturo Rojas establecía que el contrato de concesión por el servicio eléctrico que brinda la Usina se encuentra vencido. En el decreto el Ejecutivo Municipal intima a la Usina a cumplir con nuevas condiciones. 

A su tiempo, desde la Usina aseguran que el contrato está vigente porque fue prorrogado según establecen los artículos 3 y 5 del contrato actual. La Usina argumenta que obtuvo la renovación  técnica por parte del gobierno provincial, con lo cuál se considera que no hay ningún motivo para no hacer válida la prórroga. Co n esos trámites cumplidos, la Usina esperaba que el decreto del intendente se realizara para validar la prórroga. Por el contrario, el intendente  declaró finalizado el contrato, por lo que la cooperativa eléctrica se mostró en desacuerdo y lista para judicializar el conflicto.

Como respuesta, esta tarde la Usina a través de una nota firmada por la presidente del Consejo de Administración Pilar Vitale intimó a la Municipalidad a pagar la suma de 1.324.801.527 pesos (sin contar los intereses, que serían  por el suministro eléctrico que reclama la UPC.

Según la nota, la Comuna tiene un plazo de 60 días para regularizar su situación, a riesgo de sufrir el corte de suministro para todas las dependencias que el Estado Municipal tiene en el distrito. Además, la Usina envió una copia de la intimación al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) para que esté al tanto del conflicto.

Así, la situación se agrava y el riesgo de perder el suministro eléctrico se dispara para la Comuna tras el decreto del intendente Arturo Rojas que daba por finalizado el contrato. El conflicto entre las instituciones está escalando y ya incluso ha mostrado alguna arista que afecta a instituciones intemedias, como en el caso del Centro de Ayuda al Animal, cuya principal financiación proviene de un porcentaje del cobro de una tasa que se paga con la boleta de electricidad: como las partes están en conflicto, el dinero no llega al CAAN, que está al borde del cierre, algo que podría concretarse si la escalada termina judicializándose y paralizando del todo los movimientos de recursos.