Aspiración de la Nueva Necochea: Recortar la División de Tránsito y que del tema se encargue la Policía Motorizada

Los recortes en todas las áreas municipales dispuestos por el intendente Arturo Rojas tienen la clara finalidad de financiar más eficientemente su campaña en busca de la reelección, por lo que comienzan a verse movimientos que apuntan en esa dirección generando conflictos.

Hasta el momento la quita de servicios había sido más bien visible en el sistema de Salud, donde el municipio en nombre de una "centralización" de sus recursos dispuso el cierre del área de oncología en el Hospital Irurzun y registra movimientos para hacer lo propio con el área de esterilizaciones en el mismo nosocomio. Por los destratos de los funcionarios puestos a dedo por el Ejecutivo, ya se conocieron las renuncias de varios médicos que, por ejemplo, dejaron sin atención clínica al sector 2 del hospital de Necochea.

Ese desastre sanitario, producto de los recortes que impone la gestión de Arturo Rojas bajo la protección de su cada vez más ineficiente aparato de propaganda, tiene su correlato en otras áreas sensibles que los propios empleados se están encargando de denunciar.

Es el caso de la División Municipal de Tránsito, que ha sabido presentar numerosos conflictos en los 3 años que van de la gestión de este intendente, con el incendio del playón de estacionamiento de los vehículos secuestrados en Aguas Corrientes; episodios de violencia entre inspectores y vecinos; y hasta el uso de alcoholímetros vencidos que provocaron el desplazamiento de Julián Corro a cargo del área (luego premiado con un cargo de planta permanente en el Juzgado Municipal de Faltas)

En vistas de los reiterados inconvenientes, la intención (siempre solapada y a espaldas de la mirada pública) es reducir gradualmente el área de Tránsito volviéndola completamente obsoleta y delegando las responsabilidades en la Policía Motorizada, que todavía no ha terminado de instalarse en la ciudad y tendría una sede en el Parque Miguel Lillo.

Este fin de semana pudieron verse por las calles de la Villa Balnearia y el parque a varias motos de la Policía Montada, con el rostro cubierto y escopetas en sus manos, patrullando las calles como si la ciudad se encontrara en estado de sitio. La intención del Ejecutivo no es sólo generar la espectacularidad que busca para emular una respuesta a los reclamos de inseguridad, sino disponer de los efectivos como controladores del tránsito, tarea en la que ha fracasado estrepitosamente.

Para tal fin, el Ejecutivo sigue desfinanciando el área de Tránsito, donde amplió el aparato burocrático por un lado, haciendo ingresar a personal afín al intendente, aunque recortando el gasto en insumos: por las calles de la ciudad pueden verse circunstancialmente a inspectores que ni siquiera tienen uniforme, silbato o handy para dar aviso. A la vez, la falta de combustible o repuestos para los vehículos vuelve complicada la tarea de dar la cobertura necesaria.

Si bien recientemente el Ejecutivo bajó una orden para comprar uniformes y demás, algo que fue tratado en el Honorable Concejo Deliberante, las compras están destinadas a vestir a unos 100 empleados temporarios que el Ejecutivo ha decidido contratar para la temporada de verano para visibilizar la "presencia del Estado" en las calles, un eufemismo para calificar el uso de fondos del Estado Municipal para financiar la campaña reelectoral del intendente Rojas.

A la vez, siguiendo esa línea de acción, de manera gradual se ha dispuesto el pase de personal de Tránsito al Observatorio Vial, un invento del Ejecutivo que desdobló la capacidad de la Comuna de generar información sobre el estado del tránsito en la ciudad: la División de Tránsito lleva un registro diario de los accidentes en los que interviene, por lo que la creación de una oficina extra ha servido principalmente como excusa para que ingrese más personal al municipio y, por el otro, para drenar recursos del área de Tránsito que está siendo gradualmente desmontada.

Los nuevos recortes siguen la lógica del Ejecutivo de una completa falta de transparencia y acciones de carácter autoritario que, más que resolver cualquier inconveniente o problema estructural de la ciudad, apunta a los objetivos del intendente de proyectar una imagen de orden para mantener una impostura que lo mantenga en carrera para la reelección en 2023. En el camino, toda suerte de medidas cosméticas no hacen más que tratar de enaltecer la figura del Ejecutivo, llevándose por delante las necesidades reales de una población que ve otra vez como las aspiraciones políticas del Jefe Comunal se anteponen a sus reclamos de manera sistemática.