Escándalo en la Libertad Avanza: La diputada Arrieta filtró proyectos de su bloque para liberar a represores de la dictadura
Dentro del espacio político de La Libertad Avanza, la diputada Lourdes Arrieta decidió exponer públicamente una serie de proyectos de ley y un decreto presidencial que legisladores de su propio bloque habrían estado impulsando en secreto. Estos proyectos, según las denuncias de Arrieta, estarían orientados a obtener la libertad de represores encarcelados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Argentina.
La revelación se produjo luego de que Arrieta publicara en sus redes sociales capturas de chats internos del grupo de WhatsApp de los diputados de La Libertad Avanza (LLA). En estos mensajes, se ve a los legisladores organizando una visita al Penal de Ezeiza para reunirse con exmilitares condenados por su participación en la represión ilegal de los años setenta. En sus declaraciones del domingo, la diputada detalló: "Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp, para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas".
El proyecto de ley "Plazo Razonable"
Uno de los documentos más controvertidos que Arrieta publicó es el proyecto de ley denominado "Plazo Razonable". Este proyecto propone que aquellos condenados por crímenes de lesa humanidad, como los perpetrados durante la dictadura militar de 1976, sean liberados si han pasado más de 20 años desde la comisión del delito sin una sentencia judicial firme. La iniciativa sugiere modificar el artículo 59 del Código Penal Argentino para incluir un inciso que establezca que, transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento de un delito y no se haya dictado una sentencia firme, el proceso debería extinguirse.
Los defensores del proyecto argumentan que este plazo de 20 años es superior a los tiempos procesales establecidos en la jurisprudencia tanto nacional como internacional. Alegan que superarían incluso los plazos de prescripción para delitos con penas de prisión perpetua y que serviría para ordenar los procesos judiciales prolongados, especialmente aquellos relacionados con delitos de lesa humanidad.
El decreto presidencial propuesto
Además del proyecto de ley, Arrieta también reveló un borrador de decreto presidencial que los legisladores libertarios esperaban obtener del presidente Javier Milei. Este decreto, según los documentos filtrados, se elaboró después de reuniones con el sacerdote Javier Olivera Ravasi y un grupo de abogados especializados en temas legales vinculados a la dictadura. La propuesta establece un "plazo razonable" de 25 años para la duración máxima de un proceso penal, independientemente de la gravedad del delito.
El decreto sugiere que, una vez transcurridos 25 años desde la comisión del delito, si no se ha dictado una sentencia firme, el proceso debería ser cerrado. Asimismo, el decreto aclara que este plazo también aplicaría a los crímenes de lesa humanidad, siempre que no se haya dictado una condena definitiva.
???? Ayer publiqué una parte de los chats que presenté ante la Justicia. Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de whatsapp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas.— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 26, 2024
Implicaciones legales y políticas
El decreto propuesto generó una ola de reacciones en el ámbito político y judicial. Según el documento, "el plazo máximo fijado alcanzará a los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme", y también establece que este plazo regirá desde la fecha de comisión del ilícito o desde la mayoría de edad si la víctima fue menor en el momento del crimen. Además, se estipula que el plazo se suspenderá en caso de una interrupción de la vida democrática, como ocurrió durante la dictadura militar.
El argumento central detrás de estas propuestas es que la magnitud y cantidad de los procesos de lesa humanidad han saturado los tribunales federales, que también deben encargarse de otros delitos graves como la corrupción y el narcotráfico. Los autores del proyecto creen que al establecer un plazo máximo para estos juicios, se podría "descongestionar la labor de los tribunales federales" y permitir una administración más eficiente de la justicia.
Reacciones y aclaraciones de Arrieta
Tras la difusión de estos documentos, Lourdes Arrieta se apresuró a aclarar que estas propuestas no forman parte de la agenda oficial del presidente Javier Milei. "Quiero dejar en claro que estos proyectos no tienen nada que ver con los ideales de la libertad que defiende nuestro espacio político", afirmó. Además, enfatizó que no permitirá "que se manipulen leyes a espaldas de Milei" y que está dispuesta a luchar contra cualquier intento de liberar a los represores de la dictadura mediante subterfugios legales.
Las declaraciones de Arrieta han provocado un terremoto político dentro de La Libertad Avanza, exponiendo divisiones internas y poniendo en duda la unidad del bloque. Por un lado, algunos miembros de la coalición han expresado su apoyo a la diputada, resaltando la importancia de la transparencia y la fidelidad a los principios fundacionales del movimiento. Por otro lado, hay quienes han criticado su decisión de hacer públicas estas discusiones internas, alegando que esto podría debilitar la posición del partido de cara a futuros enfrentamientos legislativos.
El futuro del debate en torno a los derechos humanos
La controversia generada por estas revelaciones pone de nuevo en el centro del debate la cuestión de los derechos humanos y la memoria histórica en Argentina. Mientras sectores conservadores y libertarios argumentan que es hora de cerrar los capítulos abiertos de la dictadura militar, muchos otros sectores, incluyendo organismos de derechos humanos, sostienen que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que los responsables deben cumplir con sus condenas completas.
El escándalo también ha generado un fuerte repudio de parte de los organismos de derechos humanos, que han calificado las propuestas como un intento de "rescribir la historia" y otorgar impunidad a quienes cometieron atrocidades durante la dictadura. Queda por ver cómo se desarrollarán estos acontecimientos y qué impacto tendrán en el panorama político argentino en el futuro próximo.
