Anses deja de otorgar créditos
El presidente Javier Milei oficializó la decisión de poner fin a la política de otorgamiento de créditos por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), medida establecida a través del Decreto 1039/2024. Este cambio busca resguardar la rentabilidad y sostenibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), una iniciativa que apunta a preservar los recursos destinados a los jubilados y pensionados.
El decreto elimina los incisos m) y n) del artículo 74 de la Ley 24.241, los cuales permitían a la ANSES otorgar financiamiento tanto a beneficiarios previsionales como a trabajadores en actividad utilizando recursos del FGS. Según el Gobierno, las tasas de interés negativas aplicadas a estos préstamos en un contexto de inflación elevada —que alcanzó un 211,4% en 2023, según datos del INDEC— impactaron gravemente en los activos del Fondo. Este mecanismo, en palabras del Ejecutivo, desviaba al FGS de su propósito principal: garantizar la sustentabilidad del sistema previsional.
Milei justificó la medida argumentando que el sector privado está mejor posicionado para ofrecer opciones de financiamiento de forma más eficiente y competitiva. Además, el decreto estipula que los recursos del FGS deben destinarse exclusivamente a inversiones que aseguren su capital y rentabilidad a largo plazo, reforzando así su función esencial.
Desde el Gobierno también destacaron que esta decisión permitirá a la ANSES enfocarse en su rol central: administrar el sistema previsional en un contexto de crisis económica y social. La eliminación de los créditos, según explicaron, reducirá la carga administrativa de la entidad y optimizará el uso de recursos públicos.
El decreto, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial, deberá ser revisado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 26.122 sobre decretos delegados. Este paso será clave para determinar la viabilidad y aceptación de una medida que, según el oficialismo, busca garantizar un manejo más responsable del patrimonio previsional.
