Después de 24 años, el Ministerio de Justicia prescinde del término “Derechos Humanos”

lunes, 11 de diciembre de 2023 · 10:22

Después de 24 años, el Ministerio de Justicia ha decidido prescindir de la denominación oficial "Derechos Humanos", marcando un cambio notorio en consonancia con las premisas del recién instaurado Gobierno encabezado por Javier Milei.

La inclusión de "Derechos Humanos" en el nombre de la cartera judicial se originó durante los primeros compases de la gestión del radical Fernando De la Rúa al mando de la Casa Rosada. En el mismo día de su asunción, De la Rúa llevó a cabo una modificación en la Ley de Ministerios, alterando la denominación del área para reflejar su compromiso con los derechos fundamentales.

A pesar de las variaciones sufridas por el Ministerio en el transcurso de los años, tales como la incorporación de responsabilidades relacionadas con la seguridad y la defensa en determinados momentos, siempre mantuvo la referencia a "Derechos Humanos" en su denominación.

Este domingo, en los minutos subsiguientes a su asunción como Presidente, Milei rubricó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que alteró la Ley de Ministerios. Este cambio, además de reducir el número de carteras, supuso la eliminación del término "Derechos Humanos" del nombre del área, ahora bajo la dirección del destacado abogado Mariano Cúneo Libarona. A partir de este momento, la cartera se limita a denominarse Ministerio de Justicia.

La revelación del organigrama del área será fundamental para dilucidar el destino de la Secretaría de Derechos Humanos que hasta ahora operaba dentro de su ámbito. El ajuste en la denominación evidencia una transformación significativa en la orientación y prioridades del Ministerio, suscitando interrogantes sobre el enfoque que adoptará hacia los derechos fundamentales en el futuro inmediato. La omisión de "Derechos Humanos" en la denominación oficial sugiere un giro ideológico y plantea cuestionamientos sobre la continuidad y fortaleza de las políticas vinculadas a la promoción y protección de estos derechos en la agenda gubernamental.

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