Se viene el 8M: Paro feminista contra el gobierno de Milei y para resistir el avance contra la igualdad y los derechos humanos

En una semana marcada por los intentos del gobierno de Javier Milei de prohibir el uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública, las mujeres feministas de toda Argentina han dejado de lado diferencias para coordinar consignas y convocatorias para la concentración y el paro del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Mientras el gobierno sigue menospreciando a las mujeres, como lo hizo recientemente en la Asamblea Legislativa al mencionarlas únicamente para ubicarlas "en sus casas educando a las generaciones futuras", los movimientos feministas se organizan para resistir, convencidos de que los problemas más urgentes por resolver son el hambre y la pobreza.

El impacto de la devaluación, la inflación y la recesión afecta especialmente a las mujeres, quienes son las más perjudicadas por las políticas de ajuste del gobierno de Milei. La llamada "feminización de la pobreza" no es un invento de la "ideología de género", como sostiene la narrativa ultraconservadora, sino una realidad que visibiliza las desigualdades en las condiciones de vida, los derechos y las oportunidades entre hombres y mujeres.

Según un informe del desaparecido Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad publicado hace un año, las mujeres representan el 64% de la población de menores ingresos y ganan un 28,1% menos que los hombres. Además, están más expuestas a trabajos informales que vulneran sus derechos laborales. Según Unicef, la pobreza afecta a 7 de cada 10 familias monomarentales, es decir, a hogares mantenidos solo por mujeres. Estas cifras se agravan cuando tienen hijos, ya que la tasa de empleo cae al 67,4% con un hijo y al 62,5% con dos o más.

Si las mujeres eran las más pobres hace un año, no hay motivos para creer que la situación haya mejorado. Por el contrario, con el ajuste en curso, la situación empeora.

Mientras el gobierno reduce las entregas de alimentos a comedores comunitarios, avanza con el cierre del INADI -una medida criticada incluso por la DAIA- y prohíbe el uso de los femeninos para los grados militares, como el término "capitana", marcando un retroceso en la inclusión de las mujeres en las fuerzas armadas.

El gobierno también ha anunciado la prohibición del lenguaje inclusivo y de la perspectiva de género en la administración pública. Estas medidas, aunque puedan parecer menores frente a problemas como el hambre, son pasos más en la batalla cultural contra feministas y activistas de la diversidad sexual que han luchado por derechos desde la recuperación de la democracia en Argentina.

El uso del lenguaje inclusivo es recomendado por Naciones Unidas como una forma importante de promover la igualdad de género y combatir los prejuicios. No es obligatorio sino opcional, y reconoce la existencia de identidades no binarias, algo que la ultraderecha quiere eliminar pero que está incluido en la Ley de Identidad de Género y reconocido en fallos judiciales desde 2016.

Por otro lado, abolir la perspectiva de género es una ilusión, ya que implica cambiar la forma en que se percibe la desigualdad. Prohibirla no hace desaparecer la desigualdad, solo intenta ocultarla.

Las asambleas para organizar el 8M son las más nutridas en años y las que más acuerdos han logrado. La concentración en el Congreso será una muestra de fuerza contra un gobierno que no ha sabido valorar el poder de la movilización de mujeres, como la masiva del 3 de junio de 2015 o la marea verde de 2018. El próximo 8 de marzo se espera una jornada de movilización en todo el país, con consignas claras en defensa de los derechos de las mujeres y contra las políticas regresivas del gobierno de Milei.