Casino: La Municipalidad intentó vender una usucapión

Si de irregularidades se habla, el Complejo Casino de Necochea es todo un ejemplo, sobre todo luego del incendio que destruyó el interior del Teatro Auditorium a mediados de agosto del año pasado y que desató un proceso de venta que no prosperó, aunque no por las razones que dio la Comuna.

Por empezar, se trató de un incendio intencional cuyos responsables nunca fueron encontrados: si bien la municipalidad anunció que se había elevado una denuncia contra un ex empleado desplazado que habría proferido amenazas contra el intendente Arturo Rojas y el secretario de Gobierno Jorge Martínez, y que se encontraron dos focos de incendio de origen intencional, los responsables nunca fueron encontrados. 

Aunque el incendio fue el motorizador de un intento de la Comuna de vender el predio de una manera express, casi reaccionando al shock que impuso el siniestro y con pleno acompañamiento del Concejo Deliberante para concretar la venta, no se conocieron mayores esfuerzos de la municipalidad por encontrar a quien habría iniciado el fuego. En cambio, se "gestionó" la presencia de un policía en el lugar. 

Si bien ese factor alberga su gravedad, es decir, no son de dominio público las causas y responsabilidades del hecho, no sería el único punto negro de la situación. Ni siquiera el más relevante para detener la venta.

Lo que sucedió es que la Comuna intentó vender todo el predio sin tener todos los papeles al día ni cumplir con los trámites pertinentes, obviando toda clase de permisos y documentación necesarias para entregar los terrenos más valiosos de la línea costera de la ciudad por solo 7 millones de dólares. En el apuro y en medio de la pandemia, si pasaba, pasaba. Pero no pasó.

Cuando el único oferente para realizar la compra se enteró que la Comuna no tenía la propiedad del terreno más grande del complejo (el que tiene el playón de estacionamiento), propuso que se realice la transferencia del bien apenas se realizara el pago, lo que obviamente impidió que se realice la operación dado que la Comuna no tenía la documentación. En el llamado a licitación el municipio postulaba una transferencia que se daría en etapas a medida que el oferente realizara obras, por lo que finalmente canceló el proceso de venta.

Juicio pendiente

La situación, nunca antes mencionada por el Ejecutivo, esto es, que intentó vender de prepo una usucapión, fue puesta de manifiesto explícitamente sólo porque hay un juicio que iniciaron vecinos contra el Estado Municipal por numerosas irregularidades detectadas durante el proceso de licitación.

En el proceso de "pretensión anulatoria" los vecinos solicitan que se declare nula e inconstitucional la ordenanza que manda la venta en virtud de encontrarse numerosos vicios administrativos en los que incurrió la municipalidad para tratar de vender el complejo cuando aún cenizas del Auditorium seguían calientes. 

Por ejemplo, las autoridades nunca llamaron a audiencia pública, que es un requisito obligatorio por el cuál todos los vecinos tienen la oportunidad de enterarse al detalle sobre la real situación y pueden a la vez expresarse en favor o en contra de las decisiones del Estado. Por otro lado, nunca se consultó a ONG's ni se realizó una consulta o encuesta sobre un tema de vital importancia para el desarrollo del distrito.

Tampoco se realizó una evaluación de impacto ambiental de las futuras obras (por ejemplo, el impacto sobre la red de agua si se siguen construyendo torres); las diferentes oficinas municipales que debieran haber revisado el procedimiento no se expidieron; la tasación presentó algunas irregularidades; y otra serie de cuestionamientos que desde la oficina de Legal y Técnica del Municipio dirigida por Ernesto Povilaitis intentaron contener.

En el camino, el abogado de la municipalidad buscó desestimar que se trate de un caso administrativo que deba ser planteado ante el juzgado, alegando que como la operación no se concretó, entonces no habría caso. Pero la ordenanza para la venta sigue vigente, por lo que el proceso continúa.

Precisamente en ese intento de contener el caso es que la Municipalidad reconoce que tiene un expediente (Nº 4081-218-2021) en trámite ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de "usucapión administrativa en relación al inmueble Partida Nro. 74044". "Sobre el particular se hace expresa manifestación que dicho inmueble pertenece en propiedad a este Municipio de Necochea, ejerciéndose la posesión ininterrumpida sobre el mismo por más de 20 años, no reconociendo otro dueño", respondió la municipalidad reconociendo implícitamente que la ordenanza tiene vicios de nulidad.

Echando la culpa a la provincia... de nuevo

Y resulta que el Ejecutivo es plenamente consciente de que intentó vender una usucapión por el tercer terreno. Tras un encuentro con los trabajadores del Casino en el Concejo Deliberante y refiriéndose a una eventual reunión pendiente con el Jefe de Gabinete provincial Martín Insaurralde, el intendente necochense dijo que quería aprovechar para "resolver que la provincia termine de protocolizar la escrituración del tercer inmueble, del tercer lote, que a nosotros nos permita hacer la licitación". 

El señalamiento que eligió Rojas es político y refleja su distanciamiento creciente para con el gobierno de Axel Kicillof tras las elecciones: si su gestión quiso vender una usucapión de apuro, sin consultas y forzando la licitación en medio de la pandemia, no fue la provincia quien lo obligó, sino su propia necesidad de disponer libremente de fondos que le dieran cierta independencia en su mandato vendiendo las "joyas de la abuela". Con ese discurso, echando culpas a La Plata es que el intendente ensaya la impostura imposible de buscar honestamente respuestas en la gobernación.

"Seguramente yo le voy a pedir certezas sobre qué es lo que van a hacer con la licencia de juego, si es que van a llamar a licitación por parte de la provincia o no, porque eso pone también un poco en suerte lo que va a pasar con el complejo como estructura: si la provincia no licita la parte de lo que es el juego es muy dificil que haya un oferente para reconstruir el complejo cuando no puede llevar adelante su actividad", sostuvo Rojas.

Más allá de que reconoció abiertamente el intento de venta del usucapión, el intendente sostuvo que "la segunda licitación se tiene que dar en las mismas condiciones que se dio la primera". "Si en ese caso no prospera tendremos que reevaluar y ver de qué manera encontramos una solución a un problema tan añejo porque ya ha quedado demostrado que el municipio no puede hacerse cargo de sostener semejante estructura", señaló.

"La idea nuestra es seguir avanzando en un proceso de venta, en un proceso de desarrollo urbanístico que nos permita obtener recursos genuinos para hacer más obras y más servicios que hacen falta para la ciudad", agregó el intendente.

Las irregularidades en las que incurrió la Municipalidad desde el incendio fueron tantas y el proceso estuvo tan viciado, que el juicio pendiente ni siquiera es mencionado por el intendente y hasta el Concejo Deliberante se expidió solicitando que los fondos que se percibieran en concepto de pago de seguro quedaran congelados y abocados específicamente al complejo para evitar desvíos que, en vistas de los manejos que se hicieron para mover la venta, podrían producirse sin conocerse por parte del público.