Javier Milei y "todos los Involucrados en el DNU" denunciados penalmente por abuso de autoridad y otros delitos
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha emprendido una acción legal contra el presidente Javier Milei, y aquellos vinculados a la elaboración del reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se erige como un capítulo controversial que sacude el escenario nacional. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, anunció públicamente la decisión de la asociación, detallando que la denuncia se basa en acusaciones de abuso de autoridad y otros delitos, enmarcados en el código penal argentino.
"Desde la Asociación de Trabajadores del Estado, hemos decidido emprender una denuncia penal contra el presidente Milei y todos los involucrados en el DNU", expresó Aguiar a través de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter. Las acusaciones se sustentan en la presunta comisión de varios delitos, destacando el abuso de autoridad y la usurpación de autoridad, ambos contemplados en el código penal. Aguiar, enérgico en sus declaraciones, agregó que la denuncia se apoya en el artículo 29 de la Constitución Nacional, que establece la responsabilidad y la pena para aquellos que ejerzan actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o coloquen al Presidente en una posición de supremacía.
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— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) December 26, 2023
Desde ATE hemos decidido denunciar penalmente al Presidente Milei y a todos los involucrados en el DNU.
Por la comisión de varios delitos:
• Abuso de Autoridad, previstos y reprimidos en el art. 248 del C.P.,
• Usurpación de Autoridad (art. 243, inc. 3,…
Enfatizando la gravedad de la situación, Aguiar subrayó que la legislación penal vigente castiga a cualquier funcionario que dicte resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. En este contexto, argumentó que tanto el Presidente como los coautores del DNU están implicados en una conducta ilícita. "Aunque se trate del Presidente, no puede asumir facultades extraordinarias ni pretender la suma del poder público. Es por eso que, convencidos de que las medidas del Poder Ejecutivo están afectando ilegalmente a la ciudadanía, hemos decidido presentar esta denuncia", concluyó Aguiar.
La denuncia, formalmente presentada, ha sido asignada al Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2, bajo la dirección de Sebastián Ramos, según informaron fuentes judiciales a la agencia Télam. Esta acción legal se suma a otras cuatro presentaciones de amparo realizadas en la jurisdicción contencioso-administrativa.
El pasado sábado, el juez federal Esteban Furnari tomó un paso significativo al admitir el tratamiento del primer amparo colectivo presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho de la Ciudad contra el megadecreto firmado por Javier Milei. Este proceso colectivo, según el juez, no implica un pronunciamiento sobre la admisibilidad del caso, sino que permite consolidar todas las demandas en un único proceso.
Furnari ordenó la inscripción del amparo en el Registro de Procesos Colectivos, marcando el inicio de un camino legal que podría tener implicaciones profundas en la política nacional. Aunque este paso no determina la validez de las acusaciones contra el DNU, sí establece un marco legal para su evaluación. El Estado nacional, en calidad de demandado, deberá responder a los cuestionamientos derivados de la firma del DNU, que busca alterar la regulación económica.
Para llegar a una resolución, el juez llevará a cabo una serie de medidas de prueba, abriendo la puerta a un proceso legal que podría redefinir la naturaleza y alcance del DNU. La admisión del proceso colectivo impide la presentación de otras acciones similares, consolidando los casos en uno solo. En caso de que el proceso sea rechazado, se establecería una situación de cosa juzgada para todas las partes involucradas.
La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, impulsora de la demanda, argumenta que el decreto presidencial viola principios fundamentales, como la división de poderes y el bicameralismo establecido en la Constitución. Claudio Lozano, economista y exdirector del Banco Nación, respalda la demanda junto a los líderes sindicales de ATE Hugo "Cachorro" Godoy y Rodolfo Aguiar, este último también figura como impulsor de la reciente denuncia penal.
La demanda, meticulosamente elaborada, sostiene que el DNU va más allá de abordar situaciones coyunturales y transitorias de emergencia. Más bien, busca establecer un nuevo rumbo social y económico de manera permanente. Los demandantes argumentan que el alcance masivo del DNU, que afecta a 83 leyes, es incompatible con la excepcionalidad exigida por la Constitución. Se destaca que el decreto no responde a circunstancias excepcionales que justifiquen su tratamiento urgente, y se critica la falta de espera para que el Congreso evalúe la propuesta y el nuevo rumbo propuesto.
"Estamos frente a un mega DNU que, por su alcance masivo, es incompatible con la excepcionalidad exigida por la Constitución", cuestiona el texto de la demanda. Concluye enfatizando que la Constitución Nacional no autoriza el uso de DNU para propósitos que corresponden esencialmente al Congreso de la Nación.
En este tenso escenario legal, la denuncia penal y el amparo colectivo emergen como herramientas clave para cuestionar la legitimidad y legalidad de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo. La resolución de estos procesos judiciales podría tener consecuencias significativas no solo para el presidente Milei y los involucrados en la redacción del DNU, sino también para el futuro de la utilización de decretos de necesidad y urgencia en Argentina.
