Tasa Portuaria: Acusaron directamente a concejales de defender los intereses de las exportadoras
El cobro de la Tasa Portuaria se presenta en la agenda de las campañas electorales como un tema central en estos días, dado que no solo se da en el contexto de un complicado panorama económico financiero para la Comuna, sino que además señala el enfrentamiento abierto entre los intereses del estado municipal como ente recaudador y el modelo agroexportador asociado al gobierno de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri que se propone desde la campaña de Arturo Rojas como candidato a intendente y presidente del consorcio portuario que centraliza la actividad sometida a la tasa.
La intención de cobrar la tasa llevó a la Comuna a la decisión de pedir el embargo de las cuentas de 28 exportadoras sometidas a la tasa, cuyo monto total (deuda más intereses) asciende a cerca de 200 millones de pesos.
Con 6 empresas que ya comenzaron a tramitar el pago, la Cámara de Exportadores y el CIARA solicitaron una medida cautelar para detener los apremios por los que la Comuna avanzó en el cobro y el Juzgado Contencioso Administrativo se la negó. La solicitud abarcaba a 14 de las 28 empresas intimadas.
A todo eso se refirieron en una conferencia de prensa realizada esta mañana en el Palacio Municipal el secretario de Gobierno Mario Gygli, junto al subsecretario de Legal y Técnica, Marcos Migdal, y el concejal presidente del bloque del FR-1 País, Diego López Rodríguez.
El subsecretario de Legal y Técnica, Marcos Migdal, señaló que el "buen criterio” del juez Carlos Herrera rechazando la cautelar solicitada por las empresas y que hubiera impedido al municipio proseguir con los juicios, ampliar apremios o iniciar nuevos para conseguir cobrar la deuda de las exportadoras.
“Es importante resaltar que esto ya había sido juzgado y rechazado”, indicó el letrado, agregando sobre ello que “para reiterar la medida judicial hay que alegar hechos nuevos, y los manifestados por las empresas son la derogación de la medida cautelar y la presentación de una minuta de comunicación que efectuó el Concejo Deliberante, en manos del bloque Cambiemos Fe, con fecha 16 de septiembre”.
Siguiendo esa línea de relato, el secretario de Gobierno Mario Gygli, manifestó que “las empresas están intentando eludir el pago de una ordenanza que estuvo vigente por más de dos años y que ha generado una acreencia para el municipio que nosotros estimamos en varios cientos de millones de pesos”.
“Lo que queremos destacar es que, evidentemente, los ediles del bloque Cambiemos – Fe son los que aportan los elementos para defender a las empresas, cuando se entiende que han sido elegidos por la población para defender los intereses de Necochea”, subrayó el funcionario.
Asimismo, resaltó que “nuestra obligación y deber como funcionarios públicos y representantes del municipio es llevar adelante ese pago”. Y en ese contexto: “llama la atención que aparezca en un expediente judicial una minuta interna de comunicación, es bueno saber dónde y para quién juega cada uno”; como también “ver a algunos candidatos a concejales escandalizados y defendiendo a las empresas en contra de los intereses de la ciudad de Necochea”, porque “es el Estado público el que está reclamando”.
