Desalojo Económico: 1 de cada 4 inquilinos tuvo que abandonar su vivienda por no poder afrontar el precio del alquiler

En un panorama alarmante para los inquilinos en Argentina, un reciente informe de la organización Inquilinos Agrupados revela que el 26,7% de los arrendatarios se vio obligado a mudarse en los últimos tres meses debido a la incapacidad de afrontar el costo del alquiler. Este dato, que se repite en informes previos de enero, marzo y junio, pone de manifiesto un fenómeno que se ha acentuado en los últimos años: el aumento desmedido de los precios de alquiler, acompañado por plazos de contrato más reducidos y condiciones de actualización que ignoran el contexto económico de los hogares.

Los investigadores del informe subrayan que el actual sistema de alquiler ha llevado a muchos inquilinos a endeudarse para poder cubrir los gastos básicos relacionados con la vivienda. La situación se ha agravado desde noviembre de 2023, cuando se comenzó a notar una desprotección creciente para los arrendatarios. Solo el 14,8% de los inquilinos actualmente cuenta con contratos que cumplen con las estipulaciones de la ley de alquileres, que establece un plazo de tres años y una actualización anual basada en el Índice de Contratos de Locación. Esta situación resalta la fragilidad del marco regulatorio en el que operan la mayoría de los inquilinos.

INFORME NACIONAL SITUACIÓN INQUILINOS - SEP 2024
Inquilinos Agrupados

??Desalojo Económico: El 26,7% de los encuestados (1 de cada 4 inquilinos/as) indicó que tuvo que abandonar la vivienda por no poder afrontar el precio del alquiler. De este universo, el 92% (+)

— Inquilinos Agrupados (@InquilinosAgrup) September 29, 2024

Un dato particularmente preocupante es que, según el informe, el 44,5% de los ingresos de los hogares inquilinos se destina a pagar el alquiler y las expensas, sin tener en cuenta impuestos y tarifas de servicios. Para aquellos contratos que comenzaron después de la entrada en vigencia del DNU 70/2023, este porcentaje asciende al 49,8%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se observa que los inquilinos con contratos iniciados en 2024 bajo este decreto pagan aproximadamente un 35% más que aquellos que firmaron bajo la ley de alquileres anterior.

Además, el informe revela un cambio significativo en las condiciones de los contratos. En los acuerdos firmados a partir del DNU, solo el 7,2% respeta el plazo de tres años, mientras que los contratos de corto plazo han aumentado notablemente. Actualmente, el 17,1% de los contratos tienen una duración de un año o menos, y el 59,9% son de entre uno y dos años. Este cambio indica una tendencia hacia la inestabilidad en el mercado de alquileres, que perjudica tanto a los inquilinos como a los propietarios.

La falta de regulación se traduce en una creciente preocupación entre los inquilinos. Más del 80% de los encuestados señala que la situación de la vivienda y la evolución de sus salarios son sus principales fuentes de inquietud. Además, un alarmante 42,2% de los inquilinos cree que tendrá dificultades para afrontar el alquiler en los próximos meses, y otro 46,7% considera que podría enfrentar problemas similares. Solo un 12% se siente seguro de poder cumplir con sus obligaciones.

La carga de las deudas también es significativa: el 64,6% de los hogares inquilinos se encuentra actualmente en deuda, mientras que un 5% se encuentra desempleado. La mayoría de los encuestados, un 80,3%, tiene un vínculo cercano en búsqueda de empleo, lo que refleja la precariedad laboral que afecta a muchos jóvenes. De hecho, la edad promedio de emancipación se sitúa entre los 26 y 30 años, lo que indica una fuerte conexión entre las condiciones laborales de los menores de 25 años y las exigencias del mercado inmobiliario, como requisitos que a menudo exigen ingresos que triplican el valor del alquiler y antigüedad laboral.

Este contexto de crisis no solo afecta a los inquilinos, sino que también pone en riesgo la estabilidad social y económica de muchas familias argentinas. La incapacidad de acceder a viviendas asequibles puede llevar a una mayor marginación y a la perpetuación de ciclos de pobreza. Por lo tanto, se hace urgente que las autoridades competentes tomen medidas efectivas para regular el mercado de alquileres, protegiendo así los derechos de los inquilinos y asegurando condiciones justas y accesibles para la vivienda.

Es evidente que, sin cambios estructurales significativos, el futuro del mercado de alquiler en Argentina sigue siendo incierto y preocupante. La defensa de los derechos de los inquilinos debe convertirse en una prioridad en la agenda pública, y las políticas habitacionales deben orientarse a garantizar que todas las personas puedan acceder a un hogar digno, sin que esto implique un sacrificio desmedido de sus recursos económicos. En este sentido, el desafío es monumental y requiere un compromiso serio de parte de todos los actores involucrados en la búsqueda de soluciones sostenibles.