Jubilaciones: Milei quiere eliminar la ley de movilidad
Dentro de las medidas contempladas en el plan del Ministerio de Economía para alcanzar el equilibrio fiscal, el Gobierno argentino ha lanzado una propuesta destinada a modificar la actual fórmula de movilidad que ajusta las jubilaciones y otras prestaciones sociales cada tres meses. La intención es sustituirla, temporalmente, por una serie de aumentos dictados por decreto hasta que se consolide un esquema definitivo.
En su camino hacia el Congreso, la propuesta del Ministerio de Economía enfrentará la rigidez de una fórmula de movilidad respaldada por ley. El Gobierno sostiene que el mecanismo de actualización actual no logra garantizar la estabilidad de las cuentas públicas y, además, no ha protegido el poder adquisitivo de los haberes, por lo que considera necesario reemplazarlo con aumentos arbitrarios, determinados por el Poder Ejecutivo según su propio criterio, en lugar de seguir una fórmula predeterminada por ley.
La Ley de Movilidad Previsional, encargada de regular los ajustes en los haberes, establece un porcentaje de incremento trimestral basado en la variación de un índice compuesto por el 50% del aumento trimestral de la recaudación de la ANSES por beneficiario y el 50% de la variación de los salarios. En este último aspecto, se toma el valor más alto entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del INDEC.
Hasta el momento, esta fórmula ha sido aplicada para ajustar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios sociales gestionados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Desde su implementación en 2021, tras la modificación impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández en comparación con lo establecido en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri, la fórmula ha demostrado su ineficacia ante la persistente inflación.
Tanto el componente inflacionario como el basado en salarios han fallado en preservar el poder adquisitivo de los haberes previsionales frente al crecimiento constante de los precios. Además, el sistema de indexación ajusta con rezago, utilizando la inflación del trimestre previo como referencia. Todo indica que, de mantenerse la fórmula actual, las jubilaciones y otros haberes previsionales seguirán rezagándose, especialmente considerando que la inflación proyectada para octubre-diciembre será menor a la esperada para enero a marzo del próximo año, durante la presidencia de Javier Milei.
Por otro lado, el gasto previsional se erige como una pieza clave en el rompecabezas de las cuentas públicas. Un informe de la Fundación Capital destaca que las jubilaciones y pensiones ya se encuentran en niveles muy bajos, experimentando una reducción de 1 punto del PBI durante la gestión de Alberto Fernández, mientras su poder adquisitivo ha sufrido una caída real del 13,4% interanual en los haberes medios en 2023 (-30,3% vs. 2017).
En un intento por compensar la pérdida de poder adquisitivo debido a la fórmula de movilidad, los jubilados que reciben el haber mínimo han venido percibiendo bonos de manera continua desde septiembre de 2022. Estos bonos representaron un 0,7% del PBI en 2023, constituyendo el 7,6% del total. Respecto a otras prestaciones sociales, si bien se establecieron en un nivel superior después de la pandemia, pasando del 2,6% del PBI entre 2016 y 2019 al 3,7% en 2021 y 2022, cualquier modificación en estas partidas deberá analizarse a fondo debido al impacto social que pueda tener, especialmente en un contexto de recrudecimiento de la estanflación, al menos en la primera mitad de 2024, según señaló la Fundación Capital.
