Otro expediente perdido: ¿El HCD encubre al intendente cuestionado por el derrumbe en Pierdoce?
Esta semana se celebró en el seno del Concejo Deliberante de Necochea una nueva reunión de la Comisión de Medio ambiente que preside la concejal radical Felicitas Cabretón, avanzando en un pedido de informes sobre el derrumbe de la línea de carga de la planta de fertilizantes de sitios 11 y 12.
El pedido de informes surgió a raíz de la honda preocupación que existe por posibles accidentes en el puerto, donde la mezcla entre fertilizantes y combustibles de la Central Termoeléctrica podría causar una explosión que afecte a toda la ciudad, como sucedió en agosto del 2020 con la explosión de un acopio de fertilizantes en el puerto de Beirut, que dejó semidestruída buena parte de la capital de El Líbano.
En Necochea, la posibilidad de que se produzca un suceso de esa magnitud no es una ocurrencia caprichosa (o con intencionalidad política alguna) de quienes protestan: en 2017, mientras la planta de acopio de Pierdoce en sitios 11 y 12 de Puerto Quequén se encontraba paralizada por un amparo judicial, la central termoeléctrica derramó accidentalmente combustible en el río, anticipando a toda la población que había posibilidades reales de que un accidente mezclara fertilizantes y fuel oil creando un potente explosivo conocido como ANFO.
Al día de hoy las organizaciones ambientalistas de la ciudad insisten en que la instalación de la planta de fertilizantes de Pierdoce no cumple con la ley ambiental vigente y han señalado sostenidamente la responsabilidad del actual intendente Arturo Rojas como uno de los propaladores y garantes del proyecto. Aunque en reiteradas oportunidades Rojas señaló que todo estaba en regla, a pocos meses de inaugurarse, la planta sufrió un accidente grave que evidenció que los temores no son infundados.
Con el antecedente del derrame del 2017 y el grave accidente en Pierdoce se reavivó la preocupación por el riesgo de explosión. El episodio en Beirut resonó a nivel mundial, aunque el posterior accidente casi un año después en nuestra terminal portuaria apenas si mereció comentarios de la prensa local, como si no hubiera razones para vincular el riesgo local advertido (y la responsabilidad del actual intendente en el asunto) con la tragedia de la capital libanesa.
En ese contexto es que en el Concejo Deliberante se presentó una minuta de comunicación en el que se solicitaba al Ejecutivo Municipal que informara a través de su delegado en Puerto Quequén el "tipo de producto derramado y cuales han sido las medidas de contención y/o de protección llevadas adelante".
El pedido de los concejales, aprobado en julio del año pasado, solicitaba además la "Declaración de Impacto Ambiental, Plan de Gestión Ambiental y Aprobación de Obra Civil de la empresa Pier Doce S.A", además de las resoluciones de OPDS que se usaron para argumentar el permiso. El pedido de los concejales, impulsado por la UCR, solicitaba además saber las acciones llevadas adelante por el Municipio una vez producido el accidente.
Lo que sucedió luego es insólito y activó sospechas acerca de la posibilidad que el propio Concejo Deliberante o el Ejecutivo estuviera tratando de encubrir las responsabilidades de una situación que es uno de los mayores riesgos ambientales de la ciudad, con una verdadera bomba de tiempo esperando detonarse: no se sabe bien cómo, pero el pedido de informes se perdió, retrasando prácticamente todo un año la gestión.
Sospechoso
Todo el expediente tuvo que ser reelaborado y reiniciar el circuito por las oficinas del Ejecutivo, que de cualquier manera no ofreció ninguna respuesta. Según consta en el expediente 4508/2021, tuvo que hacerse una copia duplicada porque el original se perdió en la Secretaría Privada. Aunque no hubo mayores explicaciones sobre lo que sucedió con el expediente, la respuesta que luego brindó el Ejecutivo sobre el duplicado no aclaró ni aportó nada.
Tras el escollo, la Comisión de Medio Ambiente recibió la respuesta un año después, pero no como se había solicitado: la respuesta no la dio el delegado municipal en el puerto como se solicitó, sino que el Ejecutivo brindó respuesta a través de la Secretaría de Obras Públicas señalando que ni la dirección de Medio Ambiente ni la Dirección de Obras Privadas sabían nada de la cuestión.
Nota aparte: el expediente se habría perdido en el ámbito de la Secretaría Privada del intendente, que actualmente está en manos de Marcela Gandur, quien también fuera secretaria del intendente cuando éste era presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. El intendente hizo campaña electoral con Pierdoce, anunciando la construcción de un nuevo muelle como un símbolo de sus gestiones.
Los vínculos entre el expediente que se pierde y las consecuencias de la publicación de la información solicitada configuran el plafón de todas las sospechas.
Así las cosas, no sólo se retrasó un año un simple pedido de informes sino que además la respuesta lejos de aclarar el panorama solamente sembró más dudas acerca de las razones por las cuales se perdió primero el expediente y luego directamente no se respondió como correspondía.
Obviamente la respuesta insatisfactoria tiene tintes políticos: hasta el día de hoy el intendente Rojas no ha dado respuesta alguna sobre lo que pasó en Pierdoce y ha deslindado sus responsabilidades con ataques mediáticos señalando la responsabilidad de terceros. En este caso, los medios afines al municipio cargaron las tintas sobre Jorge "Pampa" Álvaro, actual presidente del CGPQ que nada tuvo que ver con los permisos que gestionó Rojas para Pierdoce.
Panorama oculto y muy peligroso
El peligro y el riesgo es grande y no es lejano, algo que las organizaciones ambientalistas de la ciudad hanb advertido reiteradamente y que incluso los llevó a solicitar acciones de amparo que detuvieron las obras de la planta de acopio por 8 meses. El entuerto fue el primer enfrentamiento abierto que tuvo Arturo Rojas con agrupaciones ambientalistas, lo que luego continuó con chicanas y descalificaciones mediáticas hacia los vecinos cuando llegó a la intendencia identificando al ambientalismo como "La Ciudad del No".
Por todas las dudas planteadas es que la Comisión de Medio Ambiente buscará profundizar nuevamente en la cuestión, dilatada por el Ejecutivo por sus implicancias directas. La situación empeora aún más cuando se analiza un expediente paralelo sobre el derrame de fuel oil de Centrales de la Costa en 2017: la empresa admitió varias irregularidades en su funcionamiento e incluso argumentó que el accidente se produjo porque directamente desconocía la existencia de algunas conexiones subterraneas en sus drenajes.
De hecho, la empresa reconoció irregularidades también en el manejo de pozos de agua para usar en la producción de energía, algo que consta en el informe elaborado sobre el derrame en 2017, algo que mantiene la preocupación latente.
El pedido de informes primero se perdió y luego directamente no recibió la respuesta de la manera que se solicitó, lo que expresa a las claras una falta de transparencia en el trabajo de Arturo Rojas al frente de la Comuna, cuya práctica capciosa en casi todas las gestiones que realiza ya son una marca peligrosa, no ya para el desarrollo de la ciudad, sino para su supervivencia.
