Milei vetó la Ley de financiamiento universitario tras la multitudinaria marcha
En una decisión que generó un amplio debate en la sociedad argentina, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario justo horas antes de una masiva marcha que se concentró en el Congreso Nacional. Este veto, anunciado el miércoles por la tarde y confirmado con la publicación del decreto 879/2024 en el Boletín Oficial, reavivó tensiones entre el Ejecutivo y diversos sectores políticos y sociales que defienden el acceso y la calidad de la educación pública en el país.
El veto de Milei se produce en un contexto donde la ley había sido aprobada el 12 de septiembre por la Cámara de Senadores, con el respaldo de una coalición que incluía a senadores kirchneristas, miembros de la UCR, bloques federales, y algunos senadores del PRO, como Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri. Sin embargo, los representantes de La Libertad Avanza, el partido del presidente, votaron en contra, junto con el apoyo de tres senadores macristas.
El mandatario había anticipado su decisión de rechazar el proyecto, argumentando que afectaría el equilibrio fiscal del país. Esta afirmación fue central en la justificación del veto, ya que Milei argumenta que el proyecto no considera el impacto fiscal de la medida ni determina adecuadamente su financiamiento.
La ley de financiamiento universitario en cuestión proponía una actualización del presupuesto universitario basado en la inflación, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). También contemplaba una indexación bimestral que combinaba variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), del dólar y de las tarifas de servicios públicos, buscando garantizar una respuesta adecuada a la dinámica económica del país.
Adicionalmente, la ley incluía una recomposición salarial para docentes y personal no docente, aunque esta sería subsidiaria a las negociaciones paritarias colectivas. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de esta ley implicaría un costo fiscal de aproximadamente $738.595 millones, equivalente a un 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI).
Sin embargo, el decreto 879/2024 sostiene que este gasto podría poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Según el texto del decreto, la implementación de la ley demandaría “fuentes de financiamiento extraordinarias, imprevistas”, lo que dificultaría aún más la ya frágil situación económica del país.
Los Argumentos del Gobierno
El decreto de veto expone que el proyecto es “manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente”, señalando que no contempla el impacto fiscal y carece de una fuente de financiamiento clara. Se argumenta que el presupuesto en ejecución de la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, no incluye los créditos necesarios para atender el gasto asociado a la ley. Esto significaría que su implementación requeriría aportes adicionales del Tesoro Nacional, un hecho que el gobierno considera insostenible.
El monto adicional requerido podría ascender a $250 mil millones, abarcando varias partidas del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”. Además, el decreto menciona que la eventual aplicación de la ley conllevaría un gasto adicional cercano a los $811.569 millones, lo que reitera la preocupación del gobierno por la estabilidad fiscal.
La Controversia sobre los Salarios
Otro de los puntos más debatidos en el marco de esta ley es la propuesta de aumento salarial para el personal docente, que superaría los incrementos ofrecidos al resto del personal de la administración pública. Se plantea que este aumento significaría un “privilegio” para los docentes universitarios, quienes verían un incremento de hasta el 87% entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, en comparación con un 78% para el resto de los empleados públicos en el mismo período.
Esta diferencia ha sido objeto de críticas, y se argumenta que debe haber igualdad en la negociación colectiva de trabajo. El gobierno sostiene que permitir este aumento de manera unilateral podría desvirtuar la formulación presupuestaria y crear prácticas perjudiciales que comprometan la sostenibilidad financiera del Estado.
La decisión de Milei ha suscitado reacciones airadas tanto en el ámbito político como en el educativo. Líderes de la oposición y representantes de universidades nacionales han manifestado su descontento, argumentando que el veto perpetúa una crisis en el financiamiento de la educación pública, crucial para el desarrollo y el bienestar social. La comunidad educativa, que se movilizó enérgicamente en defensa de la ley, ve en este veto un ataque directo a la calidad y el acceso a la educación superior en Argentina.
A medida que el debate se intensifica, es evidente que la tensión entre el gobierno y las instituciones educativas no se limitará a este veto. La falta de financiamiento adecuado podría llevar a una nueva crisis en el sistema educativo, que ya enfrenta desafíos significativos. La incertidumbre económica y el manejo fiscal del gobierno podrían continuar siendo temas de discusión en el ámbito político y social, a medida que la comunidad educativa exige respuestas y soluciones concretas para garantizar la educación pública.
