Misterio: ¿A qué conectaron las cámaras de seguridad de El Chiquero?
Necesitado de anuncios para mantener su agenda proselitista y tratando de ofrecer alguna clase de respuesta a los reclamos crecientes de los camioneros, la gestión del intendente Arturo Rojas salió a anunciar esta semana una serie de tareas en la playa municipal de estacionamiento de camiones El Chiquero.
Luego de las protestas de los fleteros, que se cansaron de esperar que el Ejecutivo cumpliera con los compromisos asumidos luego de una primera protesta hace dos meses, la municipalidad salió a mostrar algunas tareas sobre la playa de camiones, afectada severamente por hechos de inseguridad y falta completa de mantenimiento a pesar de sus recaudaciones millonarias. De hecho, en dos oportunidades diferentes desconocidos robaron lo recaudado en el predio sin que las autoridades ofrecieran explicación alguna por lo sucedido, incluso tratando de solapar los episodios.
En este contexto, la Comuna anunció que en El Chiquero "se colocaron cámaras de monitoreo que ayuden a esclarecer y disminuir hechos de inseguridad en el predio de 26 hectáreas ubicado en Quequén". "En materia de seguridad hemos aportado cámaras de monitoreo, hubo un hecho delictivo hace unos días y estamos apostando fuerte al tema de seguridad justamente por esos hechos”, indicó Mario Wilgenhoff, delegado municipal de Quequén.
"En materia de seguridad hemos aportado cámaras de monitoreo, hubo un hecho delictivo hace unos días y estamos apostando fuerte al tema de seguridad justamente por esos hechos”, agregó el funcionario, quien reemplazó recientemente a Hernán Rodríguez, que dejó su cargo tras un primer robo de recaudación en la playa de camiones.
Lo que no explicó el funcionario es a dónde están conectadas esas cámaras y quién va a monitorearlas, dado que la Comuna no dispone actualmente de una conexión al centro de monitoreo desde la playa de camiones. El municipio lleva todo el año prometiendo una inversión de 84 millones de pesos para una ampliación del centro de monitoreo instalado por la gestión de Facundo López en el Centro Cívico, aunque hasta el momento todo han sido anuncios y el reclamo constante de seguridad sigue pendiente.
En el anuncio la comuna mostró al delegado municipal mirando las imágenes en un monitor instalado dentro de las oficinas objeto de los robos. Así, de producirse un nuevo robo, los ladrones tendrían acceso directo al monitoreo para destruir las evidencias del delito...
Más allá de la naturaleza del anuncio, que no deja de ser otra impostura sin políticas reales de fondo, las acciones llegan para dar alguna clase de respuesta a los reclamos de los camioneros, quienes recientemente obtuvieron un fuerte espaldarazo del Sindicato de Fleteros (SIUNFLETRA) que reclamó primero por El Chiquero y luego por la playa de estacionamiento de camiones de ACA, revelando un entramado de movimiento de dineros en negro que puso en alerta a la mesa chica de decisiones de la gestión Rojas.
La denuncia sobre un valijero
La clave de la protesta de los fleteros obligó a la acción al Ejecutivo tras la denuncia pública del jefe del sindicato, Mario Pereyra, quien a viva voz señaló que el intendente, algunos de sus funcionarios y el empresario Guillermo Martínez tendrían un entramado de manejo de dineros en negro producto de la recaudación en las playas de camiones. En el camino, el perjuicio que provocaron las protestas a la actividad portuaria obligó la intervención del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén y ACA, que no podían permitir que un conflicto en las playas de camiones con manejos oscuros impidiera el desarrollo de la exportación en la terminal portuaria.
Por esa razón es que la Comuna apeló a su militancia mediática (prácticamente la única militancia de Nueva Necochea más allá de sus propios funcionarios y empleados) para tratar de desviar la atención sobre las graves denuncias de Pereyra y, a la vez, tejer hipótesis sobre la existencia de un conflicto entre kirchneristas para deslindar las vinculaciones evidentes entre el intendente y el concesionario: después de todo, quien es el secretario de Legal y Técnica del municipio, Ernesto Povilaitis, ha sido durante muchos años el representante legal del concesionario de la playa de camiones de ACA que entró en conflicto y las vinculaciones activaron toda suerte de sospechas.
Con los anuncios, la Comuna intenta calmar los ánimos y a la vez presentar alguna clase de gestión que no borra las denuncias ni despeja los interrogantes planteados por Pereyra sobre el manejo de fondos en negro vinculados directamente a empresarios amigos de la gestión y sus posibles nexos directos con el intendente y sus funcionarios más cercanos. El entramado denunciado incluye además a las fuerzas de seguridad, cuya connivencia podría ser clave para que los robos nunca se esclarezcan y la impunidad siga su curso como si nada.
