Transparencia 0: Desaparecieron 16 decretos y 7 resoluciones de la web de la Muni

La práctica de la gestión transparente fue una de las promesas que realizó el intendente Arturo Rojas desde su campaña electoral en 2019 y representó uno de los pilares de su discurso, que en ese momento respondía a acusaciones contra su antecesor por presunta corrupción propaladas desde su aparato de campaña (que luego se transformó en el aparato de prensa municipal).

En los hechos, la promesa repetida hasta el cansancio nunca terminó de corporizarse. Tal es así que la práctica del comunicado capcioso, la operación de prensa contra adversarios y el uso sistemático de datos blandos y opiniones autorizadas son moneda corriente para la gestión, haciendo que sus métodos de comunicación cuestionables sean casi la única característica notable del período que lleva el intendente Rojas en el gobierno.

Situaciones como la fiesta clandestina en plena pandemia (que tenía como antecedente un presunto asado del jefe comunal); la vacunación VIP por la que el Ejecutivo torció el espíritu de la Ley de Protección de Datos del Paciente para evitar que se revelaran los nombres de varios allegados al gobierno municipal; o los cuestionamientos a negociados espurios para entregar patrimonio público a espaldas de la comunidad en el caso del incendio intencional del Casino o las canchas de tenis en el Vivero Municipal del Parque Miguel Lillo, mostraron a las claras una línea en el que la falta de transparencia es precisamente la regla y no la excepción para el caso de Rojas y algunos de sus funcionarios.

Es tan así que incluso la publicación de las acciones de gobierno, que deben estar expresadas en el Boletín Oficial como una obligación del Departamento Ejecutivo y que fueron implementadas inicialmente durante la gestión de Facundo López, no solo no se está presentando de manera adecuada sino que, más grave aún, está sufriendo algunas omisiones que representan, como poco un error facilmente subsanable y, como grave, la posibilidad que tuvieran algún carácter malicioso para ocultar actos de gobierno que podrían ser impopulares.

Es que en la sección del Boletín Oficial de la página web del municipio, puede encontrarse un listado de decretos y resoluciones que ha emitido el Departamento Ejecutivo desde 2020 hasta la fecha, aunque el listado tiene algunas normas que parecen haber sido omitidas sin razón aparente. 

Se trata puntualmente de 16 decretos y 7 resoluciones que, desde enero hasta la fecha, el Ejecutivo ha decidido remover del listado, omitiéndolos y sacándolos de la vista del público. Los decretos y resoluciones deben ser publicados obligatoriamente para terminar de dar forma a las leyes. En teoría, de no ser públicas esas normas, no entran en vigencia, dado que nadie puede cumplir leyes que desconoce y no están disponibles. Como en Necochea no hay boletin oficial impreso en papel y las publicaciones obligatorias se hacen en la web del municipio, la falta grave podría disparar pedidos de informes en el HCD.

Los decretos y resoluciones faltantes son de diferentes momentos del año, aunque su fecha solo puede presumirse en virtud de la salida de los expedientes que los anteceden o los preceden en el listado. Se trata del decreto 39 (del 6-01); los 225 y 226 (del 28-01); el 650 (de entre el 11 y 14 de marzo); el 692, 693, 704, 709, 715 (del 17-03); 723, 725 y 753 (del 18-03); 817 (del 25-03); 863 (del 29-03); y el 1001 ( de entre el 11 y 12 de abril). Además, en el listado hay dos expedientes del mismo número, el 921, y uno de los dos es el tercer llamado a licitación por los pluviales del Barrio 6 de Febrero, de Quequén, cuyas recientes ofertas duplicaron el presupuesto establecido en los pliegos y probablemente termine cayéndose.

Además 7 resoluciones han sido omitidas: 128 (del 21-01); la 157 y 158; la 175 (27-01); la 264 y 265 (del 20 de febrero) y la 329 (del 25-02).

Hasta el momento el dato no ha provocado consultas formales en el ámbito del Concejo Deliberante, que es el contralor del Ejecutivo para sus acciones, incluída la promulgación de las normas que dicta en el ejercicio del gobierno, aunque podría ser recogida eventualmente por algún bloque, sobre todo aquellos abocados a requerir prácticas transparentes al Ejecutivo.

De impulsarse una investigación por estas prácticas, se podría desencadenar un proceso por incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de los responsables, algo que preve no sólo potenciales condenas a prisión, sino también la inhabilitación para ejercer cargos públicos.