Reforma energética: ¿Cómo afectará la quita de subsidios a los hogares argentinos?

En una reciente alocución televisiva, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó cambios sustanciales en el panorama energético argentino. La reforma integral de subsidios energéticos se presenta como un giro trascendental que buscará reducirlos a un tercio, un tajo representativo del 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI). Este ajuste, estimado en alrededor de u$s 2.500 millones durante el 2024, sienta las bases para la ambiciosa meta de eliminar completamente los subsidios en los próximos tres años.

Caputo, al detallar las líneas maestras de esta reforma, señaló un cambio de paradigma en la asignación de subsidios. Estos pasarán de ser dirigidos a la oferta, es decir, a la generación de energía, a enfocarse en la demanda, es decir, los propios usuarios. Aunque la declaración de emergencia energética mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial establece el inicio de una revisión tarifaria integral, aún persisten incógnitas cruciales en relación con la segmentación y los nuevos esquemas tarifarios.

Juan José Carbajales, ex subsecretario de Hidrocarburos, destaca en su análisis las interrogantes que gravitan sobre la segmentación de tarifas. La incertidumbre se cierne sobre la posible existencia de un único subsidio para la energía eléctrica en hogares vulnerables del segmento N2, así como sobre la viabilidad de aplicar tarifas plenas de energía eléctrica y gas natural para los hogares medios del segmento N3. Estas preguntas, sin respuestas definitivas, alimentan la intriga en un contexto de transformaciones energéticas.

Los detalles proporcionados por Caputo esclarecen que, para el año 2024, la disminución de subsidios representará un 0,7% del PBI, distribuido entre un 0,5% para energía y el remanente para el sector transporte. Este ajuste no solo implicará un ahorro sustancial de u$s 2.500 millones para el Estado, sino también un adicional de u$s 1.000 millones destinados al transporte. En vista de que actualmente los subsidios ascienden al 2% del producto, el ministro anticipa una corrección gradual, aproximadamente un tercio por año, hasta diciembre del 2026.

El cambio de enfoque anunciado por Caputo tiene como objetivo descentralizar los subsidios de las empresas prestadoras de servicios y otorgarlos directamente a los usuarios. Esto permitirá diferenciar los subsidios según la capacidad económica de los beneficiarios, marcando un cambio sustancial en la forma en que se distribuye el apoyo estatal en el ámbito energético.

Sin embargo, la implementación de esta reforma no está exenta de desafíos y limitaciones, según Julián Rojo, economista del IAE Mosconi e investigador del IIEP-UBA. Rojo resalta que aproximadamente el 70% de los usuarios residenciales abonan solo el 16% del costo total de la energía, mientras que el restante 84% es aportado mensualmente por el Estado. Esta situación plantea tres limitantes clave para la quita de subsidios.

En primer lugar, Rojo señala la fragilidad de la situación socioeconómica, evidenciada por más del 45% de los hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. La eliminación de subsidios a este segmento y a aquellos que están al borde de la vulnerabilidad se presenta como un desafío monumental en este contexto.

El segundo limitante identificado por Rojo es de índole macroeconómica, relacionado con el impacto en los precios. La historia económica argentina sugiere que la devaluación simultánea al aumento de tarifas puede ser perjudicial, especialmente si los salarios quedan anclados, potenciando así el impacto en la tasa de inflación. Rojo aboga por un mecanismo de coordinación entre energía y economía en el marco de un plan de estabilización para evitar desequilibrios perjudiciales.

El tercer limitante, según Rojo, es de naturaleza normativa. La debilidad institucional en el sector energético y la jurisprudencia existente sobre aumentos tarifarios complica la toma de decisiones. Resolver el atraso tarifario para usuarios de ingresos medios e ingresos bajos (N3 y N2) se convierte en un desafío adicional, ya que al mes de febrero de 2024, deberían afrontar incrementos significativos para eliminar los subsidios.

En este complejo escenario, la atención se centra en la clase media, específicamente en los usuarios del segmento N3, que aún continúan recibiendo subsidios y pagan solo el 18% del costo de generación. Julián Rojo destaca la particularidad de los usuarios de ingresos medios, quienes comparten tanto niveles de ingresos bajos como niveles de ingresos elevados. En este proceso de transición hacia un criterio regulatorio más racional de subsidios focalizados, se subraya la importancia de considerar no solo el patrimonio de los hogares, sino también sus ingresos, lo que implica un tratamiento más riguroso para abordar el atraso tarifario de estos usuarios.

A medida que se perfilan las reformas en el panorama energético argentino, la incertidumbre persiste en torno a la implementación concreta de la quita de subsidios y la configuración final de la segmentación tarifaria. Con desafíos económicos, sociales y normativos por superar, la reforma energética se erige como un proceso complejo que requerirá un equilibrio cuidadoso entre las necesidades del Estado y la capacidad de los ciudadanos para afrontar los cambios en las tarifas de luz y gas. La atención sigue puesta en el desarrollo futuro de estas políticas y su impacto en el bolsillo de los argentinos.