El Gobierno endureció el acceso a las pensiones por invalidez: Nuevos requisitos y auditorías exhaustivas

Este lunes, el Gobierno nacional oficializó una resolución que restringe y endurece los criterios para acceder a las pensiones no contributivas por invalidez. Esta decisión surge a raíz de una auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que reveló "inconsistencias alarmantes" en la base de datos de los beneficiarios.

Según los resultados preliminares de la auditoría, que revisó las primeras 10.900 pensiones de un total de más de 330.000 otorgadas en la región metropolitana, se detectó que la mayoría de los beneficiarios no reside en el domicilio declarado y menos del 50% cumple con los requisitos establecidos para recibir la prestación. Estas irregularidades impulsaron al Gobierno a modificar las condiciones para acceder a las pensiones, buscando optimizar el uso de los recursos destinados a las personas con discapacidad.

Auditoría y justificación oficial

El artículo 3 del decreto 843, publicado en el Boletín Oficial, establece que las pensiones no contributivas por invalidez laboral ahora estarán sujetas a una revisión médica y socioeconómica, y que su otorgamiento podrá requerir una revalidación según lo disponga la autoridad competente.

La argumentación oficial destaca que se han estado utilizando fondos públicos destinados a personas que realmente no cumplen con las condiciones para acceder a este tipo de prestación. En palabras del decreto: “Al convalidarse, en forma generalizada y sin recaudo alguno, la utilización de fondos destinados a quienes por su incapacidad se ven imposibilitados para trabajar, en personas que no presentan tal condición, se dilapidan recursos del Estado”.

En consecuencia, el Gobierno considera necesario restaurar los requisitos que aseguren que los beneficiarios de las pensiones no contributivas por invalidez realmente se encuentren incapacitados de manera total y permanente. Esto incluye que no posean un empleo formal ni se encuentren inscriptos en el Régimen General o Simplificado vigente.

Los nuevos requisitos para acceder a la pensión

A partir de esta resolución, las personas que deseen solicitar una pensión no contributiva por invalidez deberán cumplir con una serie de requisitos más estrictos. Entre ellos, se destacan los siguientes:

1. Incapacidad total y permanente: Se considerará que una persona está incapacitada de manera total si presenta una disminución del 66% o más en su capacidad laborativa. Para acreditar esta condición, será necesario presentar un Certificado Médico Oficial (CMO) acompañado de la documentación médica correspondiente, en el que se detalle la patología y el grado de incapacidad. El certificado deberá estar firmado por un profesional médico de un establecimiento sanitario oficial o de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

2. Ausencia de vínculo laboral formal: Los solicitantes no deben poseer un empleo formal ni estar inscriptos en ningún régimen laboral vigente, tanto en el Régimen General como en el Simplificado.

3. Acreditación de identidad: Será imprescindible que los beneficiarios acrediten su identidad, edad y nacionalidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

4. Residencia en el país: Los solicitantes deberán ser argentinos nativos o naturalizados y residir en el país. En el caso de los naturalizados, deberán acreditar una residencia continuada de al menos tres años previos a la solicitud del beneficio. Para las personas extranjeras, el requisito será una residencia mínima de diez años en el país, y deberá ser probada con el DNI para extranjeros.

5. Condiciones socioeconómicas: El solicitante no debe estar amparado por ningún régimen de previsión o retiro permanente, ni recibir una pensión contributiva o no contributiva. Tampoco podrá tener parientes o cónyuge que estén legalmente obligados a proporcionarle alimentos, o que, en caso de tenerlos, estos no cuenten con los recursos suficientes para su subsistencia. Asimismo, Andis será responsable de establecer los criterios socioeconómicos para evaluar el cumplimiento de este requisito.

6. Ausencia de bienes e ingresos: Las personas que soliciten la pensión no deben poseer bienes, ingresos o recursos suficientes para su sustento. Esta condición será evaluada mediante los criterios establecidos por Andis.

7. No encontrarse detenido: Otro de los requisitos es que el solicitante no debe estar detenido en establecimientos penitenciarios o bajo la disposición de la Justicia.

Implicancias sociales y económicas

La decisión de limitar el acceso a las pensiones por invalidez, aunque busca garantizar un uso más eficiente de los recursos del Estado, podría generar un fuerte impacto en varios sectores de la población. Según estimaciones, miles de personas podrían perder el acceso a este tipo de prestación debido a las nuevas exigencias.

Al mismo tiempo, el Gobierno ha defendido la medida señalando que estas modificaciones son necesarias para asegurar que los fondos lleguen realmente a quienes los necesitan y no se desvíen hacia personas que no cumplen con las condiciones requeridas.

El debate sobre la inclusión y la justicia social

Este tipo de resoluciones abre el debate sobre el equilibrio entre la inclusión social y la necesidad de controlar los recursos estatales. Si bien es fundamental que los beneficios lleguen a quienes verdaderamente los necesitan, también es importante que los mecanismos de control no terminen perjudicando a personas vulnerables.

Con las nuevas auditorías y revisiones, el Gobierno apunta a eliminar irregularidades, pero también se enfrentará a la tarea de garantizar que el proceso de acceso a las pensiones por invalidez sea justo, inclusivo y no excluya a quienes realmente requieren de esta asistencia para sobrevivir.