Diputados aprobó el proyecto para que las escuelas se mantengan abiertas cuando hay paro

En una sesión que se extendió hasta la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados dio luz verde a un proyecto de ley que podría cambiar drásticamente la dinámica de los paros en el ámbito educativo. La iniciativa, que busca declarar a la educación como un “servicio estratégico esencial”, fue aprobada con 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones. Este avance legislativo implica que, en caso de huelga, las escuelas deberán permanecer abiertas con una guardia mínima. Ahora, la propuesta deberá ser analizada y votada en el Senado para convertirse en ley.

El proyecto fue promovido por Alejandro Finocchiaro, presidente de la Comisión de Educación y exministro de Educación durante la gestión de Cambiemos. Sin embargo, también contó con aportes de otros sectores políticos, incluyendo a la diputada radical Carla Carrizo y representantes de la Coalición Cívica e Innovación Federal. A pesar de la diversidad de apoyos, la propuesta ha generado un fuerte debate y ha sido rechazada por sectores del oficialismo y la izquierda, quienes argumentan que la medida busca limitar el derecho a huelga de los trabajadores de la educación.

Detalles del Proyecto

El texto de la iniciativa establece que la educación debe ser considerada un “servicio estratégico esencial”, equiparándola con sectores como la salud. Esta categorización obligaría a las instituciones educativas a mantener un mínimo de personal operativo durante las huelgas, asegurando así la continuidad del servicio educativo.

El proyecto propone un esquema escalonado para la presencia de personal en los establecimientos durante los paros. En los primeros dos días de huelga, se requerirá que el 30% del personal, tanto docente como no docente, esté presente en las escuelas. Si la medida de fuerza se extiende a un tercer día, ya sea de manera continua o discontinua, el porcentaje de personal requerido se elevará al 50%. Esta normativa aplicará a todos los niveles educativos y su incumplimiento podría ser considerado como una ausencia injustificada.

Alejandro Finocchiaro, al presentar el proyecto, enfatizó la necesidad de equilibrar el derecho de los trabajadores a realizar huelgas con el derecho de los estudiantes a recibir educación. “Con este proyecto vamos a regular el derecho de huelga en la educación obligatoria, que es materia federal. Acá hay una colisión entre dos derechos: el de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse. Tenemos que buscar un equilibrio. Ningún derecho de la Constitución es absoluto”, expresó Finocchiaro.

Reacciones y Controversias

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde sectores opositores, especialmente de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, el proyecto fue criticado por considerarlo un intento de restringir los derechos laborales. Los gremios docentes, por su parte, ya han manifestado su rechazo rotundo a la iniciativa y adelantaron que tomarán medidas para frenar su avance en el Senado. Argumentan que la propuesta vulnera derechos fundamentales y puede sentar un peligroso precedente para otros sectores.

El proyecto también establece que, a principios de cada año, los directivos de las escuelas deberán informar a las autoridades la nómina del personal que estará destinado a cumplir con la guardia mínima en caso de huelga. Esta planificación anticipada tiene como objetivo evitar la interrupción total del servicio educativo durante las medidas de fuerza.

El Rol del Senado

Con la aprobación en Diputados, el proyecto ahora pasa al Senado, donde se espera un intenso debate. La Cámara Alta tendrá la responsabilidad de decidir si esta iniciativa se convierte finalmente en ley, lo que podría establecer un nuevo marco legal para las huelgas en el ámbito educativo.

El desenlace de esta cuestión será crucial, no solo para los actores del sistema educativo, sino también para el desarrollo de futuras políticas laborales en Argentina. El debate sobre la esencialidad de la educación en tiempos de huelga pone en juego principios fundamentales de derechos laborales y educativos, y su resolución podría tener un impacto significativo en el panorama político y social del país.