El Gobierno frena los aumentos de tarifas de luz y gas y anuncia nuevos impuestos a los combustibles
En una medida que busca contener la inflación, el Gobierno decidió frenar nuevamente los aumentos de tarifas de luz y gas previstos para julio. Esta suba, que hubiera tenido un impacto del 2-3% en las facturas de hogares, comercios e industrias, estaba destinada a mejorar los márgenes de las empresas que prestan los servicios públicos regulados de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.
Medidas contradictorias en busca de estabilidad económica
El ministro de Economía, Luis Caputo, también anunció un incremento de impuestos a los combustibles, que tendrá un impacto del 1% en la nafta y el gasoil, efectivo a partir del lunes 1 de julio. Ambas medidas, aunque parecen contradictorias, tienen como objetivo consolidar un proceso de baja de la inflación que se habría interrumpido en junio después de cinco meses de descenso (enero-mayo), a causa de los ajustes de tarifas previos que apuntaban a reducir el gasto público en subsidios.
Las empresas afectadas por la medida de congelamiento de tarifas incluyen a grandes jugadoras del sector energético como Transener, Transba, Transpa, Edenor, Edesur, Transportadora de Gas del Sur (TGS), Transportadora de Gas del Norte (TGN), Metrogas, Naturgy, Camuzzi y Ecogas, entre otras. "Vamos a tener que reducir violentamente nuestro plan de inversiones", anticipó un ejecutivo de una de estas firmas, mostrando la preocupación del sector ante la decisión gubernamental.
Entre febrero y abril, el Gobierno había firmado acuerdos con estas compañías para que desistieran de reclamos judiciales y administrativos a cambio de aumentos tarifarios y una fórmula de indexación mensual basada en la evolución de la inflación, los salarios y el costo de la construcción. Sin embargo, la implementación de esta fórmula ya se había postergado una vez en mayo y ahora, para junio, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, recibió la orden de Caputo de cancelar este mecanismo y comenzar en julio con una nueva fórmula que incorpore la inflación futura proyectada para actualizar los ingresos de las empresas. Esta nueva fórmula también ha sido postergada.
Consecuencias y promesas
Como resultado, las empresas eléctricas enfrentarán a fines del mes próximo un atraso tarifario cercano al 50%, correspondiente a la inflación acumulada desde febrero, y las de gas un 25%. Esta pérdida de ingresos podría retrasar parte del supuesto plan de inversiones previsto por las compañías.
Para calmar al sector privado, el Gobierno prometió convocar antes de fin de año a la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), que definirá un plan de inversiones a cinco años a cambio de garantías y certezas en las tarifas. Los atrasos de este año se compensarán con mayores aumentos que pagarán los usuarios durante 60 meses, una vez que se implemente la RQT.
Impacto en los combustibles
En contraste con la decisión sobre las tarifas de luz y gas, los combustibles verán un aumento la próxima semana. Este incremento reflejará la devaluación mensual del peso frente al dólar (2%) y el alza de impuestos (1 punto más).
La actualización restante de los impuestos a los combustibles, que supera los $100 por litro de nafta y los $80 en el gasoil, se aplicará a lo largo del segundo semestre, posiblemente en cuotas a partir de agosto. Con estos impuestos, el Gobierno busca recuperar una recaudación tributaria equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en todo el año, o aproximadamente 3.000 millones de dólares, lo que representa el 10% del ajuste fiscal propuesto por el ministro Javier Milei.