La construcción en crisis: Advierten que la gestión de Milei mantiene paralizadas 3.500 obras públicas
En medio de una tormenta que amenaza con convertirse en un invierno sin precedentes para la industria de la construcción en Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) ha lanzado un llamado de alerta sobre la situación crítica que enfrenta el sector. Con un tono de urgencia, Gustavo Weiss, presidente de la entidad, ha advertido que alrededor de 3.500 obras públicas permanecen paralizadas bajo la gestión de Javier Milei, presidente de Argentina.
Este calvario para las empresas constructoras, que ya se prolonga por casi tres meses, se ha desencadenado por una combinación de factores adversos que han llevado al sector al borde del colapso. Entre las preocupaciones más apremiantes se encuentra un retraso significativo en los pagos de trabajos certificados, con un atraso que se extiende hasta seis meses. Este incumplimiento financiero ha sumido a las constructoras en una situación financiera precaria, afectando tanto a grandes empresas como a pequeños contratistas.
Además, la falta de claridad por parte del gobierno de Milei respecto a su postura y medidas concretas para abordar la crisis en el sector ha generado una incertidumbre inusual. La ausencia de señales claras sobre el futuro de las empresas del rubro ha dejado a los actores de la construcción a la deriva, sin saber cuáles serán las medidas concretas que tomará el gobierno para reactivar la actividad.
Sumando más presión a la ya compleja situación, la amenaza de las administraciones nacional y bonaerense, lideradas por Axel Kicillof, de liquidar las deudas acumuladas del año pasado mediante la emisión de bonos ha acrecentado la angustia en el sector. La incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo esta liquidación y qué impacto tendrá en las empresas constructoras ha generado una atmósfera de desconfianza y preocupación entre los actores del sector.
Quienes cuentan con una larga trayectoria en la industria de la construcción destacan que la situación actual es inédita. Ni siquiera durante la crisis económica de 2001 y principios de 2002, con todas sus complicaciones, se vivió una parálisis tan prolongada de las obras públicas. En aquel entonces, la gestión de Eduardo Duhalde tomó medidas rápidas para reordenar la economía y restablecer la actividad en un plazo relativamente breve. Sin embargo, la actual administración parece incapaz de ofrecer soluciones con la misma celeridad.
El presidente de Camarco, Gustavo Weiss, quien había mantenido un perfil bajo desde mediados de diciembre, finalmente rompió el silencio esta semana para alertar sobre la gravedad de la crisis. Weiss señaló que la paralización afecta prácticamente a todas las obras a lo largo del país, generando una deuda con las empresas del sector que asciende a los $300.000 millones, una cifra que refleja la magnitud del problema.
La falta de definiciones concretas por parte del gobierno de Milei ha dejado a las empresas constructoras en una situación de incertidumbre, sin saber qué medidas tomar para enfrentar la crisis. Hasta ahora, las únicas directrices claras provienen del ministro de Economía, Toto Caputo, quien anunció tres líneas de acción: la suspensión de adjudicaciones y cancelación de obras licitadas que no hayan comenzado, la renegociación de las obras en curso y la promoción de obras nuevas a cargo del sector privado, ya que, según el gobierno, el Estado carece de los recursos necesarios para llevarlas a cabo.
La situación se complica aún más con las tensiones internas y las designaciones pendientes en el gobierno de Milei. Las gestiones llevadas a cabo por la directiva de Camarco con el ex ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, no han arrojado resultados positivos. La confrontación entre Ferraro y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, resultó en la expulsión del primero de la administración mileísta, sin haber logrado conformar completamente su gabinete ni nombrar a los responsables de las subsecretarías y titularidades de las empresas estatales vinculadas a la construcción. Esta situación ha dejado un vacío de liderazgo que complica aún más la resolución de los problemas del sector.
En el ámbito de las designaciones, la espera se hace interminable para figuras clave en organismos cruciales para la reactivación de la construcción. Raúl Bertola, propuesto para liderar Vialidad Nacional, lleva más de un mes esperando la oficialización de su designación. Lo mismo ocurre en Corredores Viales, donde José Luis Acevedo aguarda ser nombrado al frente de la empresa que opera el acceso Riccheri y las rutas nacionales con peajes, áreas donde los trabajos de mantenimiento y mejoras están actualmente detenidos.
La crisis en la construcción también se refleja en las estadísticas alarmantes proporcionadas por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). Según estos datos, el sector cuenta con un total de 440.098 empleados registrados, de los cuales aproximadamente 250.000 se encuentran suspendidos o han sido despedidos debido a la interrupción de las obras públicas. Esta cifra representa un golpe significativo para la fuerza laboral del sector y evidencia el impacto social de la crisis en curso.
Ante este panorama desolador, Camarco ha convocado a una reunión extraordinaria de su Consejo Federal para el 1° de febrero. El objetivo es analizar la situación en profundidad y evaluar las medidas que podrían adoptar para presionar a la administración de Milei a reconfigurar su política en relación con las obras públicas. Uno de los temas que se perfila en la agenda es la posibilidad de que tanto el Gobierno Nacional como el de la Provincia de Buenos Aires opten por liquidar las deudas atrasadas mediante la emisión de bonos en pesos a largo plazo, lo que podría generar más complicaciones para el sector.
En resumen, la industria de la construcción en Argentina enfrenta una crisis sin precedentes, con obras públicas paralizadas, deudas acumuladas y una falta de liderazgo y definiciones claras por parte del gobierno de Javier Milei. La incertidumbre y la desconfianza se han apoderado de un sector que, hasta hace poco, era uno de los motores de la economía del país
