Fiscal federal busca revocar uso de celulares en las cárceles

Enfocándose en catorce individuos detenidos por causas federales que actualmente se encuentran recluidos en las instalaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense, el Fiscal Federal Juan Manuel Pettigiani ha interpuesto una acción de amparo con el objetivo de revocar la autorización para el uso de teléfonos celulares, otorgada desde finales de marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID.

En su presentación contra el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, solicitando que se exhorte a la Subsecretaría de Política Criminal, Pettigiani argumenta que el protocolo que permitía el uso de celulares debe ser anulado, ya que la emergencia sanitaria concluyó el 31 de diciembre de 2023.

La acción legal fue presentada específicamente en nombre de los reclusos federales alojados en instalaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense. En el documento, se hace referencia a los catorce detenidos por causas federales que cumplen sus penas en dichas instalaciones.

La acción de amparo busca invalidar el permiso de uso de celulares que se concedió a los internos desde el cierre de marzo de 2020, justificado por la situación de emergencia causada por la pandemia de COVID-19. En el marco de la acción legal presentada contra el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se insta a la Subsecretaría de Política Criminal a que revoque el protocolo que permitió el uso de celulares, argumentando que la emergencia sanitaria llegó a su fin el 31 de diciembre de 2023.

La medida propuesta abarca a los reclusos ubicados en las Unidades Penales N° 44, N° 15 y N° 50 de Batán, así como en la N° 6 de Dolores. La justificación detrás de esta solicitud va más allá de la necesidad de retrotraer las condiciones a la fecha anterior a la implementación del protocolo; Pettigiani sostiene que "el uso de celulares terminó convirtiéndose en un instrumento para la comisión de nuevos delitos".

A modo de ejemplo, se destaca la situación de Claudia Camacho Solís, quien se encuentra recluida en la UP N° 50 y enfrenta una nueva causa por posibles amenazas y otros delitos relacionados con la ley de estupefacientes.

Pettigiani argumenta que la acción de amparo es la única vía judicial adecuada para lograr, mediante una resolución judicial correspondiente, la cesación de los efectos del acto dictado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.