El Gobierno dio de baja 7000 contratos de trabajadores estatales y ATE anunció una movilización

En las últimas dos semanas, el presidente Javier Milei ha marcado un rumbo firme hacia la aplicación de un plan de ajuste que ha generado intensos debates y tensiones en la sociedad argentina. En su afán por llevar adelante medidas de shock, el Gobierno dio un golpe de efecto al dar de baja 7000 contratos de trabajadores estatales, desatando la indignación y movilización del gremio ATE.

La escalada de medidas comenzó con la publicación de un DNU días atrás y un paquete de reformas que se debatirá en el Congreso en sesiones extraordinarias a partir de este martes. Sin embargo, el presidente ha adelantado que estas acciones son solo el comienzo de un conjunto más amplio de medidas que pretende implementar.

El decreto en cuestión revoca los contratos de 7000 empleados estatales que ingresaron a sus funciones durante el presente año. Esta decisión, que se traduce en la no renovación de los vínculos laborales, se suma a un periodo de evaluación de 90 días para el resto de los contratos estatales. La medida ha sido recibida con fuertes críticas, y el gremio de estatales ATE ha convocado a una movilización en protesta contra este decreto.

El Decreto de Necesidad y Urgencia, firmado por Milei y publicado en el Boletín Oficial, establece algunas excepciones a la rescisión de contratos. Entre ellas se encuentran los cupos regulados por ley, las protecciones especiales, el personal que haya prestado servicios antes del 1° de enero de 2023 y que haya modificado su modalidad de contratación, así como los contratos considerados indispensables para el funcionamiento de la jurisdicción, según la evaluación de los titulares de las jurisdicciones correspondientes.

Además, se establece que los contratos estatales con fecha de ingreso previa al 1° de enero de 2023 no podrán ser renovados por un periodo mayor a los noventa días corridos. En el artículo 4° del decreto se instruye a las autoridades competentes de cada jurisdicción mencionada en el artículo 1° a realizar un relevamiento exhaustivo del personal contratado con fecha de ingreso anterior a enero de 2023, con el objetivo de evaluar la renovación de los contratos.

En caso de que las autoridades decidan renovar dichos contratos, se les exige fundamentar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación. La medida, según la administración, busca racionalizar recursos y revisar todas las contrataciones efectuadas en el marco de la modificación de la ley de Ministerios a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 8 del 10 de diciembre de 2023, que redujo a solo nueve carteras con el objetivo de impulsar la desregulación económica.

La amplitud de la medida alcanza a los empleados transitorios y a toda otra modalidad de contratación que concluya a fines de 2023, afectando a la administración nacional y a los entes públicos, incluidos organismos importantes como la ANSeS, el PAMI y la AFIP.

Junto con la oficialización de esta medida, el Gobierno enviará al Congreso un paquete de normativas que busca profundizar las reformas del Estado, dando continuidad a la línea marcada por el DNU con 300 derogaciones para avanzar en la desregulación de la economía.

Ante esta situación, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) no tardó en reaccionar y convocó a una movilización para expresar su rechazo a los despidos masivos propiciados por el decreto presidencial. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, fue claro al declarar: “Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido”.

La movilización está programada para el miércoles, con un punto de encuentro a las 11 en Talcahuano y Lavalle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente al Palacio de Justicia de la Nación. A nivel nacional, se anticipan paros, movilizaciones, asambleas y cortes de ruta como parte de la protesta.

Rodolfo Aguiar aprovechó la convocatoria para advertir que el gremio profundizará las medidas de fuerza si el Gobierno persiste en estos despidos. En sus palabras, dejó claro que la responsabilidad de la afectación a la paz social recae en un Gobierno que pretende dejar a miles de familias en la calle.

“No se nos podrá acusar de atentar contra la gobernabilidad. Está claro que la paz social la está quebrantando un Gobierno que pretende dejar a miles de familias en la calle”, declaró Aguiar, resaltando que cualquier despido en el Estado se traduce en una pérdida de derechos para toda la sociedad.

La resistencia de ATE y la convocatoria a la movilización evidencian las tensiones y descontento generado por las medidas de ajuste impulsadas por el Gobierno. A medida que se intensifican las acciones y la sociedad reacciona, queda por verse cómo evolucionará este panorama y si el Congreso respaldará o cuestionará las reformas propuestas.