Viva la pepa: La Comuna contrata a personal de una empresa adjudicataria para que controle sus propias obras

Cuando se habla de ejecución de obras en nuestra ciudad, usualmente los comentarios quedan encerrados dentro de los tiempos electorales, enmarcados en los anuncios proselitistas que poco se fijan en los detalles. De esa manera, cualquier trabajo que se realiza es ponderado sin más, descuidando cualquier observación en el temor de la típica y gastada denostación que recibe cualquier crítica.

Con esa mirada instalada en la comunidad, se han hecho verdaderos desastres que han sumado incesantemente a las grandes deficiencias de infraestructura que presenta la ciudad. El ejemplo más claro de ese tipo de desastres es el barrio de Quequén construído sobre un antiguo sumidero, conocido como "Titanic" porque literalmente las casas que construyeron se hunden por estar en un terreno que no fue debidamente tratado al inicio de los trabajos.

Ese tipo de episodios sucedieron por la simple razón que el Estado Municipal no controló debidamente lo que se estaba haciendo, provocando problemas que se hicieron patentes varios años después de terminada la obra y sin encontrarse responsables que hayan sido penados por la ley por el descalabro.

La falta de control de las autoridades sobre los trabajos que se ejecutan en la ciudad usualmente terminan con serios defectos de las construcciones, panorama que empeora si, además de no tener controles propios, a cargo de las evaluaciones se contratan a personas que forman parte del equipo de trabajo que debe ser controlado.

Para más precisiones, sucede que el intendente Arturo Rojas emitió a fines de septiembre un decreto declarando "la incompetencia de la Oficina Técnica de la Dirección de Obras Públicas para desarrollar tareas de inspección en la obras" y, en virtud de ello, decidió realizar la contratación de dos arquitectos que se encarguen de esas tareas.

A través de los decretos 2719 y 2720, ambos registrados el 27 de septiembre pasado, el intendente estableció la contratación de dos arquitectos para realizar controles sobre la remodelación de la plaza Dardo Rocha, la urbanización en el barrio Los Malvones y la ampliación de la Dirección de Cultura y de las diferentes etapas de la obra en Avenida 2.

A pesar de contar con un equipo de arquitectos, la Comuna usó como excusa para la contratación que hay una gran cantidad de obras en ejecución, por lo que no cuenta con personal que pueda hacer los trabajos. Más allá de la exageración proselitista que incluso tiñe el texto del decreto, lo cierto es que la Comuna sí cuenta con personal disponible para realizar los controles, aunque de cualquier modo prefiere tercerizarlos... sobre todo teniendo en cuenta que al menos uno de los contratados trabaja para una de las empresas que ganaron la licitación 

Sucede que uno de los profesionales, Miriam Yagüe, es representante técnica de la Cooperativa de Vivienda, Obras y Servicios Públicos (COVINE), que a la vez es una de las tres adjudicatarias de la obra en Los Malvones y también tendrá parte en la remodelación de la Plaza Dardo Rocha, que son precisamente dos de las obras que la arquitecta deberá controlar contratada y pagada por la Municipalidad. La arquitecta recientemente apareció en medios de comunicación locales anunciando la construcción de dos barrios en Necochea y Quequén.

De ese modo, la gestión Rojas sigue fiel a su impronta de mostrarse de los "dos lados del mostrador", incluso para contratar terceros. Las críticas sobre Rojas por esta práctica han sido una constante en toda su carrera, mostrando el caso más paradigmático cuando el intendente era concejal y a la vez presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén votando en cuestiones que presentaban por lo menos una incompatibilidad moral para tomar decisiones. 

Orden de Pago por Los Malvones

Mientras decreta la contratación objetable, la Comuna además avanza en los pagos a la empresa KOSCO GROUP NECOCHEA, para iniciar la mencionada urbanización en Los Malvones.

La obra, con un plazo de 8 meses de ejecución, ya tiene un primer pago librado cuando recién está instalado el obrador y el cartel anunciando los trabajos. La gestión Rojas ordenó a la contaduría librar un pago de 30 millones de pesos para la obra a través del decreto 2733, también del 27 de septiembre, el jefe comunal aprobó el pago.