Se viene un debate crucial en el congreso por la reforma de la ley de alquileres

En el centro del escenario político argentino, el conjunto de bloques opositores se prepara para un enfrentamiento clave en el Congreso. El foco de la contienda es una sesión especial en la Cámara de Diputados destinada a discutir una profunda reforma de la Ley de Alquileres. Sin embargo, para que este debate sea posible, los opositores deben asegurar el quórum de 129 legisladores. La complejidad de esta coyuntura política, donde las negociaciones y alianzas son cruciales, ha avivado el pulso entre las fuerzas oficialistas y la oposición.

La convocatoria formal a esta sesión especial se materializó el jueves pasado, luego de una solicitud presentada conjuntamente por la coalición Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, el bloque de Provincias Unidas y La Libertad Avanza. Los líderes de estas agrupaciones opositoras han demostrado su determinación al reunirse virtualmente, vía Zoom, durante el martes y miércoles previos. Durante estos encuentros, se evaluaron las posibilidades reales de alcanzar el quórum requerido y de obtener una mayoría que respalde el rechazo al dictamen propuesto por el oficialismo, el Frente de Todos. El objetivo final de esta compleja maniobra política es consolidar la iniciativa que se pondrá a debate en el recinto.

Las diferencias sustanciales entre el oficialismo y la oposición se concentran en el enfoque que debería adoptarse en la reforma de la ley de alquileres. Mientras que el Frente de Todos propone mantener los pilares fundamentales de la ley actual, que establece un plazo de tres años para los contratos de alquiler y una actualización anual de los montos en función de un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación, la oposición presenta una diversidad de perspectivas.

Dentro de la oposición, una facción aboga directamente por la derogación de la ley vigente. Sin embargo, la mayoría de los legisladores opositores, en especial aquellos pertenecientes al bloque Juntos por el Cambio, están inclinados hacia una reforma de la ley a través de modificaciones en los plazos de los contratos, reduciéndolos a dos años, y un sistema de ajustes cada 3 o 6 meses basados en un índice acordado entre las partes. Estas posiciones divergentes han generado discusiones y tensiones en el seno de Juntos por el Cambio, con una fracción, particularmente aquellos vinculados al Pro, abogando por la derogación total de la ley.

El bloque de La Libertad Avanza, liderado por el candidato presidencial Javier Milei, se alinea con la postura de la derogación. Esta disidencia en la oposición plantea interrogantes acerca de si los tres diputados de La Libertad Avanza aportarán su presencia en la sesión para garantizar el quórum necesario.

Hasta este momento, la oposición ha logrado asegurar el compromiso de 116 de los 117 legisladores de Juntos por el Cambio, 8 del Interbloque Federal y 2 de Juntos por Río Negro, sumando un total de 126. En este esquema, el quórum necesario de 129 diputados podría completarse si los tres legisladores del bloque de La Libertad Avanza asisten a la sesión. Aun así, la incertidumbre persiste en torno a la participación de los dos legisladores misioneros pertenecientes al Frente de la Concordia, quienes en la última elección respaldaron al binomio presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa y Agustín Rossi. Además, los diputados afiliados al bloque Ser, compuesto por el gobernador electo de Santa Cruz, Claudio Vidal, y el mandatario electo de Neuquén, Rolando Figueroa, también mantienen su postura en suspenso respecto a la sesión.

Desde la perspectiva del oficialismo, encabezado por Germán Martínez, se ha decidido aguardar a que la oposición reúna el quórum necesario. Dado que esta sesión no ha sido acordada con el oficialismo, se espera que el Frente de Todos se presente en el recinto solo si se cumple el requisito del quórum. En tal caso, el oficialismo se prepara para defender su dictamen de mayoría, que busca mantener la ley actual con algunas modificaciones impositivas y otras medidas para incentivar mejoras en la oferta de viviendas.

Por su parte, las voces de la izquierda también se han hecho eco en este debate. Los cuatro diputados que conforman este sector político han anunciado que no aportarán el quórum necesario para la sesión. Han denunciado que las propuestas planteadas por otros bloques "empeorarán una situación ya crítica para inquilinos e inquilinas". En un comunicado, han señalado que los bloques mayoritarios están intentando culpar injustamente a la ley vigente por la crisis en el alquiler, cuando en realidad buscan desregular el mercado inmobiliario, exacerbando los problemas que enfrentan los inquilinos.

En medio de este complejo panorama político, la Federación de Inquilinos Agrupados ha emprendido una campaña de concienciación en las calles de Buenos Aires, distribuyendo volantes en los que defienden la continuidad de la ley aprobada en 2020. Según su punto de vista, el mercado requiere ajustes en dos aspectos clave de la ley de alquileres: la reducción del plazo de los contratos a dos años y la posibilidad de realizar aumentos solo una vez al año, sin limitaciones impuestas por un índice oficial. En palabras de la Federación de Inquilinos, estas modificaciones podrían aliviar la carga financiera que recae sobre los inquilinos.