Ya es oficial la intervención de los medios públicos
Este lunes, el Gobierno argentino oficializó la intervención por un período de un año los medios públicos del país, un anuncio previamente realizado y finalmente plasmado en el Boletín Oficial. La decisión incluye a entidades prominentes como Educ.ar, Télam, Radio y Televisión Argentina, así como Contenidos Públicos, que engloba a la TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar, todas ellas ahora bajo la supervisión directa de la Jefatura de Gabinete.
La figura designada por el Ejecutivo para liderar esta intervención es Diego Martín Chaher, un abogado originario de Mendoza con dos décadas de experiencia ocupando roles gerenciales en medios pertenecientes al grupo América. Como adjunto, se nombra a Diego Sebastián Marias, quien anteriormente fue diputado en la Legislatura porteña entre 2017 y 2019 por el bloque de Pro, tras haber desempeñado funciones en el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación junto al entonces ministro Esteban Bullrich.
Ambos funcionarios operarán bajo la dirección de Nicolás Posse, quien ostenta la facultad de prorrogar la intervención una sola vez según lo estipulado. El texto oficial establece que los interventores poseerán las mismas competencias que el Directorio y su presidente, así como las otorgadas por el decreto correspondiente.
En virtud de esta medida, Chaher y Marias se encuentran encargados de elaborar un plan integral de reformulación, readecuación y acción para las empresas intervenidas, sujeto a la aprobación del Ejecutivo. Además, se les encomienda evaluar y, de ser necesario, modificar el estatuto del personal, así como el reglamento de contrataciones de obras, bienes y servicios.
Los funcionarios también tienen la autoridad para cambiar la denominación de los organismos, revisar la gestión de compras y contrataciones, llevar a cabo una auditoría completa sobre el estado de las instalaciones y bienes, y presentar informes de rendición de cuentas. Asimismo, cuentan con la potestad de designar y destituir a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas.
Esta intervención, según el Gobierno, busca instaurar cambios significativos en la estructura y gestión de estos medios públicos, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y alinearlo con las políticas y visiones actuales del Ejecutivo.
