Zona Fría: El exdiputado Alejandro Rodríguez advirtió que las familias bonaerenses pueden llegar a pagar hasta $1 millón de gas

El gobierno de Javier Milei ha propuesto modificaciones significativas a la ley ómnibus, actualmente en negociación con una fracción de la "oposición dialoguista". Estas alteraciones, reveladas este lunes, presentan un panorama inquietante en lo que respecta a los subsidios a las tarifas de gas en la denominada "zona fría". Con un enfoque particular en la provincia de Buenos Aires, la cual engloba 90 municipios, incluyendo a Necochea, se ha generado incertidumbre en torno a las rebajas históricas implementadas en 2021 para aliviar los costos en distritos afectados por las bajas temperaturas invernales.

Uno de los primeros en levantar la voz ante estas modificaciones fue el exdiputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez, quien no titubeó al equiparar estas enmiendas a la derogación de la ley de la zona fría.

"En la nueva versión de la Ley Ómnibus enviada al Congreso, el gobierno nacional señala explícitamente que derogará la Ley 27.637 de ampliación de Zonas Frías para descuentos en el Gas de los hogares", compartió Rodríguez a través de sus redes sociales.

En su declaración, Rodríguez no solo puso de manifiesto la derogación planificada, sino que también destacó que a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se establecerá una "canasta básica energética". Este nuevo enfoque conlleva la aplicación de un esquema de subsidios segmentados, considerando los niveles de ingresos, lo que, según sus palabras, dejaría fuera de los actuales descuentos por la zona fría a los hogares de la clase media trabajadora.

Rodríguez fue más allá al revelar que la Secretaría de Energía de la Nación propuso la eliminación de los subsidios en el precio del gas, proyectando su implementación entre febrero y abril. Esto, según sus afirmaciones, llevaría el costo del gas de 0,7 a 4 dólares por millón de btu. Además, recordó los llamados de las distribuidoras de gas para aumentar las tarifas en porcentajes asombrosos, oscilando entre el 421% y el 700%.

En medio de este escenario, Rodríguez emitió una alerta impactante: "En este contexto, una familia de las zonas frías de la provincia de Buenos Aires que en enero pague $15,000 de gas, llegará a pagar cerca de 1 millón por el gas del tercer trimestre este mismo año". Esta preocupación encuentra eco entre algunos intendentes bonaerenses, quienes expresan su inquietud ante las posibles repercusiones para las familias de la región.

El concepto de una "canasta básica energética por zonas" surge como una pieza clave en esta reconfiguración propuesta. La exdiputada nacional y una de las autoras de la Ley de Zona Fría, Liliana Schwindt, ofreció su perspectiva sobre el tema al ser consultada por Infocielo. Explicó que el Gobierno tendría la facultad de revisar el fideicomiso, lo que implicaría reformas a la ley de la zona fría, sin necesariamente derogarla por completo.

Las declaraciones del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, durante su última exposición en Diputados, sirven como referencia para entender este cambio propuesto. "Hay una reconfiguración de los subsidios, pero éste no se elimina", aseguró Rodríguez Chirillo, destacando que, si bien se ajustan los beneficios, no se pretende eliminar por completo el apoyo a las zonas frías.

Según sus palabras, el beneficio para las zonas frías dejaría de manifestarse como un descuento directo en el precio del gas. En su lugar, se contempla otorgar una mayor cantidad de metros cúbicos de gas en la canasta básica energética para aquellas ciudades que aún estén contempladas por el descuento tarifario. Esta nueva perspectiva implica que el beneficio de la zona fría estaría "embebido" en el nuevo esquema de subsidios, integrándose con la canasta energética.

La Canasta Básica Energética, según esta propuesta, incluiría las necesidades mínimas de una familia para consumir gas y electricidad, variando según la ubicación geográfica del país. Rodríguez Chirillo explicó que esta canasta se conectaría con los ingresos totales del grupo conviviente, y no debería representar un porcentaje fijo de ese conjunto que comparte un mismo techo. En caso de superar ciertos límites, el Estado subsidiaría a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Este nuevo planteamiento implica la existencia de varias canastas diferentes, adaptadas a distintas zonas geográficas del país.