Abuso sexual: Condenaron al ex secretario general del Sindicato de Prensa de Necochea a 13 años de prisión

En un fallo dictado este miércoles en Necochea, Marcelo Giordano, quien fuera secretario general del Sindicato de Prensa de Necochea durante varios mandatos, fue condenado a 13 años de prisión efectiva por su participación en dos atroces delitos de abuso sexual.

La sentencia fue el resultado de un proceso legal que se prolongó durante varios años y generó un amplio debate sobre la justicia y los derechos de las víctimas en la sociedad.

Giordano, un personaje conocido en el mundo sindical y periodístico de nuestra ciudad, había sido previamente acusado de abuso sexual agravado y se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria durante dos años, mientras se desarrollaba el proceso judicial. Sin embargo, tras la determinación del tribunal, el ex sindicalista será trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario de Batán para cumplir su condena en su totalidad.

Los cargos que pesan sobre Giordano incluyen abuso sexual simple agravado y abuso sexual con acceso carnal agravado, ambos en concurso real, delitos que habrían tenido lugar cuando la víctima tenía entre 13 y 16 años de edad.

La decisión del tribunal no se limitó solo a la condena. También se tomó la determinación de involucrar a un equipo interdisciplinario para el abordaje psico-socio-educativo destinado a personas implicadas en situaciones de violencia de género, como es el caso de Giordano. Además, el Centro de Asistencia a las Víctimas tomará las medidas necesarias para proteger, rehabilitar y salvaguardar eficazmente a la víctima, brindando apoyo y recursos fundamentales para su recuperación y bienestar emocional.

En un paso adicional, la sentencia establece que la situación debe ser informada al Registro de Condenados por Delitos contra la integridad sexual dependiente del Ministerio de Justicia, lo que garantiza que Giordano no pueda evadir su responsabilidad en el futuro. También se ordenó la obtención del perfil genético del condenado, una medida que fortalece la capacidad de las autoridades para identificar y resolver crímenes sexuales.