Gygli sobre la tasa portuaria: “Estábamos obligados a recurrir a la Justicia”
Un día después de que el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) rechazara los embargos judiciales contra terminales portuarias y empresas agroexportadoras mediante un comunicado enviado a los medios, el secretario general de la Municipalidad de Necochea, Mario Gygly expresó que “tuvimos que recurrir a la justicia, y estábamos obligados a hacerlo porque si no caíamos en un incumplimiento como funcionarios públicos porque se trata de una obligación por ley”.
La comuna le reclama a unas 28 empresas exportadoras el monto de 130 millones de pesos más intereses, una suma que llegaría a los 200 millones por el uso de la red vial de la ciudad para actividades portuarias aprobado en 2015 por el Honorable Concejo Deliberante, antes de que el intendente Facundo López asuma su cargo al frente de la comuna.
Al respecto, Gygli expresó que “hubo una ordenanza vigente durante más de dos años. Y hay que entender que la tasa es algo que cobra el municipio, que lo hace a cambio de una contraprestación, como la más conocida que cobramos que es la de barrido, alumbrado y limpieza o la de seguridad e higiene que abonan los comerciantes. Y con esta debería pasar lo mismo” e indicó que “esta en particular, y que deberían pagar las agroexportadoras, es por el uso de la infraestructura asfáltica, porque es sabido que el lógico ida y vuelta de los caminos destroza el asfalto, entre otro sinnúmeros de consecuencias que se suceden”.
El secretario de la intendencia remarcó que las empresas “se negaron a pagarla siempre, y eso que tuvimos diálogo con diferentes actores, tanto acá como en Buenos Aires, para llegar a buen puerto y que el municipio pudiera percibir esa suma que deben”.
Y agregó: “En definitiva, tuvimos que recurrir a la justicia, y estábamos obligados a hacerlo porque si no caíamos en un incumplimiento como funcionarios públicos porque se trata de una obligación por ley”.
En cuanto al futuro legal, afirmó que “una vez que paguen se habrá extinguido la obligación” para reconocer que “la voluntad o la falta de voluntad en el pago ya quedó expresada en las declaraciones de la época, en la que las exportadoras han tenido siempre la misma conducta de tratar de no pagar”.
“La Justicia va a actuar en consecuencia y ajustada a derecho, porque si existió una ordenanza vigente no hay motivo para que no se cumpla”, advirtió luego, al tiempo que admitió que “acá hubo una decisión política que tomamos desde el municipio. Y hay que saber que queremos que cada uno cumpla con sus obligaciones, los vecinos y las empresas”.
Para cerrar, aseveró que “no hay que olvidarse que Arturo Rojas no solo aprobó la implementación de esta tasa, sino que también fue uno de los que elaboró el proyecto. Ahora está guardando un silencio por lo menos incómodo. Y dice que quiere ser Intendente, pero cuando llega el momento de defender los intereses de los necochenses prefiere defender el de unos pocos”.
