La más insólita: El intendente pretende que el salario de su secretaria privada se lo pague el Puerto

Está claro que el municipio de Necochea y el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén deben mantener cierto contacto con periodicidad para establecer algunas prioridades, gestiones conjuntas, planes de acción y demás, que usualmente están teñidos de política y muestran bastante seguido rispideces e intercambios de favores que usualmente quedan ocultos a los vecinos de a pie.

Esto de permanecer oculto, especialidad cada vez menos efectiva del intendente Arturo Rojas, suele ser fundamental para la concreción de algunas cuestiones que, de ser públicas, causan pro0fundo rechazo en la ciudadanía, sobre todo si tiene que ver con destinar recursos que, al fin y al cabo, terminan enriqueciendo a personajes de la política, militantes y demás afines al poder, que se supone que están en la función pública para el servicio de los demás. 

Es el reciente caso del pedido insólito que habría realizado el intendente Arturo Rojas a altas autoridades del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén: que el salario de su secretaria privada se pague con las arcas de la terminal portuaria.

El desopilante pedido formó parte de un paquete de solicitudes que el intendente requirió al puerto en el marco de gestiones conjuntas iniciadas en los últimos meses, que incluyen la solicitud de fondos al Consorcio por una cifra cercana a los 30 millones de pesos para reparar desagües rotos en avenida 59 y avenida 10 y un furgón para el traslado de pacientes a larga distancia (una combi).

El salario en cuestión son cientos de miles de pesos mensuales (serían algo así como 600 mil pesos por mes) con los que el intendente esperaría financiar a una de las participantes de su equipo de asesores y personas más cercanas.

La secretaria del intendente, Marcela Gandur (muy poco apreciada en los pasillos del CGPQ luego del paso de Rojas por la terminal y de perfil bajo), decidió dejar su puesto en el puerto para acompañar a Rojas en su salto a la intendencia, abandonando un jugoso salario que ahora su jefe intentaría volver a cobrar con algún artilugio legal. Gandur es esencial para sostener buena parte de todo el tinglado que ha montado Rojas en su paso por las diferentes estructuras del Estado y es guardiana de numerosos secretos que guarda el intendente.

"Con el criterio de este muchacho tendríamos que pagarle el salario a la mitad de su equipo de trabajo", ironizaron desde la terminal portuaria fuentes que conocieron la insólita petición del intendente Rojas.

Sucede que la práctica de entregar puestos en el Estado para fortalecer su núcleo de militancia ha sido una constante de la política necochense (sobre todo si se habla del Puerto Quequén) y la práctica de Rojas ha llevado esa situación a otros niveles: apenas asumió en la presidencia del Consorcio en abril del 2016 lo primero que hizo fue formar su propio equipo de funcionarios paralelo con el nombramiento de una decena de amigos con jugosos salarios, algo que generó una fuerte reacción en contra dentro de lo que en ese momento era su propia coalición de pertenencia, Juntos por el Cambio.

Producto de esos nombramientos, actualmente varios de sus aliados trabajan en la terminal portuaria sin una tarea específica: por ejemplo el área de prensa del Puerto Quequén es increíblemente grande para una institución que emite apenas una gacetilla de prensa por mes y permanece prácticamente inactiva si las autoridades portuarias no están tratando de jugar en la política partidaria.

Los salarios monstruosos que perciben con dineros públicos no le van en saga a las tareas que realizan y la evidencia de que se trata de un enclave de militantes rentados que dirigen ataques a la oposición y demás prácticas desde el anonimato en las redes sociales, flota en el aire de las oficinas de la terminal. Muchos saben qué es lo que pasa, aunque rara vez se hacen comentarios al respecto, manteniendo una impostura de normalidad que no consigue tapar el olor a podrido de lo que sigue siendo considerado un "puerto sucio" por esta clase de situaciones. 

Sucede que la planta de empleados del puerto supera los 100 cargos para una dependencia que bien podría funcionar con la mitad de los puestos ocupados, creados a lo largo de los años con prácticas como las de Rojas, generando nombramientos de militantes que sirven más a los intereses de sus jefes y de sí mismos que al funcionamiento de los organismos del estado.

Y la práctica de Rojas, por otro lado, no es nueva: él mismo se ha reservado puestos en las diferentes dependencias donde tuvo cargos, siempre manteniendo uno mientras ejercía en el otro, como hizo en ANSES cuando fue electo concejal; y luego preservando su banca mientras era presidente del CGPQ. Dobles cargos y dobles salarios son características frecuentes si se revisa su historial y el de algunos de los miembros de su equipo, que además suelen mostrarse de los dos lados del mostrador sin mayores consecuencias.

Al igual que en el puerto, Rojas hizo exactamente lo mismo al llegar al municipio y alcanzó la cifra récord de 75 cargos políticos, aumentando de un plumazo un 50% más que los que tenía su antecesor Facundo López. Cínicamente, parte de su campaña en 2019 consistió en acusar a López del gasto político, llegando a denunciar la existencia de 100 funcionarios políticos. La lista de nombres nunca la mostró una vez que llegó a la intendencia y todas las acusaciones quedaron sepultadas por su propia práctica.

Ese tipo de mecanismos es el que hace que la propaganda y los pagos a la prensa siempre oficialista sean casi una obligación para que el intendente pueda desarrollar sus planes sin ser expuesto, enriqueciendo a su militancia más cercana a costas de las arcas públicas. Precisamente usando las arcas públicas es que ha financiado sus campañas políticas, como está sucediendo actualmente en el municipio, donde destinará solo este año 128 millones de pesos para la subsecretaría de Comunicación y Prensa, alcanzando un gasto inaudito e histórico para el distrito, pagado mayormente con aportes de Provincia y Nación y, por supuesto, con los ingentes aumentos de tasas sostenidos en los 3 años que lleva de mandato.